Por: John Jairo Blandón Mena

El 8 de junio de 2008 en el corregimiento Puerto Matilde del municipio de Yondó Antioquia, un grupo de soldados adscritos al Batallón Calibío ingresaron por la fuerza a la casa del señor Aicardo Ortiz, campesino de la región de 58 años. Le dispararon a su humanidad con armas largas hasta causarle la muerte. Luego le pusieron un uniforme camuflado al que le acomodaron un revolver y un radio de comunicaciones y procedieron a sacar el cadáver a la calle. 

El señor Aicardo fue presentado al día siguiente por el comandante del batallón como una baja en las filas de la guerrilla de FARC. Con lo que no contaban los soldados ni sus superiores, es que a quien habían asesinado era el padre del también soldado Jhon Fredy Ortiz, quien hasta hace poco tiempo había pertenecido a esa misma unidad.

John Fredy a la semana siguiente se presentó ante la Procuraduría, la Fiscalía y en la Oficina de la ONU en Bogotá para denunciar la muerte de su padre y el modus operandi del Batallón Calibío en Puerto Berrio para asesinar a civiles y luego presentarlos como bajas en combate. En el dialogo con funcionarios de Naciones Unidas estuvieron varios delegados del entonces Presidente Uribe y de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos. 

En la reunión, el soldado víctima del asesinato de su padre, y quien era conocedor del procedimiento de las ejecuciones extrajudiciales, contó detalles escabrosos de cómo eran asesinadas personas por órdenes directas de los altos mandos de ese batallón. Y, la manera en que mediante “El kit de legalizaciones” como era conocido en el argot militar de los falsos positivos, se vestían los cadáveres con uniforme militar y les acomodaban armamento y elementos militares para justificar su muerte.

Los funcionarios del Gobierno asistentes a la reunión pasaron un completo informe tanto al presidente como a su ministro de Defensa. Ese fue el momento, en que según Juan Manuel Santos en su largo discurso de dos horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enteró como ministro que efectivamente lo de los falsos positivos era algo real.

Tanta ineptitud es absolutamente inconcebible. Las ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado, llamados eufemística y mediáticamente como falsos positivos fueron práctica sistemática desde la mitad del primer mandato presidencial de Uribe. Y desde ese momento, ONG de derechos humanos, organismos internacionales e informes de observadores nacionales e internacionales alertaban sobre ese fenómeno. Sin contar las denuncias que durmieron el sueño de los justos durante los perversas periodos de los fiscales Luis Camilo Osorio y Mario Iguaran Arana.

Por eso, no se puede creer tal como lo afirmó Santos, que luego de tres años y cientos de asesinatos el Gobierno se vino a dar cuenta que algo raro estaba ocurriendo en sus tropas. Semejante afirmación, es por decirlo menos, la aceptación de una crasa inutilidad.

Desde luego, que la comparecencia voluntaria de Santos a la JEP es valiosa. Pero en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que según este mismo tribunal ascendieron en los dos periodos de Uribe a 6.402, todo no se puede quedar en ofrecimientos tardíos de perdón y en la condena de militares fundamentalmente de bajo rango. Es necesario, que como ejecución sistemática que fue se establezcan las responsabilidades políticas, y a partir de ellas las judiciales. Hasta ahora, ningún mando civil ha sido vinculado a una investigación formal.

En su discurso ante la JEP Santos se vanaglorió durante 20 minutos por haber sido quien le imprimió legitimidad a las Fuerzas Militares porque fortaleció su política en Derechos Humanos. Hubo cursos, talleres, diplomados capacitaciones, directrices, manuales y toda suerte de espacios académicos sobre el tema. También se amplió la burocracia militar con abogados y asesores para incidir en las unidades. Sin embargo, de manera paralela a sus esfuerzos esas Fuerzas Militares cometieron los peores crímenes de Estado y lesa humanidad en la historia de Colombia.

En estos millares de crímenes sistemáticos de Estado, la verdad ha llegado a cuentagotas por cuenta de la JEP. La Fiscalía ha servido para todo lo contrario: evitar que se conozca la verdad. Y, aunque el relato de Santos es poco creíble, por lo menos, reconoció la existencia de esos asesinatos sistemáticos.

Entretanto, el expresidente Uribe, en su tribuna natural que es el set virtual de la revista Semana. Hoy afirmó, que el Ejercito no tiene porqué pedir perdón por los falsos positivos, de los cuales, inclusive con las victimas visibles aún duda de su existencia. Indudablemente, seguirá pensando como en el caso de los 19 jóvenes de Soacha asesinados por el Ejército y que aparecieron en Norte de Santander: que los asesinados, seguramente no estaban recogiendo café.