Por: John Jairo Blandón Mena

El pasado 29 de abril en rueda de prensa convocada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se anunció por parte de los jefes de esos órganos, que durante la vigencia de las medidas de emergencia económica dictadas por el gobierno en el marco de la pandemia, habría una operación de las tres entidades en todo el territorio nacional con miras a proteger los recursos públicos, y a luchar contra la corrupción, en una articulación institucional que el propio fiscal Barbosa denominó como inédita y sin precedentes en la historia del país, a la par que advirtió que se tomarían decisiones de privación de la libertad a mandatarios locales corruptos con prontitud.

En lo que coincidieron los representantes de las ‘’ías’’ en el encuentro periodístico referido y en los dos subsiguientes, es que el accionar de sus entidades estaría caracterizado por la celeridad y la perentoriedad de las decisiones penales, fiscales y disciplinarias. Todo ese discurso de efectismo judicial generó en un buen sector de la opinión pública un asomo de confianza; especialmente por el fiscal, de quien se conocía su estrecha amistad con quien lo ternó; pero del que se tenía una esperanza de independencia dado su amplio recorrido académico, aunque no en el campo penal.

Pero todos esos anuncios de investigaciones exhaustivas y consecuentes sanciones quedaron ahí, en el escenario mediático de una justicia show que no se expresa con autos o sentencias sino con titulares de prensa, declaraciones por doquier y entrevistas; en las que finalmente el fiscal Barbosa demostró lo que es y será su entidad, una fiscalía ad hoc del gobierno.

Con los notorios hechos de corrupción que se vienen presentando con los recursos para la atención de la pandemia, el fiscal ha tenido una sospechosa selectividad que lo ha llevado a ignorar, tal como lo hizo con el caso del “Ñeñe” Hernández, lo que acontece por los lados de algunos departamentos gobernados por aliados políticos del gobierno nacional; como es el caso de Atlántico, la Guajira y el Cesar con millonarios sobrecostos en contratación para la atención humanitaria, tal como lo denunció la periodista María Ximena Dusan, en su columna del 02 de mayo en la revista Semana. Sin embargo; el foco de Barbosa se concentra en investigar funcionarios de mediano nivel, y alcaldes distantes del establecimiento, entre los que cayó el gobernador del Chocó, actualmente suspendido por la Procuraduría, y al que el ente investigador ya le anunció, como es usual en rueda de prensa, una imputación de cargos que, por cierto; seguramente le extenderá el encargo al asesor de la presidencia Jefferson Mena, quien funge actualmente como gobernador encargado.

A juzgar por sus primeros cuatro meses y por sus selectivas actuaciones y decisiones, el fiscal Barbosa no actuará en contra de las estructuras corruptas del país; al contrario, de manera acuciosa utilizará el aparato que controla para atacar con investigaciones a los que contradigan a su amigo en el poder, como ya lo demostró con los anuncios de investigación a Gustavo Petro, por un caso que solo compromete al presidente y, a Claudia López por una contravención de carácter administrativo.

Pero tendrá que hacerle frente a una opinión cada vez más informada por un creciente periodismo agudo, crítico e independiente.