15 de febrero de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Luego de una expectativa que incluso podría considerarse innecesaria, ha sido divulgado el texto con el que el gobierno Petro – Márquez busca transformar el Sistema General de Seguridad en Salud, con la expectativa de que sea una reforma llena de vida, que le ponga tatequieto al monumental negocio montado con las EPS que, por tres décadas, jugaban a asegurar la prestación del servicio en salud, sin garantías.

Acumulando carcelazos de sus gerentes y directores por manifiestos incumplimientos, cuantiosas demandas, infinidad de tutelas, sanciones, liquidaciones e intervenciones a las más ineficientes hasta ahora, las ventajas de contar con estas entidades palidecen ante el extendido panorama de vulneración palpable al derecho a la salud, pues en lugar de proteger el aseguramiento en salud y garantizar la prestación de servicios de alta calidad, las EPS han operado como fondos de cobertura e inversiones privadas, protegiendo las condiciones del negocio por sobre la vida de las y los afiliados.

Servicios que garanticen el derecho a la salud

Implementar una política pública que entienda la salud como un servicio público esencial, es la clave del modelo preventivo y social que presenta el “gobierno del cambio”. Zanjando tensiones leguleyas, hay que decir que se tramita la actual reforma como una ley ordinaria porque el país ya cuenta con la ley estatutaria 1751 de 2015 que consagró y protege la salud como un derecho fundamental. En consecuencia, la actual reforma se dirige al funcionamiento y operación del sistema, afectando fuertemente el articulado de la funesta ley 100.

Bajo la garantía del aseguramiento social, la reforma busca articular el sistema, asegurar la atención básica, dotar de coherencia la integración de servicios por niveles, fortalecer la participación ciudadana, consolidar la política pública sectorial y controlar los riesgos financieros del sistema. Desde los 21 conceptos y definiciones contenidos en el artículo 4, queda claro el universo garantista en el que se inscribe la política gubernamental, trasformando incluso la comprensión de las instituciones en salud y el papel de sus agentes en el sistema. 

La reforma espera concretar la tarea de desmontar la salud como un negocio y transformarla en una plataforma para el cuidado de la vida, que asegure este derecho fundado en “la capacidad y la potencialidad física y mental de las personas para desarrollar sus proyectos de vida en las condiciones materiales y sociales más favorables cuyo resultado es el bienestar, el buen vivir y la dignidad humana, individual y colectiva”, impactando 14 determinantes sociales de la salud recogidos en el artículo 6.

Organizar el sistema

Respecto de la organización del sistema, asunto que ha suscitado denodadas críticas por parte de quienes hasta ahora más se han beneficiado del despiporre precariamente vigilado por la Superintendencia respectiva, se propone la reinstalación del Consejo Nacional de Salud y la consolidación territorial de la política pública, alimentando la expectativa de que el sistema pueda asegurar “la cooperación, coordinación, integración y articulación de las acciones y redes de servicios requeridos para la materialización del derecho a la salud”.

Un sistema enfocado a la promoción, la prevención, la atención de la enfermedad, la rehabilitación y la paliación apunta a proveer servicios en salud que se prestarán en redes integrales e integradas de servicios prestados en cooperación y complementariedad y no podrán ser negados a ninguna persona nacional o extranjera en las Instituciones de Salud del Estado, o en hospitales itinerantes operadas por las Fuerzas Militares, la Policía o por patrullas aéreas.

Fortalecer la calidad

En aras de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios y ofrecer garantías al personal hospitalario, las instituciones estatales en salud deben presentar un plan de gestión que estará en manos de un consejo directivo y un director de libre nombramiento y remoción, al frente de equipos de servidores públicos de régimen especial. Con ello se fortalece la carrera administrativa y se ofrecen garantías salariales y prestacionales al personal médico y hospitalario, que contará con un régimen laboral mandatorio y procesos de recertificación reglamentados.

De igual manera, se aspira a favorecer la asociación, manejo conjunto y fortalecimiento de estrategias que consoliden la prestación y garantía de servicios a las diferentes poblaciones, comunidades y etnias en los territorios en los que el Estado deberá empeñarse en proveer en un tiempo razonable lo prometido en la reforma, contando con un periodo de transición en el que las actuales EPS y sus IPS resultan necesarias, mientras se reconvierten.

Polémico también resulta la constitución del Fondo Único Público de Salud que devuelve al Estado la directa administración de los recursos que hoy engordan las arcas de las EPS. La ADRES, será la administradora de los recursos del sistema de salud y, con ello, desplaza a estas entidades privadas que se han lucrado afiliando usuarios sin garantizar su derecho a la salud, como sí se espera con la constitución de las Instituciones de Salud del Estado.

Si bien no desaparecen, las EPS dejan de ser regentes del erario y aportes de los trabajadores y podrán crear o administrar CAPS, prestar servicios de auditorías o administrar sistemas de referencia y contrarreferencia en entornos territoriales limitados o asignados. Contando con su actual experticia, los particulares podrían, por ejemplo, ofertar servicios tecnológicos y de comunicaciones que robustezcan el Sistema Público Único Integrado de Información en Salud.

Sin embargo, habrá que evitar que esa dependencia se convierta en un pulpo burocratizado y clientelista, pues condenaría al sistema a perores tiempos que los actuales. De hecho, una primera acción consistente en el saneamiento de los pasivos de las EPS con los hospitales públicos y clínicas, que supera ya los 16 billones, es una amenaza que no sólo pone en riesgo la estabilidad del sistema sino la calidad y garantía en la prestación de los servicios.   

Habrá que vigorizar aún más la atención a los requerimientos y prioridades de formación y educación superior en salud, para hacer que el país cuente con la necesaria disponibilidad de personal hospitalario, médico y especializado, hoy deficitaria.

Cuidado con la burocratización

Es cierto que preocupa la burocratización del sistema e incluso la proporción de usuarios que serán atendidos en cada nivel operativo, por lo que los más escépticos temen el retorno de experiencias asociadas a la extinción y liquidación del Instituto de Seguros Sociales. Tanto la telemedicina como los servicios de interconsulta diversificados podrían convertirse en alternativas eficaces para amplificar la atención en territorios que hoy no cuentan con servicios de salud o los disfrutan de manera precaria y sin apoyo de profesionales especializados.

Los sistemas de administración y franquicia, los fondos y partidas de dedicación exclusiva y las plataformas tecnologías disponibles hoy, puestas al servicio de las instancias rectoras del sistema, deben contribuir a fortalecer los soportes y condiciones para la asignación oportuna de citas, medicamentos y procedimientos básicos, especializados y de mayor complejidad, blindar administrativamente a la coordinación eficaz del sistema y proveer de mejor trazabilidad los procesos y requerimientos de la auditoría médica, de la eficiencia en la compra de medicamentos y de la adquisición de tecnologías médicas especializadas.

Procedimientos eficaces para la evaluación de indicadores de gestión, cumplimiento e impacto de las redes prestadoras de servicios de salud deberán generarse para valorar la capacidad operativa del sistema y de las instituciones sanitarias, de modo que no baste la afiliación, sino que haya disfrute efectivo de las atenciones y servicios de baja, media y alta complejidad necesarios para la protección y cuidado de la salud.

Asegurar la participación

Sumado a ello, instancias de participación activa y vinculante de la ciudadanía en las diferentes instancias de vigilancia, monitoreo y control del sistema, estimulan la exigibilidad de derechos y la incidencia en la toma de decisiones que, en lo que respecta a las comunidades étnicas, deberán garantizar la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la veeduría ciudadana en todos los territorios e instancias del sistema, contando igualmente con las funciones, facultades y competencias de la Superintendencia Nacional en Salud, cuyo trabajo deberá ser meticuloso, especialmente en la observancia y garantía de armonización del régimen de transición hacia las nuevas instituciones en salud.

Alianza público privada sin desventajas

Queda igualmente en la discusión del Congreso encontrar una estructura funcional que operacionalice la infraestructura hospitalaria privada y pública hoy existente, a fin de armonizarla para suplir deficiencias manifiestas del sistema y evitar su elitización, tanto como colapsarlas. De ahí que resulte positivo que el personal médico recupere la autonomía que nunca debió perder con la intervención de terceros que filtran y auditan su trabajo, ralentizando la atención tecnológica y especializada o impidiendo tratamientos requeridos por usuarios, generando ventajosas distorsiones del sistema como el sistema de recobros por gastos no cubiertos, sobrecostos y demás irregularidades.

Habrá que precisar, en la discusión en el congreso, los tiempos del proceso de transición del nuevo sistema y sopesar las condiciones de previsibilidad de los riesgos financieros para el funcionamiento del sistema. De igual manera, deberá observarse la velocidad en la que se marchitarán las actuales EPS, considerando que muy seguramente se gestarán nuevos negocios para el sector privado, orientados a la prestación de servicios de salud, especializados fundamentalmente.

El texto deberá modificar el artículo 145 y otros que hacen referencia restrictiva de la consulta previa a las autoridades tradicionales indígenas, sin considerar a otros pueblos étnicos, evitando exclusivismos e interpretaciones inconstitucionales en este y otros aspectos sensibles a la garantía del derecho a la educación.

Seguramente habrá broncazos, recortes y ajustes en su trámite. En todo caso, la reforma que conoce el país esta semana no sólo estaba demorada, sino que parece bienintencionada en el propósito de contar con un sistema de salud verdaderamente saludable y lleno de vida.