Ni verdad, ni justicia

Por: John Jairo Blandón Mena

Hace poco más de un mes arribó a Colombia Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, luego de purgar 12 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, en su calidad de deportado desde el país del norte, llegó a responder por 1.456 investigaciones penales y 35 órdenes de captura pendientes en el país, consecuencia de los más de 600 asesinatos entre masacres y muertes selectivas que perpetró material o intelectualmente cuando fungía como comandante del temible y sanguinario Bloque Norte de las Autodefensas. Homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violaciones, y finalmente, la única condena que ha descontado fue por el hecho que menos víctimas registra en Colombia: participar en el envío de 1.500 kilogramos de cocaína entre 2002 y 2005 a Estados Unidos, al ser él, quien dirigía el cultivo, producción y tráfico en los territorios controlados por la estructura paramilitar a su mando.

Fue más de una década de una actitud hostil del señor Rodrigo Tovar con los cientos de víctimas, ni antes ni después de su extradición contó la verdad de sus crímenes, se negó a asistir a 48 diligencias de versión libre dejando plantadas a decenas de víctimas, que solo esperaban que se expresara fundamentalmente sobre los desaparecidos y fosas comunes que su macabro accionar armado durante 12 años dejó en la región Caribe y hasta en Santander.

Los sobrevivientes de hechos como la matanza de Nueva Venecia en noviembre de 2.000 en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, en la que los hombres de “Jorge 40” entraron en lancha por la ciénaga de Pajaral y asesinaron con armas de fuego y elementos corto punzantes a 37 labriegos y pescadores, desapareciendo alrededor de otros 30, quienes, según versiones de lugareños, fueron arrojados desmembrados por caños. O, las cruentas masacres del Salado en el Sur de Bolívar, donde fueron torturados y asesinados más de 60 campesinos, y la de Bahía Portete, donde el entonces jefe paramilitar dio la orden de ultimar con disparos de gracia y desmembrar a decenas de campesinos Wayúu y cortar las cabezas de las matronas de la comunidad para clavarlas en estacas  en las puertas de los ranchos, son solo algunos de los hechos punibles en los que el  señor Rodrigo Tovar Pupo prefirió callar, despreciar a las víctimas y evitar el esclarecimiento de los delitos. Y bien vale decirlo de paso, poco o nada, ha hecho la propia justicia en avanzar en los procesos, en los que seguramente, algunos mandos militares, empresarios y políticos de la zona tendrían mucho que aportar.

Por todo lo anterior, sorprende de sobremanera la misiva que el señor Rodrigo Tovar Pupo envió hoy al Presidente de República, en ella, entre otras, exige un sitio especial de reclusión, demanda del Estado protección a su familia y cuestiona los nulos resultados de la justicia en el proceso por el asesinato de su hermano en Valledupar. Le asiste plenamente la razón en pedir condiciones de seguridad para los suyos, todos los colombianos debemos gozar de la protección del Estado, sin embargo, en lo demás, carecen de fundamento sus suplicas, pues actualmente se encuentra en un pabellón de alta seguridad de la Cárcel Picaleña de Ibagué, en la que según el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, no tendrá contacto con otros internos, su celda se encuentra totalmente aislada y tiene plenas condiciones de seguridad, y frente a la justicia, en Colombia cerca del 86% de los homicidios siguen en la impunidad, y la verdad es que este sujeto es el menos indicado para exigir resultados al aparato jurisdiccional, cuando nadie más que él, ha hecho todo para que en sus crímenes no opere.

Sentí repugnancia al leer el documento en el que Tovar Pupo no menciona a sus víctimas, ni hace referencia a la verdad que ellas esperan para tener paz. Su insuficiente condena en Estados Unidos no le sirvió para reconocer lo atroz de sus actos, al contrario, calificó sus acciones armadas como una “confrontación con sus enemigos comunistas”. En lo que si coincido con lo planteado en la carta, es que su extradición a Estados Unidos se hizo con la intención de no juzgar los actos propios de su acción armada; y de conformidad con lo que pasa hoy, esa pretensión de la élite colombiana continuará manteniéndose muy a pesar de las víctimas.

*Imagen tomada del diariolalibertad.com