La cuestionable contratación de cobertura educativa en Cali

15 de agosto de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

Hay actos de presumible corrupción que pasan por acciones lícitas, simplemente porque las autoridades encargadas de fiscalizar las cuentas y controlar las acciones de las diferentes administraciones omiten sus funciones, o se hacen de la vista gorda frente a lo que resulta evidente. El manejo venal de la matrícula de cobertura contratada con particulares en Santiago de Cali, es uno de ellos.

Desde 2010, a la ciudad, al Ministerio de Educación y al país se le ha hecho creer que Cali necesita contratar con particulares una abultada cantidad de cupos escolares puesto que, se afirma en el engañoso estudio de suficiencia y limitaciones que se renueva cada año, no cuenta aulas y cupos que alcancen para cubrir la demanda educativa. Por ello, buena parte de la matrícula pública no resulta asignada a las instituciones oficiales, sino que se registra en más de un centenar de los llamados colegios de cobertura.

cifras de cobertura

Como se observa en el cuadro, pese al registro decreciente de la matrícula oficial en los colegios adscritos a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, la administración municipal ha continuado la práctica de asignar la cobertura educativa a negocios particulares situados en determinados sectores de la ciudad, bajo el argumento de que su oferta de cupos es inferior a la demanda en comunas disimuladamente denominadas deficitarias.

Esta estratagema oculta el hecho de que la matrícula escolar de un determinado ente territorial no se oferta para que los estudiantes puedan acceder a este servicio exclusivamente en un barrio, comuna o zona, pudiendo desarrollar diferentes alternativas que resuelvan administrativamente la asignación de un cupo en una institución educativa pública y con carácter oficial en cualquier sector de la ciudad. Tales alternativas podrían implicar la adquisición de bicicletas, la concesión de tiqueteras escolares en el transporte, la entrega de tarjetas para uso del Sistema Masivo MIO, y el desplazamiento en transporte escolar contratado, entre otras estrategias de movilidad que garanticen el acceso y permanencia en el sistema escolar público, evitando el despilfarro de dinero al no copar los cupos ya existentes en las sedes oficiales.

Contrario al sentido común, durante al menos los últimos 14 años en que, por ley, resulta posible contratar la asignación de cupos escolares con particulares, en Cali se ha privilegiado por esa opción, en lugar de reorientar las inversiones públicas para construir nuevas sedes educativas, adquirir las sedes de los particulares que prestan ese servicio en donde la demanda de cupos es mayor, o las de colegios privados que han cerrado sus puertas definitivamente.

Las instituciones educativas públicas reportan un número mayor de cupos disponibles en sus aulas, evidenciando que la matricula oficial ha decrecido en unas más que en otras, como registra la misma Secretaría de Educación en el obligatorio Estudio de Insuficiencia y Limitaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se asume con seriedad la reorganización de la matrícula para asignarla ordenadamente, atendiendo a la suficiencia y disponibilidad en donde hay aulas, hay docentes y hay condiciones efectivas para absorber, por lo menos, 25.000 de los estudiantes que hoy son remitidos a la cobertura contratada.

matrícula contratada

¿Por qué sucede? Ya hemos manifestado en dos columnas anteriores de DIASPORA.com.co, replicadas en diferentes medios, lo que pasa [1 y 2]. Para resumirlo, basta con decir que es un jugoso negocio, que está distorsionando seriamente la matrícula escolar, afectando la estabilidad de los docentes en las instituciones educativas y constriñendo los ingresos de gratuidad que la nación gira directamente a cada institución educativa, por la creciente pérdida de estudiantes, sin que le sean reasignados en cifra correspondiente por parte del ente territorial responsable de la matrícula pública reportada al Ministerio de Educación, y de la contratación que se supone debería estar vigilada hasta su extinción.

Como se observa, el negocio es altamente rentable, pues, pese a que para 2016 disminuyó sustancialmente el número de cupos contratados, la administración pagó a los particulares una nutrida cifra que no decreció en igual proporción. De hecho, ha venido creciendo sustancialmente, incluso en los años afectados por la pandemia.

Distorsionando lo reglamentado, se sigue contratando por fuera de todo límite sensato. Ello, aunque la normatividad impone el criterio de insuficiencia o de limitación, y que incluso el mismo estudio mencionado establezca como criterio que “solo se podrá hacer uso de la estrategia de contratación con el fin de garantizar la continuidad en el sistema educativo a aquellos estudiantes que vienen siendo beneficiados de la estrategia en el año lectivo anterior”. También es cuestionable esta pauta, pues lo que debería ocurrir es que no puedan ser incorporados a dicha estrategia aquellos estudiantes que contaban con cupo en el sector público y, más aún, que no se debería hacer uso de la misma cuando persista la disponibilidad de cupos en las instituciones educativas oficiales, como está ocurriendo.

Hay un efecto devastador de la cobertura contratada que incide en buena parte de las instituciones educativas, incidente en la salud de los Fondos de Servicios Educativos: Los recursos destinados por la nación a las instituciones educativas de Cali, correspondientes a gratuidad educativa, habían venido disminuyendo sustancialmente en una década. Hoy, pese a que la exministra Aurora Vergara logró elevarlos en un 12%, diferentes colegios públicos tienen un Fondo de Servicios Educativos altamente deficitario, dado que han perdido centenares de estudiantes por el decrecimiento de su matrícula; contra la cual sigue jugando la contratación a particulares. La evidencia más palmaria es la eliminación de las segundas jornadas en buena parte de los colegios de la ciudad, y la alta disponibilidad de cupos reportados en la matriz de relaciones técnicas.

Como se aprecia, contra las normas, Cali ha convertido una facultad excepcional en una política cotidiana. Aunque la actual secretaria de educación ha comentado en diferentes espacios que habrá una notoria reducción de esa modalidad, el anuncio de retirar en este cuatrienio tan solo 8 de esos contratos no parece alentador; menos aun cuando el funcionario responsable de ejecutarlos afirma que “podríamos no hacer nada y dejar las cosas como están”. Resulta perturbador, controversial y objetable la perpetuación de la cobertura educativa contratada con particulares, pese a la persistente reactividad de las y los rectores contra ese procedimiento, que debería ser objeto de indagación y cuestionamiento por el Ministerio de Educación, al que se han dirigido derechos de petición y comunicaciones al Viceministerio de Básica y Media. También debería interesar este cuestionable procedimiento a los entes de control, considerando el despilfarro y alto costo que representa esta duplicidad en la prestación del servicio educativo.

——

* Las cifras mencionadas se encuentran soportadas en los Estudios de Insuficiencia y Limitaciones, el Sistema de Matrícula en Línea, los anexos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y el Formato Único de Contratación, todas ellas oficiales. Agradezco al líder sindical Juan Carlos Rengifo que ha hecho un muy útil y sistemático trabajo de compilación.