07 de octubre de 2021

 

 

Por: Arleison Arcos Rivas

 

 

Durante cinco años hemos padecido un alto nivel de desgobierno, desinstitucionalización y desproporción en la concesión de dádivas a los más acaudalados, sin que hasta el momento haya motivos suficientes para pensar que las cosa pueden cambiar definitivamente en 2022. Ni siquiera el calvario de un paro nacional de varias semanas, con decenas de asesinatos, centenares de desaparecidos y miles de torturados y heridos asegura que en las próximas elecciones la multitud de votantes se tome en serio el oficio de la ciudadanía.

Luego de cinco años en los que el país alcanzó a saborear las mieles de una paz estable y duradera, la mezcolanza de odios e intereses plutocráticos que alimenta la economía y la política nacional dañó el alentador jarabe de los acuerdos con su hediondez e hizo resonar los estertores de los combates hasta los lugares que, por breves momentos, soñaron con dejar atrás los horrores del conflicto armado y sus padecimientos.

En ciudades y campos, los poderosos tentáculos de la guerra no sólo se volvieron contra los liderazgos capaces de denunciarlos, sino que rearmaron a viejos enemigos, desperezaron a sus faccionarios más sanguinarios y gestaron nuevas y diversificadas agrupaciones, con una demencial capacidad para escenificar los miedos, propagar la angustia y matar sin límite, en un país carcomido por el tormento que genera el que la vida no esté asegurada.

En este desbarajuste creciente, grandes estructuras organizadas, agrupaciones paramilitares, organizaciones guerrilleras residuales, bandas criminales y combos de todos los tamaños, han encontrado un escenario propicio para crecer y diversificar sus portafolios delincuenciales, sometiendo a la rudeza de la confrontación permanente a diferentes poblaciones en barrios y zonas urbanas, tanto como en ríos, caseríos y corregimientos.

Sea en las cifras de la conflagración en territorios en los que la gente resiste y reexiste, como en las estadísticas de violencia, desprotección e inseguridad en ciudades y centros poblados, la actuación de la gubernamentalidad y sus fuerzas policiales y armadas es precaria, cuando no connivente; aumentando la zozobra e inconformidad entre quienes, todos los días, confirman que también el Estado se comporta como una banda de ladrones. Incluso cuando la enfermedad y la muerte reclaman una acción transparente, los negociados relacionados con la adquisición de vacunas, material hospitalario e insumos médicos evidencian sobrecostos y actuaciones ventajosas en manos de los nuevos carteles del COVID.

En un contexto desregulado en el que el gobierno actúa a título de parte interesada, las funciones estatales se privatizan haciendo que ese aparato se muestre incapaz de desplegar dispositivos de seguridad que estimulen el disfrute público y el reparto del bienestar. Como hemos visto, en esta administración no se ha gobernado para la gente, rompiendo todas las promesas que animaron la pasada campaña electoral en los ámbitos de protección ambiental, en métodos de extracción petrolera, en la política fiscal, en beneficios salariales; en fin, en los distintos ámbitos en los que la vida podría ser digna.

Si bien el poderío acumulado en dos décadas de uribato arrebatador parece en declive, en los meses venideros asistiremos al reacomodamiento posicional y partidista de quienes han prosperado tecnificando su especialidad para acechar sobre el erario, cualificando su aparataje para la apropiación de tierras y negocios, su meticulosidad para beneficiarse con anticipos y formalidades incumplidas y su diligencia para ganar “primas de éxito”, exprimiendo hasta el límite más perverso cada contrato público.

Guerra, crimen y enfermedad persisten, se robustecen y se perpetúan cuando el desgobierno manda. Ante la expectativa de introducir innovaciones y articular propuestas que reten lo instituido y convoquen masivamente a la expresión popular en las urnas, aun todo parece incierto. Aunque resulte alentador que en el partidor electoral aparezcan figuras alternativas, otras voces y propuestas socialmente transformadoras, en Colombia el calor de las urnas no suele ser percibido ni en las encuestas ni en las acaloradas y vociferantes manifestaciones en las redes sociales.

Si el acuerdo procedimental alimenta los discursos de rebelión del siglo XXI, en una democracia el recurso de las armas ya no es posible, por lo que el trámite de los cambios políticos debería ocurrir en juegos institucionales no violentos. Por ello, en estos cinco años parecía necesario agigantar los esfuerzos por implementar a cabalidad los acuerdos de paz, cosa que no ocurrió. Tampoco resultó posible provocar la sensibilidad del gobierno con la manifestación directa del demos en la calle en pleno paro. Sin diálogo ni negociación alguna, las voces tras la vuelta de la tortilla hasta ahora resultaron silenciadas y vencidas por la severidad militar, por las estratagemas de persecución judicial a quienes asumieron mayor visibilidad y por la tenebrosa inventiva de operaciones policiales articuladas con cuerpos civiles actuando en consuno para violar, herir, torturar, desaparecer y asesinar activistas y líderes de todo tipo; alimentando la desazón y el malestar generalizado.

A quienes apostamos por un nuevo orden institucional capaz de desinstalar los dispositivos de muerte instalados en dos siglos de hegemonía plutocrática, sólo nos queda seguir fomentando la urgente necesidad de que la ciudadanía cumpla con su oficio. Ya que no ha sido sagaz para controlar los desmanes del gobierno deponiéndolo con su activación en la calle, resulta necesario derrotar en las urnas a las fuerzas que perpetúan el despiporre. Ojalá sea posible, en el multitudinario ejercicio de ciudadanas y ciudadanos que cojan oficio; antes de que todo se desmorone, definitivamente.