La presente legislatura es la constatación palmaria de la poquedad y la ruindad que caracterizan a una significativa porción de la clase dirigente del país, cuyos emisarios en el legislativo asumen con diligencia la defensa de sus intereses en las distintas comisiones, incluso contra el querer de las mayorías del pueblo.

Desde el inicio del presente gobierno, y especialmente en esta recta final, se ha escenificado una tensión que eleva la crispación pública hasta provocar la rigidez e inmovilidad en las perspectivas, tanto las manifiestas en espacios institucionales, como las que se expresan en las redes sociales y medios de información.

Entre posturas intransigentes y mensajes incendiarios, el cúmulo de odiadores crece y se agiganta en proporciones alarmantes. El reciente atentado contra una figura pública, por ejemplo, en lugar de convocar a la unidad y al rechazo unánime de los violentos, ha servido de acicate para avivar el faccionalismo y la animadversión, cabalgando sobre esa tragedia para ganar posicionamiento en la contienda electoral anunciada.

Como quedó evidenciado en el obtuso trámite legislativo de la reforma laboral y en la virulencia contra la reforma pensional y la reforma a la salud, la obcecación de muchos a quienes todavía se denomina representantes en Cámara y Senado responde más a los quereres y conveniencias de los oligopolios, rentistas, industriales y comerciantes, antes que al radical sopeso de la benevolencia de las transformaciones planteadas por el ejecutivo.

Las democracias palidecen y se erosionan cuando los factores que están involucrados en la toma de decisiones se alejan del querer ciudadano y de la prosperidad pública, operando en el terreno de la conveniencia privada y corporativa. Los Estados Unidos de Trump son hoy la mejor evidencia de ello.

En igual sentido, en la política colombiana se refleja el encono de los sectores tradicionalmente favorecidos con las acciones planteadas por el gobierno. Con las reformas que, sorpresivamente, han avanzado en la presente semana, se lanzan a los medios a profetizar masacres ocupacionales en las empresas, sobrecostos laborales inusitados, perjuicios inconmensurables, costos exorbitantes y cuanta frase grandilocuente se les ocurra para azuzar a enojadizos detractores.

El vocinglero presidente de Fenalco, manipula a su amaño las cifras económicas para augurar que “esta reforma incrementará los costos laborales entre un 18 y 34%; afectará las micro, pequeñas y medianas empresas especialmente las que trabajan y laboran durante las noches, dominicales y festivos y traerá como consecuencia la destrucción de miles de empleos y el incremento de la informalidad”; un escenario dantesco que, por fortuna, cuenta con analistas y expertos serios que le controvierten y contradicen.

Vientos demoníacos y siembra de pánico, anuncia Jaime Cabal, un dirigente caracterizado por torcer los datos en cada una de sus intervenciones, siempre en contravía del mejoramiento salarial y del reparto de bienestar para los menos favorecidos. Debe recordarse que el recorte de derechos laborales ocurrido durante el gobierno Uribe ni generó más empleo, ni produjo reparto de riquezas por la vía de l elevación salarial ni acondicionó de mejor manera al sector productivo para competir en mercados disputados.

El apoyo popular y masivo a esta reforma ha quedado en evidencia con las monumentales marchas que, promovidas por las centrales obreras y apoyadas por el gobierno, llevaron a la calle a muchos miles de personas que han padecido décadas de precariedad laboral y desprotección, con contratos abiertamente desventajosos, sin garantías sociales ni ingresos extra; dejando en los muros de los edificios y en las plataformas y redes su constancia de aceptación y respaldo a las medidas que buscan mejorar sus entradas.

Para los asalariados resulta claro que los comerciantes, industriales, gremios y corporaciones llaman al país a apretarse el cinturón y repartir las pérdidas durante los tiempos de vacas flacas para sus negocios, mientras se hacen los orejimochos a la hora de reconocer garantías laborales y producir mejoras en las prestaciones que los beneficien, desentendidos por los crecientes reclamos sociales que provocaron un extraordinario estallido en años todavía recientes.

También resulta palpable y bastante manifiesto que en el Congreso se han instalado fuerzas acomodaticias, retardatarias, e incluso adversas a cualquier asomo de mutaciones en el escalamiento de las transformaciones con las que se espera responder al diseño desproporcionado del reparto de la riqueza, en uno de los países más injustos del mundo.

Como queda expuesto por el avance de las reformas en el Congreso y el espaldarazo de la Corte Constitucional [que consideró las bondades de la pensional, por ahora], las posturas recalcitrantes de partidos opositores como Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, sumadas a sectores de otras colectividades declaradas independientes, quedaron desnudas, al superarse el escollo avieso por el que se habían radicalizado impidiendo incluso la discusión del proyecto. Con esta aprobación, buscando frenar la convocatoria a la Consulta Popular, «se les cayó el entable», como dicen en Antioquia, de donde es el señor Cabal.