Por: Melquiceded Blandón Mena

En la semana pasada pasó casi inadvertida para los medios nacionales y regionales, las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, conocido en el mundo criminal por los alias de “Mono Mancuso’’, “Santander Lozada’’ o “Triple Cero’’; donde se reconocía como “un hijo legítimo del Estado, un hijo de la política del paramilitarismo de Estado’’ según su declaración ante audiencia en la de Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Este líder paramilitar, quien acaba de llegar al país de cumplir pena privativa de la libertad de 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, fungió como miembro del Estado Mayor y comandante de los bloques Córdoba, Catatumbo y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Dentro de su trayectoria criminal Mancuso, confesó su participación en la masacre de El Salado, ocurrida a mediados del mes de febrero de 2000 en un caserío ubicado en los Montes de María en el departamento de Bolívar, donde un grupo de paramilitares, masacro a 62 habitantes del pueblo. De igual forma, Mancuso, ha confesado el asesinato de varios campesinos y dirigentes políticos de izquierda, además de múltiples homicidios, toma de rehenes, desaparición forzada, narcotráfico entre otros suplicios.

En el mismo sentido y por distintos medios, Mancuso, ha declarado y se jacta que su otrora organización AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), a través de su base social, el constreñimiento armado al elector en amplias zonas rurales y urbanas del país y su control fáctico de la Registraduría Nacional, garantizó la elección del 35% de los miembros del Congreso en las elecciones de marzo de 2002.

Sin embargo, hago este corto, interrumpido e incompleto balance – es lo poco que judicialmente se sabe – sólo para incitar a las preguntas ¿qué nos quiere decir Mancuso, cuando se autodefine como “un hijo legitimo del Estado’’? ¿Cuándo habla del Estado, a qué cosa, a quiénes se refiere? ¿Qué familias, sectores, líderes, empresas se beneficiaron, y aún se benefician del orden paramilitar en Colombia?

En las apariencias es mucho lo que se ha hablado sobre el paramilitarismo en Colombia, hay sendos ejercicios académicos, sentencias judiciales, crónicas periodísticas, cientos de testimonios de comandantes y militantes rasos y hasta series de televisión, pero aún es poco lo que se sabe. Cuando Mancuso, se asume como “hijo legitimo’’, realmente nos está exhortando a la pregunta por los sectores del Estado, las familias, los empresarios, los partidos políticos, las instituciones públicas, los poderes regionales que crearon, legitimaron y consolidaron política y militarmente al paramilitarismo en Colombia.

En la historia de la construcción del neoliberalismo en América Latina, se adoptaron distintas cartillas de implantación del modelo como fueron los regímenes militares o dictaduras; la cooptación burguesa de los otrora líderes sociales, sindicales o estudiantiles, y ahora políticos tarifados quienes a través de las protuberantes comisiones recibidas entregaron la industria nacional al mejor postor del mercado; y para Colombia, además de la combinación entre la compra de líderes por comisiones y la instauración de poderes fácticos en algunas instituciones del Estado, dada las características del régimen político y la fuerte existencia de ejércitos guerrilleros que arrinconaban al Estado, se construyó una política paramilitar para el control territorial, la acentuación de la tenencia gansteril y feudal de la tierra, el control electoral en campos y ciudades y la consolidación de las políticas neoliberales. En últimas, una federación de ejércitos paramilitares con carácter nacional para agenciar la función dual del Estado moderno, administrar la vida y la muerte para la garantía de los derechos del capital.

Así las cosas, al evidenciar la militancia del bloque hegemónico en el poder y los poderes regionales en Colombia, contra el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, su decisión de aniquilar y hacer inane el acuerdo de paz con las FARC, su virulenta conspiración contra el diseño inicial de la JEP donde se pretendía el juzgamiento de los terceros o ‘’civiles’’ que participaron del conflicto armado, y ahora, como corolario las amenazas a excomandantes paramilitares – como Mancuso – que quieren contar su pedazo de verdad, y a los jueces -como la magistrada, Cecilia Leonor Olivella- que valerosamente se atreven a llevar un juicio con decoro y levantar el rompecabezas de las verdades que van emergiendo.

Por tanto, no queda sino una posible pregunta ¿Cuál es el temor a la verdad? Acaso al desmoronamiento de la falsa alegoría como “democracia más vieja de América Latina’’, o a que se develen los actores y estrategias de un despojo permanente que camina.

Pues, ya nos decía George Orwell, ‘’En tiempos de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario’’.

Imagen tomada de Fundación Paz & Reconciliación