01 de agosto de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

                                 

La incertidumbre no es el mejor aliado de la democracia; un régimen gubernamental que instaló procedimientos reglados para enfrentar la desilusión con los gobernantes en oportunidades de cambio y transformación mediante la promoción de alternativas diversas. La alternancia es un fundamento nodal en el proceso democrático de disputarse los cargos investidos de autoridad, sustituyendo un gobierno o dándole la posibilidad de continuidad, si alcanza el favor mayoritario.

Algunos estados, pese a ello, promueven la reelección de las figuras públicas, considerando que la ciudadanía actúa juiciosamente sopesando la calidad de las políticas y el bienestar alcanzado durante un determinado gobierno, al punto de decidir su continuidad o su reemplazo. 

Para que ocurra un tránsito alternativo entre diferentes opciones electorales, las mismas deben pesar con suficiencia ante los electores, a efectos de evidenciar una tendencia victoriosa en los resultados tras el registro decisional de lo contenido en las urnas. Sin embargo, cuando oficialismo y oposición ratifican su victoria, se hace evidente que el proceso electoral ha resultado viciado, poniendo en riesgo la verdadera manifestación de la ciudadanía votante.

Tanto la ratificación del gobernante como la selección entre nuevas opciones puede verse influida por prácticas malsanas que desdicen del respeto a la voluntad popular, con acciones de cohecho, perturbación violenta de la elecciones, engaños y presiones indebidas contra el elector, manipulación del padrón electoral por trasteo de electores o de votos, anulación irregular y mora en la información documental del proceso electoral; hasta llegar a la abierta y descarada alteración del material dispuesto en las urnas, o por variaciones fraudulentas de los resultados.

Finalizado el cotejo electoral, las elecciones en Venezuela dan pie a las anteriores consideraciones, cargadas de dudas y temores por posibles irregularidades que nacen del hecho de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, hasta la fecha no haya permitido conocer las actas que justifican el pronunciamiento de resultados favorables a Nicolás Maduro.

Ajustado a la ley, sobre un 30% de actas escrutadas, el CNE lanzó un comunicado incendiario, inmediatamente contestado en contrario por la oposición. Al mismo tiempo, diferentes voces internacionales se han dividido entre quienes validan este aviso, quienes se resisten a tal reconocimiento y quienes promueven un conteo técnico que permita, bajo estándares convencionales, auditar, escrutar y consolidar los resultados electorales.

Con la ambigua y equivoca actuación de las autoridades sufragistas venezolanas, en el mundo se acrecienta la sensación de que ganó Maduro, pero perdió el Chavismo, ahondando la profunda división que padece Venezuela.

Aunque el CNE bien podría haber permitido que observadores internacionales de diferentes procedencias hicieran presencia en sus dependencias, no lo ha hecho y, por el contrario, ha tendido un manto de inquietud contra un sistema de registro y soporte de votos confiable y verificable, que imprime acta por voto registrado en las mesas. El problema, en este caso, es que no se conocen las actas oficiales, lo que dificulta cualquier proceso serio de escrutinio y consolidación.

En igual sentido, el afanoso proceder de la oposición declarando fraude del oficialismo y esgrimiendo actas no oficiales con las que pretenden demostrar la victoria de su candidato, sólo eleva el crispamiento político, sin contribuir a su resolución. La ampulosa declaratoria de fraude, sin que se aporten pruebas ciertas que, con suficiencia, lo demuestren, tomando partido y declarando la victoria de la candidatura opositora, más con pasión que con evidente razón, no es serio ni sensato. Por ello, declararse ganadores “en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los Estados del país” es tan inverosímil como una victoria absoluta de Maduro sin evidencias ni soportes.

Contra el secretismo oficialista y más allá de la airada y predecible reacción de la oposición, sumada a la tiradera mediática de la derecha trasnacional que en años precedentes también ha jugado a derrocar violentamente a un régimen que tilda de dictatorial, o pretendiendo defenestrarlo por medio de bloqueos y sanciones; crece el reclamo para que las cifras electorales sean sometidas a verificación independiente, con un conteo técnico de los votos depositados para cada candidatura, y soportada en un escrutinio riguroso.

Entre el juego procedimental de la democracia y la necesaria reestructuración política y económica que deberán concertar las diferentes fuerzas políticas y económicas, las realizaciones históricas del chavismo parecen no ser suficientes para ocultar los graves errores de Maduro en el poder, lo que da pábulo a la posibilidad de alternancia.

La intensidad de tal cuestionamiento proviene de la apropiación monopartidista de todas las posiciones de poder que resultan significativas e importantes para perpetuar un modelo de direccionamiento de la sociedad, cuyos actuales fracasos son inocultables, tanto como lo son las pasadas conquistas de la misiones bolivarianas emprendidas por Hugo Chávez, para fortalecer la producción local de alimentos, garantizar la atención médica integral, elevar la tasa de propietarios de viviendas, y favorecer procesos trayectorias educativas completas, entre otras estrategias de reforma y profundización de la transición hacia el denominado socialismo bolivariano.

Las afectaciones al proceso electoral ponen en tela de juicio el respeto a la voluntad democrática del pueblo venezolano que, en apoyo a Maduro o contrariando su continuidad, debe ser acatada. Marcado por irregularidades antes, durante y después, el proceso electoral venezolano evidencia contradicciones, nacidas de la implementación de un sistema electrónico que puede ralentizarse por la intervención de activos militares o grupos civiles operando contra la ley para constreñir al elector.

Evidentemente el presidente Maduro y la autoridad electoral se han equivocado de modo protuberante al impedir la inscripción de candidaturas altamente opcionales, encarcelar opositores, bloquear la divulgación de información partidista, prohibir el ingreso de algunos emisarios y observadores internacionales e informar resultados sin dejar conocer las actas que sustentan los comunicados.

Se equivocan también los sectores gubernamentales y los colectivos chavistas armados que anuncian baños de sangre y se movilizan amenazantes contra quienes solicitan el escrutinio de los votos. Provocar lesiones e incluso muertes no hace sino alimentar la violencia del pueblo contra el pueblo.

También alimenta dudas, el que las actas con las que puede adelantarse un escrutinio consistente no estén disponibles de manera inmediata, como lo permite técnicamente el procedimiento sufragista, pues estas son impresas ante testigos en cuanto se cierra la mesa de votación.

Que Maduro representa la descomposición del movimiento de Chávez, no cabe duda alguna. De ahí que, más allá de las lamentaciones por el desvío de la senda socialista, pueda suponerse el crecimiento de su imagen desfavorable, incluso entre algunos colectivos chavistas, quienes suman su voto a las diferentes expresiones de la derecha. No obstante, mientras unos quieren “que se vaya uno para que regresen todos”, también circulan videos multitudinarios que respaldan incondicionalmente al gobierno actual de Venezuela, e incluso se registran vítores y apoyos entre migrantes que hoy residen en diferentes ciudades de América.

Por eso, pese a que haya expresiones en las que se manifiesta engaño, robo o fraude, debe acudirse a las evidencias como única fuente que arroje veracidad al procedimiento democrático, sea cual sea su ganador. 

Justamente es el respeto a las reglas de juego de la alternancia política lo que está en riesgo en Venezuela. De ahí que la serena prudencia se imponga pues, como afirma el observador brasilero Celso Amorim, «El principal dato que nos lleva a ser cautelosos es que hasta ahora se ha dado un número, pero tienen que mostrar acta por acta cómo se llegó a ese número”.

Por ello no resulta sensato que el gobierno emprenda acciones de hostigamiento y zozobra contra la diplomacia internacional que apoya la versión opositora, reclamando conteo de votos y transparencia en resultados, pues es, evidentemente, lo que procede. Sin embargo, la injerencia indebida en asuntos internos de Venezuela no tiene por qué estimular actuaciones que pongan en riesgo la estabilidad y la seguridad en ese país.

Tampoco resulta prudente que la oposición inmediatamente reclame más sanciones y la extensión del bloqueo, toda vez que tales afectaciones elevan los padecimientos de la gente. Como afirma el presidente Petro, esa medida “solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos”.  Los millones de migrantes, en su mayoría sometidos a precariedad laboral y penurias por bajo ingreso e indigencia, reflejan un drama humano insostenible.