Por: Arleison Arcos Rivas

El oro sigue siendo un instrumento de intercambio comercial altamente apetecido y rentable. Desde pequeños intercambios entre campesinos extractores hasta negocios monumentales entre naciones pueden valorarse usando como patrón transaccional este mineral, cuyo valor se ha agigantado en la última década, estimulando la extracción desproporcionada, devastadora y delincuencial. Las comunidades, sin embargo, padecen una larga estela criminal que pone en riesgo sus vidas, la permanencia en el territorio, la pervivencia cultural e identitaria, y el sostenimiento ambiental.

En varias entregas investigativas del New York Times [1 y 2] se registran inquietantes reportes que, a nuestro juicio, traslucen la inacción de autoridades militares, políticas y económicas responsables de perseguir a actores criminales, identificar sus activos y desinstalar los nexos e interjuegos que les permiten fructificar el lavado en la economía formal. Desde un militar colombiano que dice desconocer una mina ilegal que opera a poco más de cien metros del batallón que comanda contra el Clan de Golfo, hasta la compraventa de oro ilegal por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, quedan suficientemente documentados en los reportes informativos de Federico Ríos, Simón Posada y Justin Scheck.

Tanto en naciones africanas como afrolatinoamericanas en las que el oro sigue siendo un mineral nativo disponible, explotable y transable, se involucran actores desregulados que participan controlando, extrayendo o comerciando grandes cantidades en un mercado mundial que se acerca a 17 millones, alrededor de 4.100 euros, la onza. La producción anual de más de 5.000 toneladas supone entonces un acumulado de unos 5 billones de dólares vinculados a diferentes procesos de uso comercial, transformación industrial, conductividad tecnológica, inversión financiera y reserva monetaria.

El fulgurante mercado del oro, sin embargo, no implica creciente bienestar para las comunidades. Por lo contrario, su vulnerabilidad resulta tan sensible como la volatilidad en los precios del metal. Las grandes existencias de oro en África dibujan un panorama de tensión en el que diferentes fuerzas políticas, no siempre ni necesariamente armadas, pretenden en Burkina Faso, Congo, Etiopía,  Ghana, Mali, Namibia y Sudán especialmente, exacerbando conflictos, promoviendo inestabilidad política, alimentando golpes militares, fomentando la emergencia de agrupaciones insurgentes y control territorial de grupos armados, milicias nacionalistas y ejércitos paramilitares.  A estos, se suma el declive de la minería aurífera en Suráfrica, necesitada de proyectos de excavación profunda, y los recientes descubrimientos de gigantescos yacimientos en Uganda, centrando la reflexión de la Unión Africana en torno a la disponibilidad de elementos químicos metálicos, la soberanía económica, la sostenibilidad ambiental y la creciente influencia del continente en el sector.

También en el concierto internacional, China refuerza su participación con la prospección de nuevos depósitos en campos auríferos que podrían superar las 1.000 toneladas, fortaleciendo su disponibilidad de alternativas económicas para promover un patrón de cambio al margen del dólar, así como expandir el refinamiento, controlado ampliamente por empresas de Suiza y Alemania.

En México, la industria multicriminal se expande hasta el control de minas, rutas de extracción y exportación del oro, en un considerable mercado que supera las 130 toneladas anuales, siendo el principal productor de la región, seguido de Perú, Brasil y Colombia, países en los que este negocio sigue motivando la creación y presencia de agrupaciones armadas y estructuras criminales dedicadas al lavado de activos.

Argentina y Chile continúan explorando nuevos campos, con hallazgos significativos que implicarán una disponibilidad estimada hasta ahora de 32 millones de onzas en campos polimetálicos con abundante existencia de cobre y plata, según registra la Revista Digital Minera. Aunque no se presenta un conflicto violento vinculado a su extracción, sí se elevan las preocupaciones por tensiones y enfrentamientos con pueblos originarios, provocando disputas por el uso de tierras cuyos beneficios no han sido concedidos a las comunidades, mientras favorecen la concentración de beneficios en manos de grandes corporaciones extranjeras, fuertemente cuestionadas por prácticas ambientalmente lesivas y contaminantes de glaciares y zonas de alta montaña.

En Colombia, especialmente, el control de la cadena de suministros, el registro trazable y la cuantificación de regalías constituyen un problema de significativa proporción, como quiera que el país exporta más de 50 toneladas cada año, representando cerca de dos billones de pesos en la distribución de regalías en el último cuatrienio. Tanto el control minero institucional como la participación de los distintos departamentos en el reporte de lo extraído y en la distribución de regalías, se ven enfrentados al accionar de grupos clanes, estructuras y ejércitos disidentes, que condicionan la actividad exploratoria en miles de enclaves, la explotación intensiva, la fijación de cuotas, la tasación de precios, y la comercialización, afectando directamente el bienestar de las comunidades que han perdido la subsistencia dependiente de los ríos y de los suelos, y siguen siendo despojadas de sus tierras y desplazadas de sus territorios, registrando líderes y residentes amenazados, desaparecidos, perseguimos y asesinados.

La minería ilegal con sus dragas, taladros, maquinaria y fusiles, pone en riesgo la vida, no sólo por la mayor presencia de actores desregulados y el acrecentamiento de las violencias y las fuentes de criminalidad en los territorios, sino por las devastadoras afectaciones en la salud, y las graves implicaciones ambientales representadas en el agotamiento de maderables y forestales por la intensa deforestación, y el marcado deterioro hídrico que significa el uso contaminante y letal de plomo, cadmio, mercurio, cianuro y arsénico responsables de la toxicidad registrada en ríos de Chocó, Antioquia, Cauca, Bolívar y Nariño, cuyo alcance ecosistémico altera irremediablemente la biodiversidad y el equilibrio natural en los territorios.

En últimas, la abierta discusión de la reforma al Código de Minas en el congreso, promovida por liderazgos del movimiento afrodescendiente en Colombia, debe reflejar una mayor sensibilidad del país para contener la voracidad extractiva, proteger las fuentes hídricas, reordenar la actividad minera, y establecer sistemas de cuidado de la vida, la identidad y la cultura en los territorios ancestrales, antes de que sea demasiado tarde.