7 de julio de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Pocas veces hemos podido presenciar tal nivel de ataque y virulencia contra un gobierno que, antes de posesionarse, cuenta con la declaratoria de enemistad y oposición furibunda contra el pacto histórico, su presidente, su vicepresidenta y sus congresistas más connotados, proveniente de una enardecida facción de radicales detractores, bastante decididos a impedir el buen funcionamiento gubernamental. 

Desde la derecha se extrema la virulencia, ventilando a viva voz que la gestión del primer gobierno alternativo o de izquierda será de suyo nefasta. Incluso el acto de sagacidad con el que Álvaro Uribe busca “caer parado” al recibir con agrado, aunque no sin reparos, la invitación a dialogar que le extendiera Gustavo Petro, le ha ganado la ojeriza de quienes, de todo hay en la viña, se sienten más uribistas que Uribe.

La operación se llama desgastar a Petro. Para ello la instrumentalización de la prensa la concentración de críticas en redes sociales y la fabricación de noticias falsas, engañosas y no confirmadas, sirven como preámbulo de la andanada violenta con la que será recibido el nuevo gobierno, contra el que se han anunciado marchas para el 20 de julio, el retiro de embajadores y altos oficiales antes de su posesión, boicot y manifestaciones el día de la posesión. Completa el conjunto de maniobras opositoras una batería de contrapropuestas y barreras para limitar y hacer inanes las anunciadas propuestas que deberán ser presentadas desde la primera legislatura en el Congreso.

Sin embargo, las reformas no solo son necesarias: constituyen el fundamento mismo del “cambio por la vida” que fue votado en las urnas, tanto por la porción ganadora como por buena parte del voto antiestablecimiento e incluso antipetrista animado por el discurso anticorrupción enarbolado por Rodolfo Hernández. 

Por lo menos una nueva ley estatutaria y garantista del derecho fundamental a la educación, cambios en el desproporcionado régimen pensional que aseguren su disfrute, reajustes a la intermediación que convirtió en negocio el derecho a la salud y, evidentemente, el reacomodo de las cargas fiscales para que tributen quienes gozan de amplias dádivas y exenciones, se imponen como necesarias en un país en el que la garantía de derechos resulta irrisoria, ante las reiteradas evidencias de la desproporción en la acumulación de riqueza y el grave desajuste en el ordenamiento territorial, con sus graves impactos de desprotección generalizada, creciente pobreza y desigualdad social, política, regional y económica.

Pese a los nuevos vientos, tampoco sería sano erosionar la agenda de los movimientos étnicos, sociales, diversos, de género y demás expresiones de la sociedad civil, que no pueden agotarse ni subsumirse en las propuestas gubernamentales; incluso considerando la pertinencia de un nuevo ministerio de la igualdad, en cabeza de Francia Márquez.

Si bien todo gobierno requiere la confluencia de fuerzas aliadas tanto como la cautela de una oposición inteligente y participativa, los llamados a bloquear cualquier iniciativa con sello petrista son infantiles, desmedidos e irresponsables; toda vez que un país no es la medida de su pasado sino un laboratorio del bienestar que pueda deparar la consideración de su futuro posible. Por ello, las fuerzas opositoras deberán calcular la intensidad de su agitación, a menos que apuesten por hacer de Colombia, paradójicamente, una segunda Venezuela, interfiriendo en su balanza comercial, presionando la dependencia energética de hidrocarburos, desescalando intencionalmente el dinamismo empresarial, y programando alzas y desabastecimientos que afectan los costos que pagan los más vulnerables. La receta opositora tras el fracaso venezolano ya la conocemos, sin que puedan obviarse los nefastos desafueros gubernamentales, que agigantaron la crisis.

La materialización del porvenir, con su carga de optimismo por el potencial de bienestar que implican las políticas a implementar, requiere la confluencia y cooperación de todas las fuerzas políticas que se presentan a elecciones, incluso las que se declaren opositoras, con todo y sus reservas. Sin ello, el juego democrático entra en riesgo y se disuelve la vigencia plena de una Constitución fundada sobre principios de derecho.

Oponerse, entonces, no es desgastar. Aunque en la aventura electoral resulta tolerable que se eleve la altisonancia pendenciera por la que la política continúa la guerra por otros medios, un país no puede vivir en ambiente de campaña cuatro años seguidos. Eso no ha resultado sano en nuestra historia, por lo que deberíamos poder cerrar el capítulo de la bucólica alternancia bipartidista o frentenacionalista que lleva a jugar al desgaste del gobierno, sin darle al país la oportunidad de avanzar por fin a un acuerdo sobre lo fundamental, que ponga en la misma agenda lo que queremos y podemos ser como nación. Seguir alimentando la radicalización a ultranza, e incluso leer en los resultados electorales una polarización excluyente entre dos versiones del país en las que hasta el pastoso grito de “Antioquia Federal” resulta todavía audible, es insensato y desafortunado. 

El país de las altas expectativas que implica el “Cambio por la Vida” requiere una oposición a su nivel, hecha con altura, argumentación y proposición. En igual sentido, urge sepultar las prácticas de clientelismo con el que lentejos y enmermelados condicionan el éxito del trámite legislativo a la satisfacción de favorecimientos, prebendas burocráticas y negociados con el erario.

De ahí que se imponga afianzar el equilibrio democrático, contando con fuerzas y partidos que cuenten que abre amplio margen institucional y garantías políticas para la expresión de disensos, poniendo el acento sobre las íes de la pactación y en el respeto a los acuerdos que contribuyan a dinamizar la economía con sentido social, fortalezcan las instituciones para que resulten garantistas, aclimaten las reformas apuntando a la proporcionalidad y justicia, consoliden formas de entendimiento que posibiliten la expresión, movilización y protesta de las diferentes fuerzas sociales, robusteciendo escenarios democráticos que contribuyan a esclarecer el rumbo de la política, en un país necesitado de anular de una buena vez la teoría del enemigo interno y las marcadas heridas provocadas por un conflicto armado no tramitado como corresponde.

Una oposición más interesada en fiscalizar al gobierno que en desgastarlo, resulta útil, provechosa y necesaria para avanzar hacia un país capaz de acordar lo común y defenderlo. Ahí está nuestra oportunidad como nación antes de que, como en el cuento de Manuel Zapata Olivella, se desbarranque la tierra mojada y nos jodamos todos.