La creciente zozobra con la que han decidido actuar altas cortes y tribunales electorales en Colombia pone en riesgo los procedimientos democráticos y constituye una seria amenaza contra la expresión autónoma de la ciudadanía. Por fuera de las urnas, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Consejo de Estado han tomado decisiones que siembran con incertidumbre el cotejo electorero y la representación de la ciudadanía en colectividades políticas.

El que se niegue la participación en una consulta interpartidista, interpretando de mala manera el precedente de la realización de la primera consulta de una colectividad para elegir a su candidato, eleva las suspicacias respecto de la actuación, por lo menos indecorosa, del cuestionado Consejo Nacional Electoral.

En igual sentido, cuando el Consejo de Estado emprende la anulación de personerías jurídicas de fuerzas políticas no tradicionales como Independientes, Nueva Fuerza Democrática, En Marcha, Creemos y, en lo personal la más dolorosa,  la de Soy Porque Somos, afianza la influencia de las fuerzas electorales hasta ahora mayoritarias, deudoras del viejo esquema bipartidista en Colombia, representa un quiebre en institucional, debilitando la expresión de sectores emergentes. Se agrava el asunto cuando, además, se impide la conformación de agrupaciones políticas imponiendo exigencias de requisitos estatutarios anodinos para su funcionamiento legal. 

De repeso, el formalismo aplicado de manera selectiva en la confección de listas o en la decisión de la asignación de curules introduce desventajas que afectan en la favorabilidad de los movimientos prograsistas, cada vez más incidentes en la contienda, obligando a recurrir a fatigantes recursos legales que, de paso, atosigan el ya abarrotado sistema judicial colombiano; acumulando igualmente cientos de nuevos procesos que reclaman observación internacional y medidas cautelares de organismos multilaterales.

Para colmo de males, también se registra un duro golpe a las izquierdas con la anulación de la elección de varios congresistas, afectando el potencial decisional de las fuerzas alternativas, cuyo margen de actuación institucional resulta restringido, resquebrando los instrumentos jurídicos con los que se ha apostado por abrir el escenario político a la expresión diversa de movimientos y partidos que apuestan por gestionar sus demandas e intereses por canales legítimos.

Estos asuntos, de fuerte incidencia política, no se circunscriben exclusivamente a los aspectos administrativos en la abigarrada organización electoral colombiana. Mucho más allá, lo que se ha venido gestando es un ajuste desinstitucionalizador a la expresión autónoma de la ciudadanía, facultada constitucionalmente para organizarse y manifestarse eligiendo a sus candidatos y votando en las urnas por su iniciativa preferente.

El reacomodo del sistema político, afectando la baraja de opciones en contienda, no sólo refuerza la potencialidad de victoria de las fuerzas tradicionales, sino que aminora las oportunidades de expresión plural en el escenario electoral, promoviendo el entrampamiento de la decisión electoral por una vía alterna a la de las urnas.

Afectar derechos civiles y políticos, usando la capacidad regulatoria de las instituciones del estado para confinar, cercar y dividir al progresismo, completa un circuito de disciplinamiento grotesco que erosiona la institucionalidad, reinstalando prácticas de exclusivismo y exclusión por las que la autoridad electoral se convierte en una frontera que bloquea la representación libérrima y autónoma de la ciudadanía.

Para crecer, las alternativas requieren una comprensión dúctil de las normas, evitando el amañado rigorismo con el que proceden algunos emisarios partidistas camuflados entre las togas de los altos tribunales responsables de la lid eleccionaria. Más allá de convencionalismos y ortodoxias doxológicas que remiten tanto al purismo normativo como a la manipulación interpretativa para privilegiar y favorecer a unos en desmedro de la equidad con otros, el país requiere organismos que oxigenen la dinámica sufragista, avanzando hacia un ordenamiento y reglamentación que privilegie los principios de la democracia y afirme la garantía de derechos fundamentales.

Contra la rigidez, el dogmatismo o el excesivo acomodamiento que termina en ruptura institucional tanto como en torcedura de las normas, parece necesario avanzar hacia una sistema electoral armónico, proteccionista y de alta relevancia a los ejes rectores constitucionales, que opere activamente para promover equidad y desestimule la desigualdad en los procesos representativos y decisionales  de la democracia colombiana.

El hecho de que hayan naufragado más de quince intentos de reforma política buscando transformar al Consejo Nacional Electoral en un órgano ágil, dinámico y propositivo, neutral entre las diferentes alternativas partidistas, y coherente en sus decisiones, da cuenta de la ingente tarea que todavía tenemos por demoler el separatismo electorero que atenta contra la libre expresión decisional de la ciudadanía y eleva la impúdica desinstitucionalización nacional.

En el propósito sempiterno de que las entidades públicas restauren el pacto democrático y provean confianza a los procesos institucionales, la construcción de un sistema decisional transparente, equitativo y plural exige la audacia de concitar la voluntad política de la ciudadanía, de los movimientos y de las fuerzas partidistas en pro de eliminar la cartelización de los procesos electorales.