4 de agosto de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Las dinámicas de lo político en Colombia se encuentran, todas, en desarrollo incipiente. De ahí que dedicarse a la tarea reconstructiva de los vínculos societales para poder gestar una nación capaz de verse a sí misma en su pluralidad, diferencia y diversidad, marca la senda de lo que pueda construirse en los primeros cuatro años de gobierno del Pacto Histórico, un proyecto que no puede agotarse en un solo gobierno, si pretende transformar definitivamente al país.

Tres años de trabajo de la Comisión de la Verdad, afirmaron su propósito de “construir un relato comprensivo y profundo de las causas y afectaciones durante el conflicto armado interno; promover el reconocimiento de responsabilidades de los actores que de una u otra manera participaron en el conflicto, y la reflexión por parte del Estado y la Sociedad de la gravedad de lo acaecido, con el fin de identificar lo que es necesario transformar, para que nunca más vuelva a suceder, y así avanzar hacia la convivencia y la no repetición”.

En el mismo sentido, las audiencias de reconocimiento que ha venido adelantando la Jurisdicción Especial de Paz actores involucrados en el conflicto armado, como el Secretariado de las FARC-EP y miembros de la fuerza pública involucrados en la comisión de Falsos Positivos evidencian, cada vez más descarnado, el intenso drama humanitario escenificado en el país tras décadas de impulsar la intentona bélica para resolver nuestros problemas.

Entregado ya el informe final de la Comisión de la Verdad y a punto de que se emitan las resoluciones de conclusiones con destino al Tribunal de Paz que impondrá las primeras sanciones, a cuenta del trabajo pericial de la JEP; el país avanza en la consolidación de condiciones para que resulte posible un nuevo esfuerzo en la prosecución de la paz total, vinculando a otros actores que hoy continúan batallando, instigan o permanecen al margen de tal construcción.

Estas dos instancias contenidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, marcan el rumbo que requiere el país, en el propósito de superar la guerra y consolidar alternativas de reconciliación entre quienes han alimentado el desbarajuste institucional y la quiebra moral del país. El cuestionamiento a su trabajo y dedicación al esclarecimiento de lo acontecido con el conflicto armado evidencia que las secuelas de la guerra siguen palpitando, tiene heridas abiertas y genera resquemores en amplios sectores de la sociedad, en especial con quienes persisten en el ocultamiento y desatención de los factores violentos y deshumanizadores acontecidos en estas décadas.

Con razón, Vicente de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, ha manifestado que quienes siguen en modo guerra tendrán problemas para aceptar la verdad. Resulta evidente y desproporcionado que en Colombia se ha alimentado la venalidad, la insania y la avaricia a galope del sinsentido con tantas violencias acumuladas por décadas; así como resulta contundente que en esta guerra no todos han sido víctimas; por lo que hay especiales victimarios que permanecen agazapados y a la espera de nuevas oportunidades para encender la hoguera bélica.

El país entero debería escudar a la JEP para que continúe su trabajo y adoptar las diferentes piezas del informe final de la Comisión de la Verdad como soportes de un nuevo trámite institucional que convenga en nuestra oportunidad para superar la guerra de una vez por todas y restañe las herramientas de la civilidad y la palabra como únicas armas para la expresión de la ciudadanía democrática.

El país también debería corear a una sola voz el reclamo encendido contra quienes se han empeñado en hacer trizas la paz, encendiendo odios y batiendo tambores de guerra; pues son quienes dificultan el avance hacia la pactación total y el alcance de acuerdos sobre lo fundamental: acceso igualitario a la tierra, reparto equitativo de la riqueza y apertura a los escenarios de influencia y las posiciones de poder.

Esa es la importancia que tiene la propuesta, siempre posible y perfectible, de canalizar las energías sociales e institucionales en la prosecución de la paz total, de manera que resulte posible incorporar a diferentes organizaciones criminales, agrupaciones paramilitares, facciones guerrilleras, ejércitos privados y narcotraficantes a una red negociadora de la dejación de armas, la pactación, el desmantelamiento de tales estructuras y la consolidación de garantías para la no repetición.

Los viejos manuales de desarme y sometimiento a la justicia no sirven en Colombia; tampoco las estrategias negociadoras convencionales. Aunque resulta imaginable avanzar en procesos de diálogo a varios lados de la misma mesa, las inmensas diferencias existentes entre bandas, pandillas, grupos residuales, ejércitos mercenarios, reductos guerrilleros y tropas al servicio de narcotraficantes y latifundistas anti restitución, ejemplifican la intensidad y complejidad de las iniciativas de diálogo que habrá que instalar con agrupaciones disimiles, fragmentarias y movidas por intereses diversos.

Tanto en las iniciativas por acuerdos humanitarios inmediatos, como en los esfuerzos que hayan de aplicarse a experiencias de diálogo multinivel, regionales y nacionales, la consigna tendrá que ser una sola: reconstruir un país que ha padecido estertores y agonías descomunales, en las que ninguna receta sabida, ninguna limitación internacional y ninguna escaramuza ideológica puede ponerse como cortapisa ante los manifiestos anhelos por hacer que, por fin en Colombia, la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¡Bienvenido un gobierno comprometido con la verdad y afanoso en la reparación histórica con la que promete hacer trizas la guerra!