Los honorables

Por: Arleison Arcos Rivas

Las personas con alta influencia y concentración de beneficios en Colombia suelen declararse perseguidos cada vez que se ventilan serios cuestionamientos a sus acciones o negocios denunciados por algunos medios de comunicación o, como se ha vuelto habitual, mediante las investigaciones de periodistas independientes.

Como si el dinero y la posición social fuesen sinónimos de inmunidad, calman la voracidad con la que la opinión pública consume la información con el silencio complaciente de las autoridades públicas. Unos y otros, confiados en que la noticia que sobrevenga será una bomba de tal tamaño que por sí misma provoca el rápido olvido de la turba, en una sociedad intencionalmente nutrida con multiplicidad de distracciones sucedáneas que hacen perder de vista los límites entre la moralidad y la ilegalidad.

La enfermedad del olvido, cuyo padecimiento se nos volvió crónico, impide al colectivo acumular suficiente información para armarse un juicio maduro respecto de lo que pasa y quienes son los que han generado, fomentan y perpetúan la desazón tras sus comentarios diarios.  El nuestro es un pueblo al que ni siquiera se esfuerzan en engatusar, pues con voluntarismo inverosímil se presta, se dona y se regala para creer y difundir la versión antojadiza que le lancen. Basta un rápido vistazo a las redes sociales para darse cuenta cómo se sostienen supuestas polarizaciones que equiparan las perversiones que disculpan a unos mientras los otros resultan beatificados, incluso si son cuestionados por crímenes que escandalizarían al más violento de los fascistas.

Tras cada escándalo, se descubren nuevas e inusitadas relaciones delincuenciales y criminales entre sicarios, narcotraficantes, gobernantes nacionales, departamentales y municipales, políticos de todas las denominaciones, diplomáticos, casas electorales, altos y medios mandos militares y policiales, magistrados y funcionarios públicos; sumados a banqueros, comerciantes y agentes gremiales.

Mientras tanto, los problemas se acumulan y, con ellos, aparecen nuevos e inusitados carteles y corporaciones y alianzas mixtas entre lo público lo privado especializadas en contratación indebida, robos continuados, peculados, sobornos y actuaciones ilegales de todo tipo. En total, un conjunto de evidencias que demuestran que este país está tan jodido que ni el diablo lo reclama.

En lugar de hacerse a un lado para confrontar las pruebas, rebatir los hechos o declarar la veracidad de los mismos, se apuntalan en sus cargos o en la preeminencia de sus posiciones, bajo la prerrogativa de la honorabilidad declarada incluso frente a las evidencias en contrario. En buena medida, los acusados cuentan a su favor con un ordenamiento jurídico incoherente gracias a la sostenida debilidad legislativa que suaviza lo contenido en una ley con recurso a otra más ventajosa, a la truculenta interpretación de las leyes, a la flexibilidad penal y a la perpetuación de procedimientos jurídicos que permiten la terminación de procesos por tecnicismos, calculados vencimientos de términos y tácticas de defensa que permiten evadir legalmente la cárcel, conmutar la pena e incluso anularla y evitar las sanciones pecuniarias en contrario.

Si quisiéramos reordenar la casa, urge contar con trámites y regulaciones sino inflexibles por lo menos sí ajustadas a principios y valores sociales que impriman dignidad a la política, restituyan la institucionalidad de los procedimientos jurídicos y contribuyan a que la maquinaria estatal cierre definitivamente las ventajosas y muy porosas fronteras entre lo público y lo privado. Tal vez por esa vía nuestra nación logre tener una segunda oportunidad sobre la tierra…