¿El rearme de la derecha?

27 de octubre de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

La radiografía del actual momento político refleja el alto nivel de beligerancia con el que diferentes facciones de la derecha colombiana vienen calculando los impactos y las variaciones de un juego belicoso ante el primer gobierno de izquierda en el país.  Sin pasiones de pitoniso, debemos prestar mayor atención a los anuncios en redes y medios que permiten identificar sus posiciones y los riesgos que parecen estar dispuestos a asumir, buscando el rápido desgaste de la actual administración, e incluso la activación y compromiso con nuevas realidades políticas, entre las que no han descartado las prácticas de rearme de antiguos militares y estructuras, nuevas y viejas, paramilitares.

Si bien la derecha tiene asiento y protagonismo en los diferentes escenarios democráticos representativos locales, departamentales y nacionales, el uso de todas las fuerzas y su combinación para sostener la lid electorera, fortalecer la presencia territorial y asegurarse resultados mayoritarios, había contado hasta ahora con el accionar de diferentes  e impetuosos agentes al frente de las entidades públicas y organismos estatales, dispuestos incluso a establecer alianzas y acuerdos con actores desregulados para sostener la estructura corporativa del Estado, disponiendo para su servicio del erario, de los recursos institucionales y de la capacidad ejecutiva de diferentes dependencias del establecimiento.

Con el bloqueo a sus intereses, que es lo que en principio representa el gerenciamiento de tales entidades ahora en manos de contradictores políticos con agenda y propósitos diferenciadores, se evidencia el cambio de rumbo hacia una propuesta estructural diferenciados, jalonada desde la Presidencia hasta el último de los funcionarios adeptos al proyecto del Pacto Histórico y el Frente Amplio conformado para asegurarse las mayorías en el congreso y la administración del aparato burocrático.

Estos nuevos agentes institucionales constituyen potenciales enemigos, a los que habría que desobedecer, resistir y combatir por distintas vías y con diferentes estrategias escalonadas, en un proyecto, no uniforme ni unitario, que apenas empieza a desplegarse, ocupando incluso la calle con convocatorias a marchar, cuando hace apenas algunos meses promovían el “yo no marcho, yo produzco”.

La virulencia con la que toda salida en falso de los actuales funcionarios y ministros es publicitada y cuestionada en la prensa y los medios televisivos y radiales privados, o sometida a la inclemente burla y desprecio de las “bodegas” en redes sociales, configura un primer nivel de acción encaminado a controlar la narrativa informacional de las distintas operaciones de vilipendio y desgaste del gobierno del cambio ante la opinión pública. La idea es afirmar que nada ha cambiado, ningún cambio llegará y, por lo contrario, todo será peor, como se lee obsesivamente en columnas, notas de prensa, emisiones televisivas, podcast, transmisiones radiales, memes y entradas en redes virtuales.

En un segundo nivel y con magnitud más compleja, se dejan sentir las voces de antiguos militares de alto rango que, por haber tenido mando y conducción de estructuras castrenses, influyen todavía en las reservas de las fuerzas armadas y cuerpos de policía. Si bien los llamamientos a dichos colectivos han resultado hasta ahora lastimeros e incluso de dudoso liderazgo, no puede descartarse que al incrementarse su volumen e intensidad se produzcan actos de desobediencia al interior de los cuarteles, o que se promuevan acciones para proveer armas y suministros bélicos a civiles, en zonas estratégicas del país que favorezcan la agitación guerrerista que, por muchos años, alimentó el proyecto uribista.

No puede olvidarse que parte del mensaje de dicha organización convirtió en auxilio de soldados e informantes de la fuerza pública a buena parte de sus partidarios, so pretexto de sostener la lucha contra la delincuencia imperante y la amenaza terrorista. Tampoco debemos ignorar que extender de manera irrestricta el porte de armas en manos de la ciudadanía ha sido una permanente insistencia de esa organización política y sus querientes. De este modo se ha estimulado que, en estratos sociales altos en varias ciudades, especialmente Cali, ciudadanos armados se hayan mostrado al lado de la fuerza pública como cooperadores, en eventos de protesta y resistencia urbana. Del mismo modo, las autoridades y los medios registran una pluralidad de detenciones arbitrarias, operativos parapoliciales y acciones luctuosas perpetradas por cuerpos de civiles armados.

De mayor calado, los continuos llamados a que el ejército utilice las armas durante acciones de protesta, se usen los cuerpos de vigilancia privada como microejércitos de informantes articulados a la policía o el ejército, se conformen organizaciones urbanas y rurales para “protegerse” y se hayan rearmado antiguas estructuras paramilitares, en apariencia desarticuladas una década atrás, anuncian el sintomático incremento de fuerzas armadas desreguladas que ya circulan en territorios en los que la gente ha vuelto a sentir el peso de la persecución a contradictores, el desarraigo de comunidades campesinas y la incesante muerte de líderes y activistas sociales y firmantes de la paz.

Los llamados del cuestionado José Félix Lafaurie para que se constituyan “grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata”, revelan lo que, si no es un plan de agitación y respuesta armada orquestado desde la igualmente cuestionada Fedegan, advierten de un disimulado llamado a actuar en paralelo al orden constitucional, tal como otrora ocurrió con la instalación de grupos de Convivir y agrupaciones paramilitares por todo el país. De hecho, Lafaurie y otros ganaderos vinculados a esa organización han sido señalados como auspiciadores de tales grupos.

Finalmente, aunque la llegada del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, pese a ser alternativo y discordante con el eje de poder tradicional en Colombia, no parece haber alentado intentonas de alzamiento y golpe de estado por parte de activos en las fuerzas armadas. Pese a que el excomandante de las fuerzas armadas Eduardo Zapateiro y algunos activistas ultraconservadores como Enrique Gómez han sido señalados de estimular una salida desinstitucionalizada como esa, rápidamente se han zafado de la posibilidad de ser acusados por sedición, alegando que tal variante “nos colocaría a la altura de cualquier republiqueta, esas que son reconocidas por su inestabilidad política”. Sin embargo, nada les ha impedido continuar su tarea de diligentes agitadores del desgano frente a las políticas promovidas por el actual mandatario.

Para muchos analistas, este sería el peor de los escenarios posibles que podría alimentar la proclividad belicosa de las facciones de derecha en el país. En ese sentido, la depuración y renovación de las fuerzas militares y de policía parece haber sido, hasta ahora, una medida eficaz para disipar la tentativa golpista. Sin embargo, todavía es temprano para asegurar que el cuerpo uniformado permanezca durante estos cuatro años bajo la obediencia del Comandante en Jefe, si es que sigue tomando fuerza el juego de rearme de la derecha.