Enero 19 de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

De acuerdo con los datos del conflicto armado compilados en el informe «No es un mal menor«, (p. 139 – 178), entre los años 1986 a 2021 se registraron, al menos 881 casos de afectaciones a las instituciones educativas; evidenciando que la infancia escolarizada y el magisterio padecieron con especial rigor los avatares de la violencia armada en el país, afectando la vida en las aulas, pese a los ingentes esfuerzos de las comunidades educativas apostando por construir la paz desde la escuela pública.

Si bien la escuela constituye un lugar privilegiado y excepcional para la difusión de las diferentes interpretaciones, posiciones y perspectivas respecto del conflicto armado, sus actores han permanecido en vigilancia constante por parte de quienes consideran que la promoción crítica del pensamiento constituye un laboratorio para la difusión de ideologías adoctrinantes y una factoría para la conversión de niñas y niños en “máquinas de guerra”, tal como se afirma con perversidad entre las principales figuras de la derecha recalcitrante.

Como se lee en el informe de la Comisión de la Verdad que narra las violencias contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de la escuela y sus entornos, los Comisionados escucharon “una y otra vez historias que contaron cómo la escuela dejó de ser el lugar comunitario de enseñanza, juego y reunión para convertirse en uno de peligro por la presencia y acción de los actores armados en ella o en sus alrededores”, producto de “los ataques, el uso , la ocupación y el control de instituciones y centros educativos por parte de actores armados” en varios departamentos en los que se acumularon las quejas por violaciones reiteradas a los derechos humanos y las libertades ciudadanas. 

En las aulas se han vivido diferentes dramas humanos que ponen en jaque su carácter de territorio protector. Desde la deserción por acoso, intimidación, intentonas o amenazas hasta la directa vinculación a agrupaciones partícipes de la conflagración, que se suman a enfrentamientos, desapariciones, torturas y muertes que convirtieron las edificaciones educativas en escenarios para la muerte y la pernoctación, invasión o emplazamiento de actores armados.

La escuela, espacio natural para la congregación comunitaria, ha padecido señalamientos, disparos, vigilancias, cierres, prohibición de asistencia, control a sus contenidos, bloqueo a la movilidad de sus actores, minado de sus alrededores, acoso sexual a niñas y adolescentes, violación de maestras, asesinatos,  hostigamiento, conscripción, y ocupación por los diferentes ejércitos armados; poniendo en riesgo la cohesión social, la construcción colectiva y la articulación de la confianza que implican sus aulas. Tales acciones distorsionan el principio de distinción por el que sus actores no deberían ser considerados objetivos militares, ni verse tratados como combatientes, ni tomar parte o encontrarse involucrados en situaciones de combate.

Construir la paz desde la escuela pública implica sanaren las aulas las heridas de la guerra. El cúmulo de horrores padecidos en décadas de un conflicto armado desregulado que todavía respira y se asoma virulento en cada territorio, lleva a la escuela a miles de desterrados, a reinsertados, a firmantes de la paz, a víctimas sufrientes y victimarios arrepentidos, que habitan la escuela en sus distintas modalidades y niveles. También en las aulas se camuflan todavía personas vinculadas en oficios de inteligencia y contrainteligencia, seguimiento, perfilamiento, asesoría, colaboración y reclutamiento al servicio de actores armados de distintas banderas y tendencias.

Tal como lo ha mencionado el Ministro Alejandro Gaviria, también creemos que la escuela puede contribuir en “aclimatar la paz y la reconciliación en un país lleno de conflictos”, pese a que ella misma ha padecido las circunstancias más demenciales y beligerantes de un conflicto abyecto. Son múltiples las experiencias y evidencias de cómo las aulas han consolidado rutas sanadoras del dolor, la tensión y la inseguridad que dejan las secuelas del odio y la violencia armada, no sólo en los muros de las aulas, sino especialmente en los ojos asustadizos y en la vida incierta de sus niños, niñas y adolescentes.

En el camino que lleva a la edificación de la paz total, la escuela pública tiene un inmenso compromiso con la preservación de la memoria, la recuperación de las narrativas territoriales, la socialización de historias de vida y la difusión de las diversas experiencias vividas por niñas, niños, adolescentes y adultos escolarizados, madres, padres y cuidadores, familias, docentes, directivas y asesores externos; que permiten asomarse de modos variopintos al atiborrado caleidoscopio de las violencias escenificadas en el país.

Una escuela pública comprometida con la superación de las situaciones de conflicto padecidas en el país, se implica en la consolidación de la paz total de manera radical. Tal escuela asume como propia la tarea de investigar, narrar, promover y difundir el conocimiento de la verdad sobre el conflicto armado y sus consecuencias. Este es el pilar de la construcción de la paz en escenarios educativos públicos que fomenten la convivencia y estimulen la transformación dialógica de los conflictos, hilvanando acuerdos afincados en el buen vivir como finalidad posible para la afirmación de la concordia humana.