14 de julio de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Mientras el país recibe esperanzado el informe y los meticulosos materiales preparados por la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, y todavía no pasa la borrachera por la elección de un gobierno alternativo y lo que implica la implementación de su política para avanzar hacia la “paz total”, sesudos reportes periodísticos nos informan que funcionarios del actual gobierno se robaron los dineros de la paz. Como si fuera poco, pululan los indicativos de que el gobierno que termina se dedicó a la cleptocracia, esa forma de disfunción del gobierno en la cual se afirma que el que no roba es un pendejo; bien si le chingan, bien si le joden, como se preconiza en clásico cinematográfico “La Ley de Herodes”.

Cuestión Pública, Vorágine, Cambio, El Espectador y otros medios han descorrido el velo tras diferentes procesos de contratación y apropiación de recursos públicos, que provocan la algarabía mediática y levantan ampollas en redes digitales, sin que se conozcan acciones previsoras, alarmas ni decisiones contundentes de los órganos de control encargados de la fiscalización del ejecutivo y de los particulares que manejan recursos públicos y contratan con el Estado.

Respecto de los contratos para la paz, aunque apenas empieza a develarse el tamaño del iceberg, ya Iván Duque salió, como de costumbre, a desmentir lo noticiado por Sebastian Nohra y Valeria Santos, afirmando que “hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya pagos de coimas a lo largo de ese proceso”; mientras Emilio Archila, exconsejero presidencial para la estabilización y consolidación, no niega ni afirma la tironeada a los recursos públicos cuya destinación debía aprobar. En una clásica movida, sacando el cuerpo, declaró a diferentes medios que “en lo que se debe a mis funciones hice lo que me correspondía. Ahora, los recursos una vez son aprobados en el OCAD-PAZ, son entregados a los municipios y son estos territorios, los que deben hacer esta inversión”, por lo que insiste en no tener claro “de dónde sacan la cifra de los 500.000 millones de pesos”.

Lo cierto es que escándalo tras escándalo y decreto tras decreto, el monumental raponazo a los recursos para la paz se suma a otros avionazos como el del robo de anticipos por 70.000 millones para conectividad rural y los que están siendo denunciados con ocasión del fugaz levantamiento de garantías durante el proceso electoral. Es tan descomunal el registro de afrentas contra el erario, que empieza a ocupar cada vez mayor atención, obligando a figuras públicas a deslindarse y desafiar al mandatario saliente, antes que se desencadene el zaperoco.

De tal tamaño será la “duquepolítica”, que hasta la Senadora María Fernanda Cabal ha ventilado el carácter rapaz del gobierno que termina. En una conversación interceptada, afirma que el Centro Democrático no sólo es un “partido de hijueputas”, sino que andan “todos millonarios por cuenta de este gobierno”. Con un severo juicio, una de las otrora escuderas de Álvaro Uribe se despacha contra su partido y el gobierno de Duque acusándolos de ser “no solo ineptos, sino ladrones”.

Incluso figuras como Germán Vargas Lleras han puesto el grito en el cielo por la “terrible despedida” del actual gobierno. Según el exministro serán “Billones y billones de pesos perdidos, saqueados, malgastados”, en procesos que reclaman la acción urgente de los organismos rectores de la fiscalización pública; considerando, como afirma el líder del partido Cambio Radical, que “ya los medios de comunicación y las primeras pesquisas hablan de 500.000 millones de pesos embolatados. Yo me temo que serán mucho más, pues los contratos asignados superan los 7,7 billones en uno solo de los fondos”, señalando hacia el Fondo Mixto de la Gobernación del Valle, la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), la empresa eléctrica y el departamento del Guaviare, la empresa de comunicaciones de Popayán y el municipio de San Diego, los Fondos Regionales de Garantías , el manejo de las regalías, entre otros entes gubernamentales en los que se habría ejecutado el pillaje, la pérdida de recursos y el pago de coimas.

La percepción pública en redes sociales y notas informativas es reiterativa en advertir que el actual gobierno y un nutrido grupo de sus funcionarios no sólo está dejando serios cuestionamientos fiscales y denuncias de sorpresivo enriquecimiento, sino que está terminando de raspar la olla presupuestal y asumiendo a última hora compromisos con vigencias futuras para buena parte de los recursos de los diferentes ministerios, direcciones nacionales y programas presidenciales.

Alarmados por el tamaño de la rapacería, diferentes personalidades del nuevo gobierno del Pacto Histórico ya han trinado en varias ocasiones requiriendo la actuación de los organismos de control y la prensa escrita ha publicado algunos informes de lo que promete instalar la “duquepolítica” como el nuevo proceso por el que las autoridades tendrán que investigar el boquete abierto en los contratos de la paz y en diferentes programas de dudosa ejecución, como en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la que queda abierta y con saldo en rojo “la caja de la corrupción”, según denuncia Daniel Coronell.

El gobierno de Iván Duque, a menos de un mes de despedirse, huele mal y parece estar infestado de ratas. Por ello, la administración Petro – Márquez deberá afinar las estrategias de inspección y denuncia de los negociados tortuosos que herede, en tanto ponen en riesgo el potencial transformador del siguiente Plan Nacional de Desarrollo, al no contar con recursos suficientes para ejecutarlo.

Al final de cuatro años de aprendizajes deficientes y malas prácticas con el erario, parece que los huecos abiertos a la ponchera internacional y la destinación indebida de los recursos para la ejecución de compromisos del acuerdo de paz con las FARC tan sólo es uno de los negocios que alimenta el abultado bolsillo con el que salen los cacos y nuevos ricos, ahora expertos en cleptocracia.