Señores antioqueños: Colombia no es solo Antioquia

27 de marzo de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

Antioquia, de lejos es la entidad territorial que ha recibido la mayor inversión pública en infraestructura en los últimos años. Los billones que el Estado ha puesto en proyectos en este departamento desde principios de la década pasada duplican los de toda la región del Pacífico, pese a que en ese litoral se encuentran buena parte de los territorios que concentran los mayores niveles de empobrecimiento del país.

El contexto es tan absolutamente desproporcionado en detrimento de todos los colombianos distintos a los antioqueños que, en materia de inversión vial, desde 2017 Antioquia fue beneficiada con más de 13 billones de pesos, mientras que la inversión en Arauca, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guanía en el mismo periodo, no alcanzó ni siquiera el medio billón.

La tendencia histórica de inversión pública a favor de Antioquia y en detrimento de los colombianos de las zonas más marginadas continúa, incluso, en el actual plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, tal como salió del Congreso. De manera inverosímil, se proyectaron 20,6 billones para inversiones en los siete departamentos del Caribe, mientras que para Antioquia se destinarían más de 47. Enhorabuena, el presidente Petro recompuso esa injusticia, y puso en mediano orden lo que deben ser las prioridades de inversión del país.

Colombia tiene alrededor de 400 municipios sin saneamiento básico pleno. Los dineros públicos deberían atender esa, que es la mayor injusticia social que aqueja la nación. No puede ser admisible que la elite antioqueña considere que las vías 5G, los túneles y los proyectos portuarios en Urabá tengan más prioridad que los acueductos que la mayor parte de la población de esa subregión lleva más de 50 años exigiendo.

Un paso necesario para avanzar en justicia y equidad fue la decisión presidencial de poner el presupuesto en servicio de la garantía de los derechos de la nación, y no de la infraestructura que beneficia a ínfimos sectores. No pueden terminar pagando todos los colombianos obras de infraestructura destinadas a beneficiar sectores pudientes de la sociedad y a valorizar sus propiedades. Porque tal como lo expresó el mismo presidente “las obras que más presión tienen, se hacen con mayor velocidad, y las obras que son de los territorios excluidos de muchos departamentos, son ralentizadas, es decir son financiadas con vigencias futuras y, por tanto, construidas en mucho más tiempo”.

La propuesta del presidente Gustavo Petro para terminar las obras en el departamento de Antioquia es la más justa para toda la sociedad colombiana. Los proyectos deben pagarse por valorización, los que quedarán con sus propiedades comercialmente con más valor son quienes deben asumir el pago de estas infraestructuras. Es de anotar, que esta decisión la puede tomar el Gobierno por encima de lo que piense el gobernante local, cuando se trate de vías nacionales.

Finalizo esta nota planteando la ilegalidad absoluta de la “vaca” que adelanta el gobernador de Antioquia por orden de Álvaro Uribe. Sorprende el desconocimiento que el gobernante antioqueño tiene del articulo 316 del Código Penal que establece el delito de “captación masiva y habitual de dineros”. Bienvenida la “vaca” para pagar las obras, pero por vía de la valorización que propone el presidente.

Por lo demás; señores y señoras antioqueños, el país no comienza ni termina en su geografía.