04 de noviembre de 2021

Por: Arleison Arcos Rivas

 La arquitectura de datos ha sido puesta al servicio de la vigilancia en redes sociales por parte del Ministerio de Defensa en Colombia, sin ninguna intención de fortalecimiento de la seguridad nacional. Por el contrario, la investigación “Ciberpatrullaje, el nuevo juez de la verdad”, presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha identificado estrategias de censura gubernamental y persecución por parte de organismos estatales que convierten en terrorismo digital la difusión de noticias y la propagación de opiniones en medios digitales.

Esta semana, nos hemos enterado que, en el país de las chuzadas, las escuchas ilegales, la constricción a la libertad de expresión y el perfilamiento a los opositores, se volvieron también frecuentes y rentables las estrategias de ciberpatrullaje. Un contrato por 900 millones para el desarrollo de una estrategia comunicativa en manos de Alotrópico SAS, alimento la apariencia de un ciberataque, que fue informado al país en páginas oficiales como un intento de bloqueo perpetrado por ciberterroristas, a cuya detección y señalamiento fueron asignados recursos públicos y funcionarios gubernamentales. Como resultado, sin que medie orden judicial y, al parecer por indicaciones del Ministerio de Defensa en cabeza de ro Molano, activos policiales eliminaron perfiles y publicaciones arbitrariamente identificadas como amenazas, so pretexto de “garantizar que haya balance” en la difusión de la información en redes sociales.

Si bien es loable que el gobierno nacional estimule la idea de que “a Colombia la protegemos todos”; no puede tolerarse que sean el engaño, la mentira, la falsedad, la argucia y la truculencia los instrumentos con los que se pretenda surtir tal acogida. Peor todavía, que sea la arbitrariedad y las razones del gobernante las que apuntalen el quehacer de organismos de seguridad, persecución judicial, detección y respuesta ante amenazas cibernéticas.

En una democracia que funcione como tal, no puede promoverse el uso de la seguridad informática para fomentar la irresponsabilidad y la conveniencia gubernamental. Por esa vía, la estigmatización de las alternativas, el señalamiento a los opositores y el rotulamiento al pensamiento disidente resultan perseguidas y criminalizadas; precarizando la libertad de expresión y deslegitimando a quienes se manifiestan contra el querer del gobernante y su accionar flagrantemente autoritario, represivo y desinstitucionalizador.

Preocupa igualmente que organismos estatales puedan usar el erario para fomentar irregularmente la defensa del gobernante y sus razones, precisamente en momentos en los que la ciudadanía se activa para expresar su opinión disidente y opositora. Preocupa sobre manera, siendo que nuestro juego procedimental hace aguas y evidencia su colapso, producto de la captura plutocrática de la representación política por la connivencia gubernamental con los sectores financieros, y ante un proceso electoral mediado por el control territorial de actores armados, por la descarada compra y venta de votos, por la intrusión de narcotraficantes financiando campañas, por la persistente activación de familias clientelares y por la irregular intervención de la Registraduría en el conteo de resultados, entre otros fenómenos enfermizos de nuestra particular entelequia democrática.

En Colombia, hemos padecido todas las formas de sindicación y violencia contra individuos, colectivos, comunidades, organizaciones, partidos y sectores movilizados por las denuncias de corrupción, ante los desbalances propiciados por agentes gubernamentales, contra los desmanes de las fuerzas uniformadas, o frente a los desafueros de instituciones y funcionarios confabulados con el accionar delincuencial de particulares y ejércitos irregulares. Por ello, el sólo hecho de que las autoridades levanten sospechas de actuaciones irregulares que socavan la intimidad y la privacidad, ponen en peligro la pluralidad informativa y constriñen la libertad de prensa y opinión pública, amplia y abierta debería concitar el rechazo activo de todas y todos, por todos los medios disponibles.

En ningún otro escenario que se reclame democrático o republicano, el poder de desinstitucionalización de una fuerza política ha generado tal nivel de penetración como en Colombia; ni siquiera en tiempos de guerra o dictaduras. Contra tal desinstalación de la Constitución y las leyes, deberíamos contar igualmente con sistemas de control que eviten, limiten y prohíban toda forma de actuación gubernamental contraria a la protección, salvaguardia y defensa del mandato supremo que proscribe absolutamente la censura en el país. Sin embargo, en un contexto en el que Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y buena parte de las magistraturas en las altas cortes han sido domeñadas por el partido de gobierno, las libertades que la democracia preconiza no encuentran quien pueda asistirle en momentos agónicos.

Frente a toda forma de unanimismo y propaganda fascista, absolutista y totalitaria, la defensa de la opinión libre y el pensamiento abierto no sólo constituyen bienes subjetivos de las y los ciudadanos, sino intereses públicos de la mayor consideración; cuya preservación debe procurarse sin medida alguna ni trámite institucional que los recorte; si es que somos una sociedad que merezca perdurar.