El papel de la vicepresidenta

21 de septiembre de 2022

 

 

Por: John Jairo Blandón Mena

 

Hace un par de semanas sostuve una conversación con miembras de un colectivo feminista de Medellín que apoyó decididamente la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. Su impresión sobre el rol de la vicepresidenta Francia Márquez en el actual gobierno, es la misma que he escuchado de algunos opinadores y comentaristas no necesariamente de derecha. Ellos coinciden en que buena parte de la legitimidad de las reformas sociales que pretende introducir Petro dependen de que emerja con protagonismo la figura de la vicepresidenta en la institucionalidad gubernamental.

Sin duda alguna, eso no depende exclusivamente de Francia Márquez. Constitucionalmente la vicepresidenta puede actuar exclusivamente por delegación presidencial. Y aunque ella ya se concretó en las 15 tareas asignadas a ese despacho por el Presidente y establecidas en el Decreto 1874 del pasado 9 de septiembre. Surgen muchos interrogantes respecto a la viabilidad y capacidad de ejecutar esa pequeña cuota de poder desde el minúsculo (burocráticamente hablando) despacho de la vicepresidenta.

Las misiones asignadas a Francia Márquez demandan presupuesto y una planta amplia de funcionarios. Y la estructura de cargos y de presupuesto de la Vicepresidencia hoy, no cuenta ni con lo uno, ni con lo otro. La sola tarea de coordinación interinstitucional de tantísimos temas requiere un nutrido equipo técnico del que no dispone nuestra vice. La implementación del Capítulo Étnico, la reglamentación y desarrollo de la Ley 70, el impulso al desfinanciado Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), por citar solo tres funciones, son cometidos macro estatales que no se concretan con la sola buena voluntad de la vicepresidencia.

Por todo lo anterior, se hace necesario priorizar la concreción de la agenda social propuesta por Francia Márquez desde tiempos de su precandidatura, y que fue adoptada por Petro. Temas como, por ejemplo, la reparación histórica a los pueblos descendientes del genocidio de la trata transatlántica y la esclavización en Colombia y la reglamentación de la Ley 70, aunque aparecen en el citado decreto, aún no hacen parte de las narrativas de varios de los funcionarios que por sus atribuciones constitucionales y legales deberían tenerlas en sus agendas.

Entretanto, el Ministerio de la Igualdad que puede posibilitar la concreción de las agendas sociales que necesita hoy el país, no puede seguir siendo concebido como una cuota burocrática para Francia Márquez. Esa cartera definirá la manera de articular las políticas públicas y avanzar en condiciones de justicia para las mujeres, las poblaciones étnicas, las diversidades sexuales y para quienes habitan en los territorios excluidos del país. Por tal razón, quienes le ponen palos en la rueda a esta propuesta desde el Congreso de la República y desde el mismo Gobierno están bloqueando las posibilidades de que la nación avance en garantía de derechos para las poblaciones más vulnerables. Afortunadamente, el Presidente de la Republica en reciente alocución ya le puso mensaje de urgencia.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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