24 de febrero de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

La vocación alimentaria de las eternamente denominadas “naciones banana” está en serio riesgo, como mencionaba en #LaNotaDelJueves de la semana anterior. El costo fustigante de los alimentos en la desgastada canasta familiar ha agrandado los huecos por los que carnes, yuca, pimentón, papa, arveja, plátano y hasta los huevos se caen, irremediablemente. Si bien los efectos de la carestía se sienten con fuerza en todo el país y afectan considerablemente a clases bajas y medias, con mayor severidad sus efectos deben evaluarse entre quienes acumulan padecimientos que se acrecientan en tiempos críticos.

La fragilidad de la economía colombiana pasa una costosa factura a la población afrodescendiente, altamente representada en la porción del 42% de colombianas y colombianos, más de 21 millones, que apenas si tienen ingresos para clasificar como pobres, afanándose con desespero en el rebusque que les evite la indigencia y la pobreza extrema o absoluta.

En un país en el que los alimentos de las familias más vulnerables se comen el 31% de los ingresos y el arrendamiento más del 40% de lo disponible, alimentarse para sobrevivir resulta bastante tortuoso; tanto así que hemos arribado a un 54% de personas que no alcanzan a sumar tres comidas en un día; elevando a más de 7 millones la cifra de quienes dependen de la asistencia alimentaria para poder subsistir, según el estudio “Panorama de Necesidades Humanitarias 2022”, aparecido esta semana.

Los indicadores de pobreza en aumento, desempleo creciente, ingreso deficitario, elevan la precariedad nutricional; agravada por la salida despavorida del campesinado que huye de agresores armados tanto como de la ruina en la que les ha dejado el desestimulo a la dedicación agrícola por la masiva importación de bienes de consumo básico.

Alta importación, disminución de aranceles de productos extranjeros, compra de maquinaria afectada por la subida del dólar, eliminación de las restricciones cambiarias, precios no competitivos y sin compensación, ocupación de la tierra cultivable en actividades de ganadería exportable; significan menos oportunidades para nutrirse adecuadamente, ante el angostamiento de la producción interna de alimentos.

De hecho, según el informe mencionado, “el 48% de los productores agrícolas encuestados por FAO en Colombia, manifestaron que han tenido que recurrir a estrategias como la reducción de gastos de insumos, gastos de ahorros para la compra de alimentos y venta de activos productivos” para sobreaguar la crisis, complejizada aún más por los efectos de la pandemia.

A las dificultades para adquirir insumos y maquinaria agrícola en sectores significativamente alejados de las grandes ciudades, debe sumarse la afectación minera que ha envenenado las fuentes hídricas; encontrando estímulos para la expansión de sembradíos de coca y marihuana, cuya demanda resulta mucho más atractiva que los tímidos programas de sustitución sin garantías de mercadeo, promovidos por un gobierno que insiste en salidas químicas al problema del cultivo de alcaloides. Cerca de 6 millones de colombianos y colombianas que viven bajo la influencia de grupos armados requerirán acompañamiento humanitario, más de 1.28 millones de estos son afrodescendientes, y 630.000 son indígenas.

Mientras el hambre no da tregua y reproduce a diario la desazón que Irra sentía en el estómago, al pasarse al día a medio comer; crece la informalidad laboral, el subempleo y el rebusque que atrapan a más de cinco millones de nacionales. Cerca del 48% de trabajadores no evidencia tener contrato laboral vigente, y más del 86% de estos padecen las inclemencias de verse autoempleados o realizando labores a cuenta propia, por días y por horas, incluso; lo que evidencia que las tasas de rebusque y desempleo para la población afrodescendiente son mucho más intensas. Así, mientras en 2021 la cifra nacional fue del 13,7, el desempleo en Quibdó subió al 20,6%, registrando además incremento en el trabajo a cuenta propia. De manera dramática, las cifras siguen subiendo y concentrando en territorios y gentes empobrecidas sus peores efectos.

En el país, de los 7,3 millones de personas cuya precariedad alimentaria genera alertas y alarmas impostergables, se registra un 11% de afrodescendientes que no podrán proveerse alimentos por sí mismos. Esta situación se complica mucho más si realizamos un acercamiento a “Evaluación de los efectos del COVID-19 en el sistema agroalimentario”, tal como ha hecho la entidad internacional correspondiente (https://www.fao.org/documents/card/es/c/CB4942ES)

Dado que el panorama nutricional resulta preocupante y amenazante sumados diferentes indicadores, la insuficiencia alimentaria en el Pacífico colombiano, la precariedad nutricional que mata a más de 200 niños cada año, el riesgo de desnutrición en la tercera edad, el ingreso precario y el subasalariado, la contención de los efectos perdurables de la carestía y la dependencia nutricional de millones de seres humanos, deberían encontrar alternativas de solución entre quienes se postulan a cargos de representación y elección popular. Hoy, sin embargo, estos temas están bastante lejanos de la trifulca y la guachafita preelectoral que padecemos a diario; mientras en la calle se agigantan las voces y las ganas de pelear por la comida.