16 de noviembre de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

El desgobierno de la opinión pública en Colombia acude a todos los medios de escucha. En una contienda política en la que se asume a un gobierno alternativo como enemigo absoluto, los grupos de interés que no resultan confluentes se comportan como combatientes, acuden a las más variadas estratagemas, actuando en todas las dimensiones en las que se les pueda hacer daño o menguar su resistencia, su intencionalidad defensiva y capacidad de respuesta, promoviendo iniciativas que buscan condicionar la información y modelar su recepción por públicos fuertemente influenciables.

Copando todos los escenarios comunicacionales, espacios difusivos y plataformas informativas, quienes pretenden controlar las narrativas periodísticas y mediáticas se esmeran en hilvanar maniobras de ataque y contraataque con las que se nutre el universo ficcional y artificioso de la actual producción de noticias corporativas en los enredamientos desinformadores.

De manera simplista y simplificadora, la manipulación informativa apela a la emocionalidad, a la carga emotiva, al sensacionalismo, a la exaltación y al efectismo de los titulares que se convierten en comidilla cotidiana, sin mayor digestión de lo informado, como quiera que buena parte de la tarea anunciante de sucesos se vale de la pulsión por reenviar y dar likes a cualquier cosa, sin absorción de matiz alguno.

Cabalgando sobre verdades a medias, falsedades técnicas y decires sin confirmación, la intencionalidad comunicativa palidece y se disuelve en el chisme. Sin prueba alguna, bien puede afirmarse que un personaje padece una adicción, aseverar que el gobierno elevará un impuesto o cuestionar una propuesta legislativa, sin aportar un solo hecho que resulte siquiera verosímil; menos aún, probadamente cierto e irrefutable.

La construcción narrativa de quienes acuden a todos los medios de lucha antigobiernista se asemeja a la de los planificadores de bombardeos, tanto masivos como quirúrgicos. Antes del ataque definitivo, la distribución informativa de malestar, zozobra y desprestigio aligera la opinión y disuelve el juicio, buscando paralizar o suspender la capacidad del público para opinar con prudencia y sensatez.

Los estrategas corporativos, pequeños unos, grandes los otros; acuden a rudimentarias armas de bombardeo no selectivo como las cadenas de WhatsApp, cuentan con la opinión frecuente y planificada de periodistas radiactivos, e incluso contratan estrategas y consultores expertos que difundan encuestas, maniobren con cifras o promuevan versiones y posiciones convenidas y convenientes para provocar ataques quirúrgicos o meticulosos, como se hace con ciertos bombardeos que aseguran la destrucción masiva y en cadena.

Ello depende de la intensidad con la que se impulsen las afirmaciones diseñadas para convertirse en tendencias, o las notas periodísticas presentadas como noticias en desarrollo, extras o información de última hora, muletillas exculpatorias de la necesidad de confirmar, cotejar previamente con distintas fuentes y someter a criterios de imparcialidad y ecuanimidad lo difundido.

Todos los medios bajo el control corporativo son utilizados como un puerto de distribución masiva de minas radiodifundidas, bombas televisivas, y mentefactos explosivos, cuyas representaciones erosionantes del prestigio, la solvencia moral, la calidad profesional o las disposiciones mentales se ponen a rodar profusamente en distintas plataformas y redes. 

Aunque corren el riesgo de ser desmentidos, la desproporción de la lucha desinformadora juega en favor de quienes cuentan con medios influyentes y amplias coberturas que les aseguran producir y reeditar sistemáticamente titulares noticiosos y despliegues periodísticos que opacan y socavan la potencialidad de respuesta de los contendores. Así, pese a que se acuda a sistemas alternativos y medios públicos para difundir acontecimientos y versiones que alivianen el daño y la satanización, la victoria mediática ya se ha sellado, por la eficacia difamatoria con la que basta, incluso ante la evidencia, la apelación acomodaticia a la retracción. 

En aras del gobierno de la opinión, que se enfrenta decididamente contra la vulneración de la garantía informativa, hemos llegado a un momento en el que el reclamo de sensatez exige el arrumbe de la banalidad, el mandato de la significación, la clarificación de los contenidos y el relevamiento del registro probatorio; conminando toda complicidad con pareceres antojadizos y malintencionados.

Si la comunicación pública aspira a contribuir a que los individuos estén preparados para sopesar argumentos y tomar decisiones cada vez más acertadas, como sociedad tenemos que asumir el compromiso de optimizar nuestra capacidad informativa, eliminando la confusión noticiosa, la mendacidad mediática y la irracionalidad periodística que operan como estrategias de control discursivo; antes que, en este ambiente de progresivo desconcierto y desinstitucionalización, sobrevenga la incomprensión como indefectible colapso comunicativo.