16 de enero de 2025

 

 

Por: Arleison Arcos Rivas

 

 

Nos sumamos a quienes afirman categóricamente que “las cuchas tenían la razón”. Las hemos apoyado desde hace mucho tiempo, cuando diferentes organizaciones sociales, académicos y activistas las acompañamos marchas hacia La Alpujarra y en diferentes acciones de denuncia por los más de 500 desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, muchos de los cuales podrían haber sido enterrados en La Escombrera, ignominiosa despensa de muertos accionados por diferentes actores armados.

En varios barrios, so pretexto de adelantar acciones contra grupos armados vinculados a guerrillas y comandos urbanos, actores estatales provocaron la muerte de una decena de habitantes de dicho sector, propiciando igualmente la desaparición de un número indeterminado de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes.

Estas muertes y desapariciones ocurrieron en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien dio la orden de adelantar las funestas Operación Orión y Operación Mariscal, que, durante el año 2002, marcan más de 12 intervenciones conjuntas entre militares, policías, organismos de seguridad, y la Fiscalía, adelantadas en pública connivencia con agrupaciones paramilitares que, con dedo acusador, indicaban contra quién proceder en los denunciados ejercicios desregulados por los que el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A consecuencia de las operaciones Orión y Mariscal, se denunciaron numerosas violaciones de los derechos humanos, múltiples detenciones ilegales, vulneraciones a la libertad con allanamientos de morada irregulares, desapariciones y muertes que son la fuente de las cuantiosas denuncias  de las “Mujeres Caminando por la Paz” y las demás organizaciones de la sociedad civil que se han identificado en tal reclamo, sumándose al clamor sostenido en dos décadas, para que se adelanten trabajos de indagación, exploración, recuperación e identificación de los restos de sus familiares.

De manera consistente y persistente diferentes autoridades locales y nacionales fueron renuentes a avanzar en tales propósitos. Sin embargo, gracias al impulso dado por la Unidad de Búsqueda, y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], desde diciembre de 2024 han sido rescatados varios cuerpos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, de quienes se espera su pronta identificación.

Como respaldo a las infatigables labores de resistencia contra la persecución y el olvido de sus deudos caídos en las exacciones estatales, diferentes colectivos de artistas y activistas se convocaron para levantar un mural en apoyo a “las cuchas” de la Comuna 13, reclamando la memoria de las personas cuyo paradero, 23 años después, sigue siendo incierto; pese a que incluso antiguos comandantes paramilitares de Medellín declararon que sus fuerzas sepultaron en La Escombrera varias decenas de víctimas.

Irrespetando el dolor de las mujeres activistas en torno al recuerdo de sus familiares, y la solidaridad de quienes las apoyan en su reclamo, el actual alcalde de Medellín, quien ha desestimado las denuncias hechas, arremetió contra la obra de memoria y resistencia, levantando serios cuestionamientos por lo que ha sido considerado una actitud cómplice y negacionista de los hechos, afirmando a las mujeres reclamantes que “ahí no van a encontrar nada”.

Como si fuera poco, luego de los hallazgos arriba mencionados, un periodista indolente y miserable como Néstor Morales, usa la fuerza de su micrófono para revictimizar a las madres de la Comuna 13, cuestionándoles e insinuando que los restos humanos recuperados “fueron enterradas ahí por sus familiares”. El periodista abusivamente insiste que “nadie sabe de dónde salen esos cuerpos”, y pregunta, con total indolencia e irrespeto, si es que “no hay una persona que enterró ahí a alguien”.

Haciendo mías las palabras del científico social W.E.B. Du Bois en otro contexto, resulta imposible “ser un científico calmado, frío y distante” mientras periodistas profieren expresiones tan descaradas que evidencian, en grado sumo, la ruindad a la que puede ser reducida la prensa corporativa cuando pierde el foco de la objetividad y el respeto a la veracidad.

En Diaspora.com.co manifestamos total rechazo a tales expresiones que someten a las víctimas y sus familiares a tratos ignominiosos, y constituyen un verdadero atentado contra el periodismo serio. Semejantes afrentas cargadas de insensibilidad y maledicencia, no pueden ser toleradas, y exigen un pronunciamiento de los dueños del medio, deplorando lo dicho por su emisario; así como el rechazo contundente por parte de la sociedad civil que reclama al menos decencia, en el tratamiento de temas sensibles y luctuosos como este.