Una de las teorías políticas que más ha perdido con el acrecentamiento de la arrogancia autoritaria que caracteriza al gobierno Trump es la que afirma que las democracias comportan un sentido moral elevado al someter la autoridad de sus gobernantes a pesos y contrapesos que contienen y desestimulan la actuación arbitraria en figuras investidas de poder.

Con el propósito de que no exista espacio para la concentración absoluta de la autoridad, en las diferentes naciones sometidas al compromiso por el que se establecen las constituciones como instrumentos rectores de la vida en sociedad se equilibran las facultades de los diferentes órganos o ramas del poder, estableciendo controles y regulaciones que garanticen la separación de poderes, la protección de las libertades y la preeminencia de los derechos y principios que rigen la existencia de las instituciones, y los acuerdos entre gobernantes y la ciudadanía.

Bajo tal postulado, el apego a los fueros y el respeto jurisdiccional constreñiría la desproporcionada injerencia de quienes, animados por intereses mezquinos y particularistas, obrarían obligados por el respeto a códigos y normas que reglamentan y sistematizan su capacidad decisional, evitando desbordes desinstitucionalizadores que pongan en jaque a las democracias.

A contracorriente, el ambiente político marcado por la excesiva visibilidad ganada por figuras como Donald Trump, en su segundo mandato, dibuja un escenario en el que los desafueros internos y la flagrante vulneración del derecho internacional, socavan la estabilidad y confianza en las autoridades responsables de garantizar la seguridad, proteger derechos y libertades, y extender un manto de entendimiento armonioso con los diferentes países.

El hecho de que un mandatario afirme que no reconoce autoridad ni límite distinto al que nace de “su propia moral”, evidencia un riesgo protuberante en la solvencia con la que deberían acogerse los mecanismos que se han venido decantando a lo largo de fatigosos siglos en procura de contener el unicismo.

En la larga marcha emprendida por los pueblos en procura de independencia, autonomía y ampliación de garantías para la vida, constreñidas por la discrecionalidad, la privatización y corporativización del poder, ha resultado monumental la contención del voluntarismo, la regulación legislativa, la fiscalización de las actuaciones públicas, el apego irrestricto de la justicia a códigos y precedentes, el sometimiento del poderío militar a interjuegos políticos y jurídicos, la transparencia decisional, la ampliación eleccionaria, la pactación y el acuerdo trasnacional.

Suele pensarse que tales desproporciones ocurren en estados marginales en el concierto mundial, o incluso en los denominados estados fallidos en los que la veleidad dictatorial se impone. Sin embargo, cuando se debilitan tales pesos y contrapesos en naciones del denominado primer mundo, como los Estados Unidos, en los que la voluntad de un individuo autoritario, el atrevimiento de quienes le secundan, y la arrogancia de la fuerza usada como policía política o instrumento de violencia transestatal, la idea misma de estado de derecho desaparece.

La defensa de preeminencias corporativas, la usurpación de funciones, la negación de la jurisdicción de jueces intranacionales, el bloqueo organizaciones multilaterales, la subvaloración de la soberanía de las naciones, la implementación de formas estatales de terrorismo dentro y fuera de esa nación, evidencia un escenario de subyugación en el que la voluntad colectiva queda inerme y a la deriva, sin balance alguno; debilitada por una agenda personalista.

El estado de la oposición mundial a figuras que, como Donald Trump, avanzan bajo pretensiones imperiales, ha resultado débil. Bajo el postulado de “hacer cumplir la ley” pisotean derechos de la ciudadanía hasta provocarles la muerte. Con la excusa de controlar el tráfico de drogas, asesinan en actos sumarios y sin apego a norma alguna. Tras intenciones mercantilistas, han emprendido acciones bélicas desaforadas incluso contra un presidente en funciones. Movilizando beneficios económicos corporativos, aplican sanciones y elevan aranceles sin parangón. Buscando mejorar su posición estratégica, apuntan hacia territorios en el globo que consideran de su único y prioritario interés; al tiempo que sostienen un omnímodo poder de veto a las decisiones en organismos multilaterales.

El estado de zozobra en el que el mundo se encuentra hace temer prontas guerras. Antes que ocurran, frente a la debilidad y desorden internacional, habría que agigantar la voz de los pueblos para que se implementen medidas ciudadanas que contengan la voracidad imperial y la unidireccionalidad. Es urgente fortalecer la educación popular y las tareas de concienciación en torno a las dinámicas estructurales que alimentan la afectación de pesos y contrapesos, si se quiere que la democracia apuntale luchas comunes.

Para ello, el portafolio de la reexistencia debe nutrirse con actividades de boicot selectivo a eventos, foros y citaciones promovidas por regímenes autoritarios o empresas cómplices, prácticas de consumo responsable, uso estratégico de las herramientas digitales para amplificar denuncias, coordinar acciones colectivas o promover actuaciones de alarma y apagón, protestas masivas y desobediencia civil no violenta, campañas de desinversión en empresas armamentísticas y extractivistas, promoción de peticiones globales acompañadas de manifestaciones públicas, apoyo y agitación en favor de movimientos de resistencia pacífica, promoción de asambleas ciudadanas, e incluso tomas de edificios públicos para exigir transparencia política y visibilización de gastos militares, construcción y fortalecimiento de redes solidarias transnacionales; acrecentando las oportunidades de participación activa en procesos eleccionarios, y la presión para que los ciudadanos rechacen y procuren controlar a líderes belicistas o populistas autoritarios a los que poco importan los pesos y contrapesos.