Es abiertamente insostenible el ambiente de creciente zozobra e inestabilidad que pretenden exacerbar los partidos opositores al gobierno, tras dedicarse a bloquear persistentemente las iniciativas de cambio. Con sus declaraciones de la presente semana, no solo quieren desconocer la autoridad y el fuero presidencial, sino que se empeñan en endilgarle responsabilidades en torno a los hechos violentos que se han presentado, con total falta de proporcionalidad y sindéresis.

Luego de los lamentables sucesos en los que un menor de 14 años hirió de gravedad al senador Miguel Uribe Turbay, las fuerzas de derecha del país han reforzado sus ataques al gobierno del Presidente Gustavo Petro, en un esfuerzo por elevar al grado más exasperante su animosidad, hasta dar declaraciones altisonantes en las que deciden “no reconocer al Presidente ni al Ministro del Interior”.

“No hay garantías para ningún partido ni para ningún candidato” se escucha decir a un exregistrador seriamente cuestionado por pretender influir en los resultados electorales, sembrando un manto de duda sobre el primer mandatario y su gobierno. Su vocería se hace a nombre del Conservador, el Centro Democrático, el Liberal, la U, Cambio Radical, Mira, ASI, Liga Anticorrupción y Colombia Justa y Libre; tensionando mucho más la relación entre este bloque de partidos opositores que, precisamente, ha sido el eje del bloqueo legislativo a las iniciativas presidenciales.

Si fuésemos revanchistas, habría que recordarle a Alexander Vega Rocha sus propias palabras: “El que no sienta garantías, no debería presentarse”, afirmó de manera arrogante en 2021, cuando se dudaba de su independencia y actuación garante del proceso electoral. Rechazando participar de la Comisión de Garantías Electorales, corrieron a solicitar en su favor la concurrencia de la Comisión de Seguimiento y Control Electoral una instancia interna y propia del ministerio público, igualmente ordenada al ofrecimiento de garantías en el proceso de realización del certamen sufragista, respecto del comportamiento disciplinable de los servidores y funcionarios.

Aunque esta instancia no puede reunirse únicamente con partidos opositores e independientes, como si existieran dos faros discordantes de la observancia electoral, el que se la convoque en un entorno preelectoral caldeado evidencia la intencionalidad de figuraciones institucionales de espaldas al ejecutivo, motivadas por inquina y animadversión con el mismo, lo que podría sumar a un escenario colmado de irregularidades y parcializaciones, buscando la oposición suplantar al ejecutivo so pretexto de reclamar garantías.

Pese a que “reclama ser respetada por todas las instituciones del Estado y reconocida como órgano autónomo e independiente”, la Procuraduría no puede actuar con polarizaciones y sectarismos. El Procurador no debería funcionar como portaestandarte y bastión de los partidos de oposición que, enarbolando la bandera de la oposición, pretenden usar al ministerio público para apañar el proceso electoral, influenciando a un funcionario que, como hemos visto en anteriores calendas, tiene un poder disciplinario casi absoluto, muy provechoso para sancionar y destituir a quien convenga a los intereses de aquellos a los que debe incontables favores, incluida su elección.

En medio de la noche, resulta inconcebible que siga creciendo esta dinámica incendiaria contra el gobierno, sin que la misma no termine por configurar el cántico del golpe blando que tanto ha mencionado el Presidente Petro. Por esta vía sólo puede seguirse animando la virulencia de quienes consideran frustradas sus expectativas de cambio y transformación social, aventando al país hacia una nueva eclosión violenta y, tal vez, demoledora.

Como se advierte, anuncia su inconstitucionalidad, ilegalidad y temeridad el que Efraín Cepeda, el obcecado presidente del partido Conservador, se abrogue prerrogativas que no le corresponden, como la de reclamar reuniones con fuerzas militares y de policía a enveses del gobernante de las y los colombianos, cuando de suyo las mismas están obligadas a respetar y preservar la jerarquía institucional y potestades de su comandante en jefe. El delito de sedición se estaría configurando, de confirmarse tal llamado en una convocatoria que pretende suplantar al Jefe de Estado, a todas luces, una situación totalmente desinstitucionalizadora.

En las actuales circunstancias, todos los partidos, líderes políticos y funcionarios públicos deberían concentrarse en contribuir a robustecer el clima de tranquilidad y serenidad para que la población participe decidida y contundentemente en los próximos comicios electorales. De ahí que resulte preocupante cualquier intentona a desconocer las facultades y fueros del ejecutivo, producto de la inquina de quienes se han dedicado sistemáticamente a censurar sus acciones, incrementar la desconsideración de los odiadores y promover la inacción legislativa en torno a las propuestas de cambio.

No se puede salir a los medios a reclamar que se baje el tono de los mensajes de odio, afirmando incluso que “las palabras son balazos virtuales” en las redes sociales, al tiempo que se lleva al país a azuzar arrogantes desconocimientos de la figura presidencial y su autoridad.

En igual sentido, pretender que el Presidente se prive de visitar ciudades, gobierne desde los territorios y tome decisiones incidentes en el restablecimiento del orden público, a poco de caldearse el torneo electoral, no solo es insensato, sino que atenta contra el impulso al entendimiento y concordia que tanto reclaman quienes, oh curiosidad, afilan sus dardos permanentemente en los medios corporativos que controlan.

Este miércoles, finalizando el día, el Presidente expidió el decreto con el que convoca a Consulta Popular. De igual manera, el Congreso aprobó un conjunto de artículos de la reforma laboral que una de sus comisiones ni siquiera consideró discutir. Es abierta la confrontación entre legislativo y ejecutivo, ahondando intencionalmente el ambiente de zozobra e inestabilidad en el país.

Si aspiramos a vivir en un país sin violencias, reales y verbales, bien vale que nos apliquemos todas y todos a prácticas de sosiego discursivo, simbólico, ojalá en un ambiente democrático en el que las armas por fin desaparezcan del suelo colombiano.