La complicidad del silencio estatal: feminicidios de mujeres negras
Por: Diana Lorena Montaño Riasco
En el 2014, Alerta Bogotá publicó en una breve y sucinta noticia “otro celoso asesinó a su ex mujer en un bar de la localidad de Usme”[i]. Así, quedó tipificado el homicidio que acabó con la vida de mi prima Dora Alicia Betancourt, sin cubrimiento mediático, sin pronunciamientos públicos, sólo la tristeza y desesperanza de sus tres hijos, sus familiares y allegados. El autor del asesinato no estuvo ni un año en prisión, regresó al barrio, goza de la tutoría de su hijo y baila en el mismo bar. De modo que, sin condena penal ni social, quien asesina a una mujer negra goza de la impunidad y la permisividad social. No sé ustedes, pero a mí, esto me parece una barbaridad.
En el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – (CIDH) reportó que 3.287 mujeres han sido asesinadas en 15 países de Latinoamérica, evidenciando que el homicidio por motivos de género afecta a mujeres afrodescendientes, lesbianas y transexuales en mayor proporción. Esta situación fue alertada por la socióloga Danny María Ramírez, quien documentó “que entre 2010 y 2014, al menos 68 mujeres fueron asesinadas en Buenaventura”[ii]. Gran parte de estos asesinatos basados en género, cuyas víctimas son mujeres negras, han sido ignorados y archivados a nivel judicial, tal como es el caso de Ana Cesaria Palacios Palacios asesinada en su habitación el 2011 en el barrio Alfonso López de Bogotá, otro asunto irresuelto, en el que se amedrento a los denunciantes, quienes buscaban que se investigará y condenará a los autores del feminicidio.
Es importante precisar, que es hasta el 2015 que se crea la ley 1761, la cual tipifica penalmente el asesinato de mujeres como un feminicidio, en tanto una práctica sistemática y estructural que cobra la vida de mujeres por su identidad de género. De manera que, los casos acaecidos antes del 2015, parece que no se consideraron como posibles de revisión, dado que no fueron reabiertos para ser plasmados como feminicidios. Por consiguiente, situaciones denunciadas como la de Buenaventura, y las presentadas en Bogotá se redujeron a móviles pasionales, aunado a ello, las restricciones para el acceso a la justicia, el racismo y la estereotipación sobre las mujeres negras, presente en el sistema judicial colombiano.
Urge que el sistema judicial colombiano precise las afectaciones de las violencias basadas en género para las mujeres negras, en tanto el silencio estatal frente a estas situaciones, promueve la intensificación de estos casos. Tal y como lo ha señalado la CDIH, tomando como ejemplo el caso de Brasil, donde “mientras que los asesinatos de mujeres blancas han disminuido en los últimos años, los de mujeres negras continúan aumentando”[iii]. La justicia colombiana requiere promover medidas de prevención, vigilar los procesos de investigación sobre estos feminicidios, procesar y castigar a los culpables.
Mientras, las voces de las mujeres negras seguirán exigiendo justicia, conservando la memoria de las hermanas, primas, tías, amigas que nos arrebató la violencia patriarcal, encarnizada con nuestros cuerpos y nuestra existencia. Porque, como canta Vivir Quintana “ya nada [nos] calla, ya todo [nos] sobra, si tocan a una respondemos todas”[iv]
Somos Dora Alicia Betancourt,
Somos Ana Cesaria Palacios,
Somos la fuerza de la palabra
Que irrumpe para hacer memoria
Que se resiste a ser absorbida por el olvido.
Resistiendo desde nuestra existencia.
[i] https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/sujeto-mato-su-ex-mujer-en-rumbiadero-de-usme
[ii] https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/feminicidios-en-buenaventura-el-control-criminal-sobre-los-cuerpos-de-las-mujeres-articulo-857621/
[iii] Informe CDIH – Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. 2019
[iv] https://youtu.be/VLLyzqkH6cs
* Imagen. Mensaje de la camiseta de la Colectiva Matamba, acción afrodiásporica