Diez razones para extinguir la cobertura contratada en Cali

1 de febrero de 2024

Arleison Arcos Rivas

Aunque un ente territorial certificado debería estar dedicado a fortalecer las condiciones de calidad educativa en sus instituciones más allá de sus resultados en las pruebas de Estado, el principal problema que padece la educación pública en Cali pasa por la perpetuidad de la cobertura contratada. Sobre este asunto nos hemos referido ya en la columna “¿Qué pasa con la cobertura educativa contratada en Cali?”.

En esta columna, revisaremos un extenso decálogo de razones por las que esta estrategia para cubrir la oferta escolar de cupos escolares debería extinguirse con prontitud.

1. La ley es taxativa: limitación e insuficiencia

Desde el año 2010 y de manera continuada, se ha sostenido la cobertura contratada, evidenciando con ello irregularidades administrativas que han garantizado la salud de un negociazo que supera el medio billón de pesos en un cuatrienio. Aunque la ley 1294 de 2009 expresamente autoriza contratar el servicio educativo con entidades particulares, sin ánimo de lucro o incluso estatales de reconocida idoneidad, enfatiza que esta estrategia procede “solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial”.

Esas dos palabras resultan claves, pues el decreto reglamentario 1851 de 2015 constriñe la necesidad de esa medida indicando que “se debe establecer de forma clara y precisa los eventos en los cuales se presenta insuficiencia y limitaciones en las instituciones educativas estatales, que generen la necesidad de la contratación del servicio”

La evidente vulneración de los principios de eficiencia, reducción progresiva, oportunidad y planeación resulta, por lo menos, grosera, al adjudicar de manera reiterada una cifra de contratación muy similar año tras año, sin tener en cuenta la enorme disponibilidad de cupos existentes en los colegios oficiales, que ofrecen este servicio sin mayores limitaciones sobrevinientes o previsibles. 

2. Desajuste administrativo

Dado que la ley y el decreto exigen identificar la insuficiencia en la infraestructura física, así como la que ocurra por falta de docentes en el ente territorial, se afecta la matrícula oficial cuando no se atienden los reportes anuales registrados en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT, indicando el número de estudiantes matriculados y, por lo mismo, los cupos que no resultó posible asignar en las instituciones educativas, reflejando la inconveniencia de seguir contratando a terceros.

Aunque en su momento, incluso el Ministerio de Educación denunció “estudiantes fantasmas” en las instituciones educativas, hoy el equipo de rectores de la ciudad observa una extraña disminución en la demanda de cupos estudiantes en Cali, identificando sedes que han pasado de tener dos jornadas a una sola, o presentan salones vacíos con mayor frecuencia.

Entre 2020 y 2023, resulta evidente la “tendencia negativa en el total de la matrícula”, especialmente en el sector oficial en el que se pasa de 161.677 a 148.378 matriculados, según las cifras del estudio de insuficiencia de la Secretaría de Educación Distrital [EIL].

Por lo mismo, si el problema de disponibilidad de cupos existiera, de acuerdo con la insuficiencia identificada, el ente territorial debería haber tomado las medidas administrativas necesarias para corregirlo, de acuerdo con su propia proyección de corto, mediano y largo plazo, como está reglamentado.

Por lo contrario, pese a la fuerte disminución de la población matriculada en colegios oficiales que cuentan con un número significativo de aulas vacías, se perpetúa la movilidad de docentes, mientras las estadísticas de cobertura contratada continúan sin mayores transformaciones, y sin que se realicen fuertes operaciones de reubicación de estudiantes.

3. Desabastecimiento programado

De manera sistemática se ha venido afectando la matricula oficial en Santiago de Cali. El año anterior, de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de educación registradas en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT administrado por el Ministerio de Educación, el número total de estudiante en instituciones educativas oficiales estuvo cerca de 7000 menos que en 2022 [EIL pág. 44].

Al mismo tiempo, las instituciones educativas reconocieron una disponibilidad total de cupos no matriculados mayor a la de los dos últimos años, sin que por ello se disminuyera la cifra de contratación con particulares, que continuó incólume, alrededor de los 58.000 estudiantes. [EIL p. 45]

4. El sofisma de las comunas deficitarias

El ente territorial Santiago de Cali ha sostenido un semáforo geográfico que, aunque no resulta mentiroso, es amañado.

Para contratar con particulares, identifica territorios con déficit en la disponibilidad de cupos escolares, mientras denomina como intermedias y no deficitarias aquellas comunas en las que existen cupos o hay una sobreoferta de los mismos. Ese criterio de asignación es elusivo, pues la distribución de las y los estudiantes debería extenderse sobre el mapa de la ciudad para abastecer de manera proporcionada la relación entre la oferta y la demanda propia de la matrícula en el distrito. De lo contrario, se agrega un factor de distorsión de la actuación administrativa que favorece y perpetúa el negocio de contratar según la matrícula en cada comuna, contrariando así la norma.

En la ciudad se escuchan denuncias de que prestadores del servicio de educación contratado mueven estudiantes entre comunas; lo que no sólo contradice la idea de insuficiencia, sino que reafirma la poquedad de la cifra de 21.810 estudiantes transportados con los recursos destinados por la SED, que apenas si se movió con relación al año 2022 [EIL p.52].

5. Año tras año: la trampa de la continuidad

El ente territorial no ha tomado las decisiones que permitan dejar de contratar. Mientras que lo pertinente sería garantizar a cada niño y niña un cupo en el sistema educativo oficial, Cali sostiene la continuidad contractual a las instituciones oferentes. Así, bajo el argumento de la continuidad del cupo asignado en un colegio no oficial, cada año se renuevan los contratos de aquellos prestadores que, de acuerdo con la validación de criterios que exceden lo contenido en el decreto 1851 de 2015, ven asegurados de modo continuo sus ingresos, gracias a la perpetuación de un procedimiento que reglamentariamente debería ser excepcional, devolviendo a los estudiantes a las instituciones oficiales cuando demuestran que pueden absorver tal matrícula.

6. El costo de ese servicio

El número de cupos que se contratan año tras año con particulares no sólo es desmedido, sino que está fuera de toda proporción: mientras las instituciones educativas oficiales cuentan en total con 149.000 estudiantes en 2023, registrando al menos 25.000 cupos disponibles en sus diferentes sedes, el municipio de Santiago de Cali sigue contratando 58.000 cupos con particulares, a contracorriente de los principios rectores de la administración pública.

Además, aunque la ley establece que “el valor de la prestación del servicio financiado con recursos del sistema general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley”, desde 2015 la administración incrementó los costos reconocidos a las instituciones de cobertura contratada “hasta el límite legal permitido”.

Hoy, reconoce 2.610.187 por niño atendido en Preescolar [curiosamente], 2.108.380 en Primaria, 2.418.816 en Secundaria y 2.626.916 en la Media; consolidando cifras bastante generosas comparadas, con salvamentos y proporciones necesarias, con indicadores semejantes correspondientes a la canasta educativa oficial y a los aportes de gratuidad girados a los Fondos de Servicios Educativos. Valdría la pena que los órganos de control validaran la información contenida en dichos contratos, a efectos de cuidar los recursos del erario y evitar duplicidad y despilfarro en la prestación del servicio.

7. El número que aparentemente bajo

En su momento, la ministra Gina Parody declaró respecto de la contratación de cobertura: “Por eso le digo que lo denunciamos a la Fiscalía, porque tenemos casos en los que no nos cuadran las cuentas”. Tal afirmación es indicativa de que la medida tomada al inicio de la administración Armitage obedecía no solo a la mala calidad detectada de acuerdo con el percentil, que obligó a desmontar casi a la mitad lo asignado a particulares. Sorprendentemente, ni en ese momento ni ahora, en las instituciones educativas oficiales no se ha generado una subida significativa de cupos provenientes de la contratada.

8. Mitigación de la cobertura contratada hasta extinguirla

La demanda de cupos en los colegios públicos no ha disminuido. Es evidente. De hecho, hay un significativo número de sedes educativas totalmente copadas y sin posibilidad de absorber nuevos estudiantes. Contradictoriamente, varias instituciones siguen perdiendo matricula cada año, por factores que han sido informadas a la SED por parte del equipo de drectivos docentes, y que este ente no ha estudiado con meticulosidad y diligencia.

Como se aprecia en el estudio de insuficiencia y limitaciones, las instituciones educativas oficiales registran eficientemente el número de cupos disponibles en sus aulas, desde 2015, proyectando su capacidad instalada o suficiencia. Para 2023, el conjunto de las 94 existentes en la ciudad registraron una disponibilidad de al menos 174.170 cupos. Si el SIMAT indica que lograron matricular a 149.174 solicitantes, en la práctica podrían absorber por lo menos a 25.000 estudiantes provenientes de lo que hoy se contrata con particulares.

Tal movimiento no está ocurriendo; como tampoco se evidencia que el distrito haya implementado políticas de construcción, ampliación y mejoramiento de la suficiencia en cupos escolares que permitan ir extinguiendo la cobertura contratada. Como hemos insistido, no ha variado la contratación, ni se han construido nuevas sedes educativas, e incluso varias de las convenidas con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE solo han significado reposición de las ya existentes.

En su lugar, como mencionamos, se sostiene la argucia de que existen comunas deficitarias, intermedias y no deficitarias como excusa para no generar un proceso de proyección de las inversiones necesarias para solventar la alta congestión de cupos en determinadas comunas, o garantizar la movilidad educativa entre estas.

9. Movilidad humana

Cali cuenta con 380.000 personas en edad escolar; por lo que transportar estudiantes entre comunas debería ser una práctica habitual para satisfacer ese derecho. El reclamo de mayores recursos para garantizar el transporte de las y los estudiantes que así lo requieran, privilegiando incluso el sistema de tiquete escolar en el sistema masivo, debería generar mayores garantías en el aseguramiento de cupos escolares en las instituciones educativas públicas.

Curiosamente, en el mencionado estudio de insuficiencia se indica que “debido a las dificultades administrativas y presupuestales que se han evidenciado en la estrategia de transporte escolar urbano, no se contempla una reubicación de estudiantes entre comunas adicional al actualmente existente”, perpetuando así las invariantes del negocio de la contratación, sin que concurra con nuevas inversiones relacionadas con la proyección de nuevos cupos, de donde saldrían los recursos para garantizar mayores asignaciones de transporte escolar.

Tal como está contenido en la ley 2033 de 2020, “La nación y los entes territoriales podrán diseñar mecanismos financieros, incluyendo transferencias condicionadas, con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte escolar”, por lo que resulta cuestionable que hasta el momento el ente territorial no haya acudido a otras fuentes de financiación para establecer de manera adecuada una tasa de transporte coherente que garantice la ocupación de las sedes educativas públicas de acuerdo a su disponibilidad y suficiencia.

De igual modo, las rutas habitacionales en la ciudad han cambiado, tal como han mutado las tendencias familiares. Por ello sorprende que la SED no cuente con un estudio de movilidad humana que permita identificar necesidades de escolarización en la ciudad, asociadas al crecimiento poblacional, a las dinámicas migratorias internas, al uso del suelo y su impacto habitacional, a las transformaciones socioeconómicas de las comunas, y al ingreso de las familias con población en edad escolar. Ese estudio técnico es vital para orientar las nuevas inversiones en infraestructura educativa de manera prospectiva.

10. ¿Es de mayor la calidad educativa en la cobertura contratada?

Aunque no existe un estudio comparativo que evidencie si son o no mejores los colegios de cobertura contratada frente a las instituciones educativas oficiales; si acudimos a los resultados en pruebas SABER, no lo parece. De todos modos, se requiere un análisis significativo de los impactos e incidencias de la contratación con particulares que contribuya a aminorar hasta extinguir esta distorsión e insania de la matrícula estatal.

Finalmente, lo que queda sobre la mesa es que, antes que fortalecer a las instituciones educativas públicas para que sean garantes del derecho a la educación, el conjunto de prestaciones educativas que la Secretaría de Educación asegura, mueve lo que, en su momento, el breve secretario de Educación Rubén Darío Cárdenas, denominó “unidades de negocios” que, en sus palabras, «distribuyen los recursos a favor de los que entregan los contratos y de los operadores». Un panorama inquietante que, empezando en la cobertura contratada, se extiende a la fragmentación del transporte escolar, a la selección de operadores del PAE, a la distribución de la ciudad entre empresas de vigilancia, y a la selección de cuestionadas empresas de aseo, con las que se pagan favores a la coalición de concejales favorable a la administración y a los contratistas privados que siguen siendo grandes aportantes en las campañas electorales.