La corrupción nos cuesta vidas

9 de julio de 2022

Por: Diana Lorena Montaño Riasco

Yo no sé ustedes, pero en mi caso no he estado a gusto haciendo aportes a la Salud desde que comencé mi vida laboral. Me ha disgustado tener que pagar por un servicio que, en ocasiones ni uso durante el año, además, de que las tarifas de copago incrementen sin que vea la diferencia en la atención. Siempre, he pensado que sería más beneficioso destinar la tarifa mensual de mi salario a salud al mejoramiento en la atención de colombianos que lo adolecen. Así, que la noticia de que se buscará la eliminación de las Entidades promotoras de Salud – EPS – por el gobierno entrante, no me es indiferente. Sin embargo, ¿Es todo lo que se requiere para proveer de calidad al sistema de Salud Colombiano?

El gobierno entrante a través de su ministra de salud, Carolina Corcho, han anunciado que se busca entrar en un periodo de medidas de transición para que la administración de los recursos de la salud se ha administrados directamente por autoridades municipales y departamentales, con ello quitando la intermediación de las EPS en la administración de recursos Público del Estado para la atención de pacientes y la contratación de clínicas y hospitales. Además, se fortalecerá en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES-, anteriormente conocido como FOSYGA.

La eliminación de las EPS es una propuesta pertinente, y más cuándo hemos conocidos a través de experiencias propias y de cercanos, la precariedad en la atención de un gran numero de estas entidades. Lo que ha llevado a que se hayan liquidado 110 EPS en los últimos años; además, es innegable ocultar las denuncias hechas por doctores y enfermeras por falta de pagos de sus salarios, las deudas con los hospitales, entre otras vejaciones. Recordemos que, en el mes de marzo del año en curso 600 trabajadores de, los “hospitales San Francisco de Asís, único de segundo nivel del departamento -del Chocó-, y del Ismael Roldán decidieran suspender todos los servicios a los usuarios por la reclamación de derechos laborales que consideran vulnerados”¹ en tanto, se les adeudaban 5 meses de salarios.

La crítica situación del sistema de salud del país, es innegable, y por ello es comprensible que la medida para subsanar esta emergencia sea la eliminación de la EPS, lo que, sin lugar a dudas, acabará con la privatización de la salud y apostará a buscar mejorar la calidad en el acceso a la atención. No obstante, ¿Cómo se detendrá el fenómeno de la corrupción que ha carcomido el sistema de salud colombiano desde antes de la ley 100 de 1993?

Aunque, nos tome por sorpresa “Colombia es el quinto país más corrupto en la Latinoamérica”² de acuerdo con informe de la organización Transparencia Internacional publicado en 2020, y los sectores como más corruptos en el sistema de salud son: los departamentos, Alcaldías, secretarias de salud de los municipios, a quienes se buscan designar como administradores del recurso público para la atención de los pacientes. Ya en el 2011 se condenó al alcalde, Yan Keller Hernández por el desvió de 6 mil millones de pesos destinados a reducir la mortalidad de niñxs en la Guajira para la campaña electoral de cambio radical. Así mismo, al gobernador de Córdoba por en el 2013 por presentar documentación falsa para soportar 70 mil millones de pesos destinados a tratamientos y drogas para pacientes con Hemofilia³.

Para mí es importante precisar, que no estoy a favor de la privatización de la salud, y por lo tanto la ley 100 de 1993 debe ser desmontada junto con todo su aparataje. Sin embargo, no podemos hacer caso omiso a los antecedentes que han tenido los entes municipales y departamentales con el uso de los recursos públicos para usos particulares. Esto también aconteció en los 90s con el Instituto de Seguridad Social – ISS -, quienes facturaban medicamentos al 400%, además robaron 1.000 millones de pesos.

El no control de la corrupción en la atención a salud, exacerba la desigualdad y la división social. La realidad de nuestro país exige que reconozcamos la corrupción como un problema de Salud Pública, y, por lo tanto, frente a cualquier cambio estructural que se realicé no se pierda de vista, la urgencia de crear, promover, fortalecer y mantener mecanismos para prevenir y sancionar los actos de corrupción, estimulando la participación de los ciudadanos, organizaciones y sociedad civil para denunciar actos de corrupción, formular y aplicar políticas anticorrupción. Así las cosas, ninguna medida de transición debe desestimar la relevancia de hacerle frente a la corrupción, en un país en el que la corrupción nos cuesta vidas.