19 de octubre de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

La semana pasada recibí un enlace de invitación para hacer parte de un grupo en la red social Telegram denominado “Paloterapia Oficial”. Me llamó la atención su curioso nombre y decidí acceder para revisar su contenido. Solo tuve que mirar dos o tres sangrientos videos y leer algunos comentarios de su creador para enterarme de qué se trataba. Un grupo con casi 40 mil participantes de todos los rincones de Colombia, en el que comparten vídeos de la manera en que personas de distintas comunidades capturan presuntos ladrones y les aplican justicia por mano propia.

Desde luego, esa justicia no es conducir al capturado a las autoridades como indica la Constitución y la ley. Lo que hacen las personas es propinar una paliza colectiva al presunto ladrón hasta dejarlo prácticamente muerto, agonizante o hasta que la Policía lo rescate. En los vídeos se aprecia que hay ciudadanos que tratan de intervenir para evitar ese proceder de la comunidad iracunda, pero más pesan los deseos de lesionar, dañar, y dejar lisiado al presunto delincuente.

Naturalmente, como demócrata rechazo esas conductas. Actos de esa naturaleza no pueden tener cabida en un Estado democrático, que debería garantizar los derechos humanos de sus asociados. El debido proceso es una garantía constitucional que implica que a ninguna persona se le pueden imponer sanciones, ni restricciones, ni penalidades sin que medie un procedimiento reglado en la ley. que le otorgue las posibilidades de defenderse, de presentar pruebas e impugnar las que haya en su contra. Todos esos postulados del artículo 29 superior parecen fantasía ante la realidad de inoperancia de la institucionalidad en Colombia para garantizar, por un lado, los derechos de la ciudadanía en general, y por otro, para capturar, conducir a las autoridades judiciales, adelantar los procesos penales e imponer las sanciones a quienes atenten contra la ley.

Quienes defienden estas acciones de las comunidades no las consideran violencia sino legítima defensa. Aducen que, ante la incapacidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la respuesta de los colectivos no puede ser esperar impávidos a ser víctimas sistemáticas del hampa que crece exponencialmente en las ciudades y campos del país.

Sin duda alguna, les asiste razón en esos argumentos (aunque no en la denominación de legítima defensa). La inseguridad para los ciudadanos de Colombia se ha exacerbado, por citar un par de ejemplos: solo en el centro de Medellín se han denunciado más de 5.000 hurtos este año, y en el sistema de transporte Transmilenio de Bogotá han ocurrido más de 3.500. Por todo esto, la responsabilidad radica principalmente en la institucionalidad.

La Policía Nacional tiene que modernizarse y avanzar en inteligencia para contrarrestar las nuevas formas de accionar de la criminalidad. El Sistema Judicial tiene que actuar de manera expedita en la judicialización de los presuntos delincuentes, y de manera articulada con el accionar policial. La Policía tiene que reasumir su atribución constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Por tanto, esas funciones de autoridad de tránsito, de protección de altos dignatarios, de custodio de detenidos en centros de retención transitorios; entre otras, son competencias que deben ser asumidas por los órganos correspondientes. La Policía tiene que transformarse en un verdadero cuerpo civil que con una nueva política institucional actúe con contundencia y efectividad contra el delito y con todas las garantías para los ciudadanos.

Entretanto, es necesario que la reforma a la justicia contemple sanciones restrictivas para la reincidencia en delitos menores. No puede haber personas que de manera indefinida infrinjan la Ley Penal, y la respuesta institucional sea simplemente una reseña. Pero, más importante que todo lo anterior, se requiere que antes de todas estas reformas que eviten lo que sugiere el título de esta columna, Colombia se convierta en un país de verdaderas oportunidades que no conviertan a la delincuencia en una opción para sobrevivir.