Por: Rudy Amanda Hurtado Garcés

En Colombia, la política de drogas durante el gobierno del presidente del partido conservador Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002), adquirió una especificidad a través de la política pública denominada “Plan Colombia”, el cual surgió en el marco del proceso de los diálogos de paz del Caguán en la Zona de distensión entre el Gobierno Nacional de ese entonces y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año de 1999. El enfoque del Plan Colombia apoyado militar y económicamente por los Estados Unidos centró sus esfuerzos en ayudar al Gobierno Nacional a tomar el control del Suroccidente colombiano, por considerar que allí estaban las zonas de mayor concentración de siembra, producción y comercialización de cultivos de uso ilícitos en manos de esta guerrilla. En este contexto, se destinó un rubro de $600 millones de dólares para los dos primeros años de implementación. Con ese dinero auspiciado por los Estados Unidos se entrenaron y equiparon dos batallones antinarcóticos, 30 Helicópteros Blackhawk y 33 Huey, así mismo se financiaron actividades de inteligencia como apoyo a los batallones y asistencia a las personas que resultaran desplazadas a causa de los operativos militares en la lucha contra las drogas.

Además, se aumentó la capacidad de interceptación de cocaína por parte de las fuerzas militares al fijar $341 millones de dólares para el mejoramiento de radares, aviones, aeródromos y recopilación de inteligencia. Para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito se utilizaron US$96 millones de dólares con los cuales se actualizó la tecnología de la Policía Nacional  para realizar las fumigaciones áreas con glifosato. Finalmente, US$ 93 millones de dólares destinados a programas que fortalecieran el sistema judicial, atacaran el lavado de dinero y promovieran el respeto a la Ley y al proceso de diálogo de paz, de aquel momento, con las FARC-EP.

Esta primera fase del Plan Colombia se enfocó en la modernización militar de la fuerza pública en la lucha antidrogas, situación que fortaleció la política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por encima de la posibilidad de una política pública que apuntara sus esfuerzos a la sustitución voluntaria, alternativa, dialogada y concertada.

La segunda fase del Plan Colombia, se da en el año (2007 – 2013) y bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Esta segunda fase está compuesta por un paquete de estrategias para combatir el narcotráfico y se vuelven relevantes aspectos como la seguridad nacional y las relaciones internacionales, allí se concibe el narcotráfico como la fuente estructural del conflicto nacional. Esta segunda fase consistió en: (i) fortalecer una economía que estimulara la inversión privada, incrementar la capacidad de recaudar impuestos por parte del Estado y contrarrestar las fuerzas del narcotráfico; (ii) reposicionar la imagen de Colombia en los mercados internacionales; (iii) buscar la paz; (iv) reestructurar las fuerzas armadas nacionales; (v) hacer una reforma a la justicia (vi) combatir el narcotráfico; (vii) ejecutar programas de desarrollo alternativo; (viii) fomentar la participación social para fortalecer el gobierno local; (ix) pensar en el desarrollo humano con el fin de garantizar salud y educación a la población más vulnerable; y (x) trabajar de la mano con la comunidad internacional para superar el problema de las drogas.

La política de drogas y la cooperación de los Estados Unidos para la lucha contra las drogas enmarcadas en el Plan Colombia, cambian y se fortalecen significativamente en los dos gobiernos del presidente Álvaro  Uribe Vélez (2002 a 2010), la cual se enmarcó en la lucha contra las FARC – EP, a quienes este gobierno les dio el status del mayor cartel narcoterrorista. La política de este gobierno, al respecto, consistió en una justificación de las luchas antidrogas articulada a la lucha contra las guerrillas, como si a esto se redujera este problema para Colombia. Desde el principio, Uribe Vélez se declaró partidario de este Plan, tal y como lo manifestó en una de sus visitas a Washington: “Yo apoyo el Plan Colombia porque es una estrategia que pasó de la retórica a la práctica. Seguiremos fumigando y fumigando, y no nos detendremos.” El gobierno del presidente Uribe encuadra el Plan Colombia en la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, a través de la aspersión aérea con glifosato y el fortalecimiento de las fuerzas militares para combatir el narcoterrorismo. Tras décadas de esfuerzos, apoyados por las iniciativas antinarcóticos enmarcadas en el Plan Colombia, el problema de los cultivos de coca persiste, nada ha cambiado y por el contrario, los cultivos siguen aumentando, cada vez hay más hombres en armas vinculados a este “mercado” y las vidas de las comunidades continúan estando en un permanente riesgo.

El problema de las drogas ilícitas ha sido fundamental en las últimas tres décadas de intensificación del conflicto armado en Colombia. El cultivo, la producción, comercialización ha sido una fuente de financiación de todos los grupos armados ilegales, los cuales han puesto en riesgo la vida de cientos de personas, hombres, mujeres, niñxs que habitan en zonas rurales que hacen parte de esta disputa. La guerra contra las drogas emprendida por el Estado Colombiano, apoyada por gobiernos extranjeros y entidades multilaterales a través de políticas como el Plan Colombia, son fuente inminente de riesgo y amenaza para la materialización de los derechos de los pueblos étnicos y del campesinado.

En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) y tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, de nuevo, el debate en torno al problema de las drogas ilícitas ocupó un lugar central, dando surgimiento al punto 4 del documento final: Solución al problema de drogas ilícitas. Allí se contemplan, entre otras, medidas tales como la sustitución voluntaria, tratamiento penal diferencial y una política nacional de prevención al consumo de drogas, sin embargo, a la fecha pareciera que estamos retornando al primer y segundo momento del Plan Colombia, lo cual supone pasar por encima de lo acordado e implementar acciones guerreristas que de nuevo están poniendo en riesgo la vida de las y los campesinos y pueblos étnicos cultivadores, no son gratuitas las cifras de asesinatos a líderes de sustitución voluntaria de cultivos y autoridades étnicas. La siembra, producción y comercialización de cultivos de uso ilícito en Colombia es quizás uno de los problemas más graves que atraviesa este país y evidentemente no se resolverá ni con “mano dura”, ni con la compra de agroquímicos a Monsanto para fumigaciones aéreas, ni con la estigmatización a cultivadores y cultivadoras.