15 de febrero de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

El 16 de febrero reinician las sesiones de una cámara y un senado que están llamados a medirse con la estatura de la historia. Como nunca, en sus manos está un conjunto de reformas que, de pasar, pondrían un nuevo ritmo a la ejecutoria gubernamental y a la prestación de servicios para garantizar derechos y maximizar el bienestar.

Salud, pensiones, educación, trabajo, tierras y víctimas, serán asunto de fuerte agitación popular, buscando que pasen seis iniciativas decisivas para reorientar la acción estatal, en el cierre de una legislatura controversial, en la que ya hemos visto palos persistentemente atravesados en defensa de grandes negociados, so pretexto de que las que avanzan son reformas “inconvenientes para el país”; pese a que les resulte indecoroso declarar a qué interés responde su postura.

La pelea no estará fácil. Desde ya se cuenta con una decidida oposición proveniente de la derecha representada en el Centro Democrático y Cambio Radical, que cuentan como aliados a las facciones del centro más cercanas al empresariado y a las corporaciones que los han patrocinado y promovido por décadas.

Sin embargo, las fuerzas y movimientos alternativos ya han podido encontrar cómo convertirse en mayoría en las células legislativas, contando con el robusto paquete económico que controlan los ministerios y entes descentralizados.

Por cierto, debo decir que no está mal que el gobierno use el presupuesto para asegurar el paso de las reformas, asignándolo a proyectos en zonas y proyectos cuyo avance afecta la concreción del Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que resultan de interés de la población y los representantes que le apoyan. Lo grave sería que hicieran eso como un pago indecoroso por aprobar leyes en contra del querer popular, como ocurría con las dietas o auxilios parlamentarias que privatizaban el recurso público.

El uso de los cupos indicativos, incluso en zonas preferentes por opositores gubernamentales, alimenta la concurrencia de la nación en proyectos locales y regionales que, ante la precariedad del recurso en más del 60% de los municipios y departamentos con bajo recaudo, requieren necesariamente tal impulso.

Por eso, tal estrategia de incidencia, ahora mal llamada “mermelada”, se encuentra debidamente reglamentada y resulta viable como estrategia funcional de apoyo en procesos decisionales, en tanto se corresponde con el mandato popular recibido por cada representante en pro de su región, tal como se ha demostrado con probada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sin embargo, su asignación y ejecución sí requiere veeduría ciudadana y contraloría pública, para que no se convierta en una puerta institucional de ida y vuelta a la corrupción, ni vulnere los principios del derecho presupuestario en Colombia; como sí suele ser afectado por la connivencia entre políticos, financistas y contratistas que tuercen las invitaciones, licitaciones y debidas garantías, con frecuencia.

Aunque el paso de las reformas no está asegurado, el Congreso debe tener presente que las mismas fueron el aliciente para la elección del gobierno alternativo encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, cuya propuesta alcanzó el querer de las mayorías electorales justamente porque se convirtió en el eco y la personificación de las miríadas de jóvenes, sectores y movimientos populares, organizaciones de base, plataformas regionales y nacionales, colectivos y colectivas de diverso orden, sumadas a las fuerzas políticas colegiadas en el Pacto Histórico.  

El país requiere un congreso a la altura de la historia, no cabe duda, que pueda entenderse en la extensión territorial y demográfica de la democracia que representa. Más allá de las tensiones entre las diversas facciones sociales, políticas y económicas, urge que Cámara y Senado se entiendan como intérpretes de la nación.

Por ello, el peso de sus decisiones no puede seguir obedeciendo a cálculos con inversionistas y banqueros, acuerdos con industriales y comerciantes, o conveniencias de los terratenientes y ganaderos. Si la democracia representativa sigue teniendo significado y su intensidad puede confirmarse, será en el ámbito del desciframiento del querer ciudadano y popular en el que se encuentre tal rumbo, aplicando tónico social al desarrollo de los sectores productivos. 

La ciudadanía, especialmente aquella porción de animosas y autoconvocados que no se organiza, pero sí sale a la calle de manera indómita, a punto de levantarse por el furor de la protesta multitudinaria y el calor de las consignas vueltas puño, no entendería que las reformas no pasen.

Tampoco se entendería que el Congreso, antes que actuar como un cuerpo movido por el impulso soberano del pueblo, se confirme activo en función del empresariado, de las corporaciones y de los rentistas curtidos en proseguir ganancias conculcando derechos en medio de la turbulencia.

La conjunción legislativa no puede olvidar que representa intereses mucho más complejos que los de las facciones aventajadas. Tampoco pude desoír el masivo clamor inconforme manifestado por varios meses, un par de años atrás. Como enseñaron las abuelas, el palo no está pa cucharas. Con la marcha del pasado 8 de febrero, quedó en evidencia que, aunque haya una actitud reposada y esté primando la expresión pacífica de la gente, la calle está caliente y a la expectativa de cambios que impidan el ardor del fuego. De ahí que se requiera que esta vez, el congreso esté a la altura de la historia.