Patriotas encadenados

Por: Arleison Arcos Rivas

Los desaciertos del abogado Diego Cadena fueron de tal tamaño que, en la defensa de Álvaro Uribe Vélez terminó complicando su situación ante la Corte Suprema. De hecho, de un proceso a su cargo, que fue desestimado contra el Senador Iván Cepeda, se desprenden varias pruebas que soportan la decisión de la Sala de Instrucción por la que hoy el señor Uribe Vélez cuenta con medida de aseguramiento. En varias entregas, el periodista Daniel Coronell y otros comunicadores han hecho alusión a la “cadena de mando” y de favores que, so pretexto de ayuda humanitaria, tienen hoy a los abogados y al defendido bajo medida cautelaría. Sin embargo, los patriotas encadenados, tras la decisión de la Corte, son varios:

1. Encadenado queda Iván Duque Márquez, quien ha obrado durante toda la semana más como integrante del partido Centro Democrático y como ferviente admirador de su impulsor, descuidando la majestad de su cargo, así como la dignidad y el decoro de la figura presidencial. Incluso, a la hora del aseguramiento de su mentor ha comprometido la imagen de la nación exaltando como “patriota genuino” a quien un órgano de justicia implicó en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por los que tendrá que defenderse bajo arresto. Más allá de la admiración personal que pueda comprometerle con el primer expresidente detenido en la historia reciente del país, no tiene presentación que en una democracia se utilice el fuero de uno de los poderes para levantar la defensa de un sindicado criminal, sea quien sea.

Vergonzoso además que se controvierta por los medios de información una decisión del organismo decano de la justicia doliéndose porque “muchos se defiendan en libertad y que incluso tengan el derecho de nunca ir a la cárcel”, atacando de nuevo los acuerdos nacidos del proceso de desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo, con los que dice estar comprometido mientras socava el núcleo de su realización.

2. Encadenados quedan igualmente los directivos del partido Centro Democrático que, por un lado, no puede direccionar sus ataques hacia el presidente sin trastocar la poca popularidad que aun pueda acumular y sin poner en riesgo la gobernabilidad con las pálidas mayorías que empezarán a desdibujarse en el congreso. Por otro lado, dado que Uribe es su partido, les veremos afanosamente dedicados a mover redes sociales y generar golpes de opinión buscando alinear al bloque más fiel que pueda influenciar para atacar la muy posible futura condena que la Corte establezca en este caso.

3. El abogado Diego Cadena sí que queda definitivamente asegurado en la Fiscalía, al haberse adelantado la Sala de Instrucción de la Corte a proferir medida de aseguramiento contra su antiguo defendido. Resulta apenas evidente que la decisión del organismo acusador en este caso implicará medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación como actuación proporcional consecuente con lo proferido hasta ahora en el caso de Uribe. Como en el espejo, un caso tendrá que adelantarse mirando al otro, lo cual será una oportunidad incomparable para que las y los opinadores públicos contribuyan a establecer un parangón que equilibre y de balance a las argumentaciones, en medio del estremecimiento por la noticia de la semana.

4. Encartados quedan ahora quienes tienen en sus manos o han dejado que reposen plácidamente procesos represados contra Álvaro Uribe Vélez. Debemos recordar que en la Corte Suprema están pendientes cerca de 30 procesos en los que el expresidente está vinculado en diferentes grados y que esa alta magistratura ha demorado hasta ahora generando inquietud y crispación entre diferentes impulsores de opinión en medios y redes sociales para quienes ha resultado sorpresivo que la Suprema haya actuado con cierta diligencia en el menor de los asuntos bajo su consideración en contra del ciudadano Uribe Vélez mientras aplaza y no parece que prosperen en distintas salas inculpaciones por creación de grupos paramilitares, falsos positivos, masacres, matanzas masivas, perfilamientos a opositores, actos de corrupción e irregularidades diversas en los diferentes cargos y funciones públicas que ha ejercido. A ellos se suman más de 50 casos abiertos y en suspenso todavía en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuya conformación mayoritaria resulta favorable a los intereses del hoy detenido.

En aras de la ponderación, hoy resulta claro que el país necesita encontrar una alternativa sensata que permita superar la contradicción entre un expresidente asegurado en su domicilio y a la espera de dictámenes en los diferentes procesos que permanecen abiertos, algunos por delitos de lesa humanidad, que contempla a exguerrilleros en libertad producto de un proceso de paz contra el que ha batallado de manera incesante, pretextando lo humano y lo divino e incluso comprometiendo al actual presidente en incontables desafueros tras una postura inflexible de “paz sí pero no así”, entre otros lemas. Curiosamente la alternativa plausible pueda reposar en una decisión de la Cámara de Representantes que de plena vigencia a lo contenido en los acuerdos de paz, implementando un mecanismo expedito para que los altos funcionarios del Estado (Expresidentes y ministros) se acojan a este organismo en reciprocidad con las actuaciones de la JEP; algo a lo que hasta ahora se han opuesto quienes se asumen como genuinos patriotas.