Por: Arleison Arcos Rivas

El contexto desolador que ha traído para el mundo un virus de naturaleza todavía insospechada, que afecta a todas las capas poblacionales atestando los servicios hospitalarios y poniendo en riesgo vidas humanas, la productividad, el funcionamiento de las dependencias públicas y oficinas privadas, obligando incluso a cierres sostenidos de las aulas y al funcionamiento mediado por plataformas en todos niveles educativos; ha puesto de presente la urgencia de recuperar y refundar la soberanía nacional, seriamente afectada por procesos de apertura económica, privatización de servicios públicos, movilidad globalizada y desmonte de políticas fronterizas. 

Si la década final del siglo XX trajo el discurso del adiós al Estado y postuló el acabose de la soberanía, la tercera década del siglo XXI inicia reclamando más Estado con capacidad estratégica para nacionalizar el problema del hacer vivir y no dejar morir, tras la definición de la política pública en salud y contención de riesgos.

La obligación de contener la emergencia pandémica y sus nuevas crestas y cepas ha puesto de presente el necesario papel que juegan las instituciones públicas, mucho más cuando las medidas necesarias para sortear este momento no provienen ni pueden dejarse en manos del mercado, el capital financiero, las trasnacionales farmacéuticas o la Organización Mundial de la Salud, entidad que apenas un año atrás era prácticamente desconocida por el conjunto de los mortales y que hoy ha hecho que en el planeta entero se hayan popularizado los tapabocas, el lavado de manos frecuente, la contención de aglomeraciones y se recomiende estratégicamente quedarse en casa para evitar la proliferación de un virus cuya permanencia asusta tanto como empieza a desesperar.

En el ínterin, las firmas farmacéuticas han entrado en franca competencia no sólo para producir vacunas eficaces contra el C19 sino además para copar el mercado pandémico y capturar la mayor cantidad de los cuantiosos recursos que los gobiernos están asignando y asignarán en tiempo venidero a la adquisición de vacunas y medicamentos para atender la población de nacionales y extranjeros residentes en el país; a lo que se suman los negocios asociados a supercongeladores, equipos y accesorios para el cuidado intensivo, dispositivos médicos generales y de urgencia, insumos hospitalarios y equipos de protección para el personal tratante; cuya ausencia hoy constituye un asunto de salud pública y seguridad nacional.

En el contexto local, sin desmontar las practicas descentralizadoras que acumularon funciones estatales en territorios subnacionales (Departamentos y municipios en Colombia), las tensiones burocráticas que genera tal reparto de competencias y la administración de la contingencia pandémica ha requerido la activación y mejoramiento de circuito de interacción entre el Ejecutivo nacional, las Gobernaciones y las Alcaldías, de manera que se puedan implementar medidas restrictivas de la movilidad, limitaciones al uso de espacios, pruebas y procedimientos de atención doméstica y hospitalaria , protocolos de atención y consulta sin riesgo, cuidado y protección de poblaciones vulnerables, estrategias de control a la ocupación hospitalaria para evitar su colapso, políticas de asistencia, subsidio y estabilización y medidas para el control migratorio y del orden público.

El peso macroeconómico de tales decisiones, si bien ha sido intenso, refleja igualmente que muchas de las cuales medidas adoptadas han operado casi exclusivamente en beneficio de grandes capitales y del conjunto de los industriales, acrecentando las afectaciones al salario real de las y los trabajadores, al tiempo que se ha complicado la situación de padres y madres, especialmente, cabezas de hogar con bajos ingresos o viviendo “del rebusque” en la economía informal.

La pandemia ha urgido a los Estados a actuar a su interior vigilando y controlando todos los aspectos de la vida, extendiendo incluso su capacidad decisional sobre asuntos tan públicos como íntimos asociados a la identificación masculina o femenina asignada a un número de identificación, la edad regulada para movilizarse en el espacio público, la ubicación y activación del vínculo familiar en ciudades vecinas y lejanas afectadas por cierres fronterizos e intermunicipales, toques de queda, cuarentenas generalizadas, emplazamientos zonificados y bloqueos barriales. 

Del mismo modo, diferentes acciones del orden estatal ponen de presente la necesidad de confluencias multilaterales y las urgencias de negociación en el contexto trasnacional, en procura del aseguramiento de la vida de los connacionales, residentes y migrantes, de modo que se amortice el impacto catastrófico del virus circulante sin que los gobiernos, so pretexto de contenerlo, terminen elevando sin control alguno las cuotas pactadas con las multinacionales productoras de medicamentos y vacunas por fuera de un balance comercial justo o propiciando espacios para ahondar la corrupción y el manejo especulativo y politiquero de la inoculación.

Hacia el último trimestre de 2020, la disponibilidad de al menos cinco vacunas probadas muy rápidamente ha llevado a implementar procesos de negociación directa de los gobiernos compradores con las industrias farmacéuticas que las producen, abriendo un conjunto de preguntas respecto de por qué no se ha podido gestar la mundialización de los esfuerzos entre Estados para que se desarrollen procesos de inmunización en beneficio de la humanidad; lo que daría sentido a la existencia de la OMS como una entidad que existe en pro de “construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo”, lo cual hoy no resulta evidente.

Preocupa igualmente que hoy, más de la mitad de las vacunas producidas haya sido acaparado por países con altos ingresos cuya población no asciende siquiera al 14% de la población mundial, dejando en evidencia la desigualdad que el capital genera y que reitera la imposibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo asociados al fomento de la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Especialmente en los países con balanza comercial desventajosa y que no cuentan con un PIB elevado ni con reservas que garanticen las compras necesarias para cubrir a la totalidad de su población, estarán desprovistos de vacunas al menos hasta el año 2022, lo que evidencia los gravísimos dramas tras la desproporción que el desconcierto económico mundial genera en un orden planetario artero e deshumanizador.

El que los Estados nacionales accedan a significativos recursos que les permitan actuar de manera oportuna para implementar las medidas tendientes a asegurar la salud y la vida de sus asociados no sólo constituye un asunto de paridad presupuestal trasnacional que, a todas luces, no podrá resolverse bajo el modelo de capitales que rentabiliza incluso la precariedad desnudada por la pandemia; sino que pone en entredicho las dinámicas plutocráticas de los países en los que las democracias no han logrado superar la retórica de la igualdad para garantizar la plena realización de derechos, incluido el de la salud, para toda su población.