17 de febrero de 2022

 

Por: Arleison Arcos Rivas

 

Papa, carne de res, algunas frutas, huevo, pescado, queso y otros productos han visto disminuido su consumo o desaparecieron definitivamente de las compras familiares porque “ya no alcanza”, “pasamos por problemas” o “subió demasiado”, según nos informan en redes sociales. El asunto no sólo consiste en la pérdida acumulada del poder adquisitivo de las y los trabajadores, más del 18% en los últimos años, sino en el riesgo inminente en el que se encuentra la seguridad alimentaria en Colombia.

Las cifras, algunas de las cuales han sido referenciadas anteriormente por columnistas de DIÁSPORA, evidencian que cada vez son más las personas que no comen 3 veces al día, que se ha incrementado ostensiblemente el número de pobres en el país, que se ha elevado la estadística de muertes por desnutrición, y que, para más de la mitad de la población colombiana, el riesgo de insuficiencia nutricional ya es un hecho.

Pese a que, en porcentajes crecientes, el trigo, el maíz, la soya, la cebada y el arroz que consumimos no se producen en nuestras tierras, la OCDE presiona para que tales importaciones queden gravadas con cero aranceles. La consecuencia no solamente se registra en rojo en la contabilidad de la precarizada industria agrícola nacional, sino que el pan del desayuno y la mayoría de los productos con los que se preparan las sopas caseras, las cremas de consumo masivo y los complementos proteínicos, que seguirán registrando marcados incrementos.

Curiosamente, la mayoría de cárnicos y derivados se originan en Colombia, pero en las ferias ganaderas, grandes superficies e incluso tiendas de barrio, se reflejan costos prohibitivos que alejan de la mesa familiar la carne que sus productores prefieren exportar, con total negligencia del gobierno para contener el golpe de la oferta interna.

Para los últimos cinco años, diferentes encuestas e informes han arrojado datos alarmantes respecto de la capacidad que el país ha perdido para proveer a sus ciudadanos con productos de consumo básico a costos cercanos a su capacidad adquisitiva. En buena medida, el efecto creciente tras los impactos de los tratados de libre comercio, se suma a la pérdida del diferencial positivo del peso, cuya ostentosa devaluación encarece los productos alimenticios importados.

Sin repetir sus cifras, pero remitiendo a ellas como referencias, tanto en la “Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares”, en la “Encuesta Nacional de Situación Nutricional” (ENSIN), en el Informe “un país que se hunde en el hambre” y en el reporte sobre “el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, encontramos datos que, situados en cada ámbito de políticas sectoriales, elevan las alertas sobre la flagelante inminencia con la que el desabastecimiento nutricional acosa a las familias colombianas, producto del marcado deterioro de la producción alimenticia nacional; situación que no se ha resuelto ni presenta avances significativos con las decisiones tomadas por la saliente administración.

De hecho, la reciente aparición de Colombia en el “Mapa Mundial del Hambre” proyectado por la FAO; contradice abiertamente las cifras calenturientas que exhibe Iván Duque en sus apariciones internacionales; entre otras, la engañosa afirmación de que en el 2021 el país creció económicamente a tasas del 10,2%, siendo que la contracción cercana al 7% en 2020 fue tan notoria que los empresarios no tuvieron empacho en apostarle al inusitado incremento salarial de un millón de pesos, para el presente año. Tan supuesta remontada, tampoco se compadece con los registros de niños extrayendo comida de la basura, madres y desempleados haciendo fila para recoger sobrantes en los ‘fruver’ o personas al borde de la indigencia preparando cocidos de huesos para subsistir. “Crecimiento para quién”, le preguntan en su sitio oficial de Twitter.

 Así mismo, resulta descabellado que se presente una tasa alta de “pérdidas y desperdicios de alimentos” en un país al borde del hambre, imitando una escandalosa tendencia mundial despilfarradora. Como se refleja en ese informe de Planeación Nacional, la producción, distribución, disposición logística, mercadeo, compra, consumo y manipulación desprolija de alimentos significa una merma del 34% del total que deberían consumir las y los nacionales. Más de 9 toneladas de productos que se pierden en el sitio de producción o van a los contenedores de basura en almacenes y restaurantes, afectando seriamente el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asuntos tan graves como el despilfarro de comida y la compra irregular o defectuosa de los mismos deberían importarnos de manera cercana. En el restaurante de la Univalle, por ejemplo, se ha calculado un significativo porcentaje de pérdida en los almuerzos adquiridos por los usuarios; considerando el bajo costo del mismo, tamaña desfachatez juega en contra de quienes dependen del mismo para nutrirse adecuadamente.

Igual ocurre con el Programa de Alimentación Escolar, en cada escuela del país afectada por la baja calidad de los productos industrializados y la corrupción rampante en los preparados; a lo que se suma el que la confección voluntariosa de las minutas desestimule el consumo de tal complemento.

Trabajo, ingreso y consumo registran, entonces, indicadores deficitarios en el país y deberían constituir asuntos prioritarios en las agendas que ventilen las aspiraciones presidenciales, antes de que la inseguridad alimentaria obligue a la gente a parar y tomarse nuevamente las calles.

En paralelo, deberíamos asumir posturas mucho más éticas asociadas al consumo responsable. Hacernos cada vez más conscientes del gasto, dispendio y despilfarro de los alimentos, debería convertirse en una práctica de reto al sistema y su servidumbre derrochadora, fortaleciendo lazos de solidaridad en el intercambio y cooperación con los bancos de alimentos, o promoviendo con intensidad prácticas de siembra y cultivo en espacios urbanos como patios, terrazas, azoteas, en edificios gubernamentales, instituciones educativas y vías públicas.