Hemos construido un país extraño, en el que la política oficiosa mueve las peores pasiones humanas, favoreciendo que incluso se infle y crezca la espuma en torno a figuras cuya abultamiento electoral va en contravía de su pequeñez moral. El ascenso de Abelardo de la Espriella como candidato de la derecha no solo asusta, como mencionamos en una nota anterior de DIASPORA.com.co, sino que preocupa, tachonando de incertidumbre e inquietud el futuro compartido.

Más allá de la posibilidad de que la ciudadanía se exprese, en apoyo de una candidatura de derecha, debería reclamar nuestra atención la fisura existente entre la legalidad y la legitimidad que ha permitido que crezca una opción ya definida, a la que hechos precedentes debieron impedirle aspirar válidamente. Así, previo al certamen sufragista, los organismos encargados de velar por la correcta aplicación de las normas electorales descuidaron que en el proceso de inscripción de candidaturas se cumpliera expresamente la constitución y la ley.

La presentación de millones de firmas fraudulentas para aspirar a la candidatura presidencial evidencia una alteración monumental a las reglas de juego de la democracia, acrecentando el debilitamiento institucional y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones nacionales. Pese a ello, se permitió y validó su registro, sin que se bloquearan las aspiraciones de quienes las presentaron conscientes de estar vulnerando lo preceptuado constitucional y legalmente.

En igual sentido, resulta sorprendente que no se haya impedido el hecho infranqueable de que una persona con doble nacionalidad adquirida con los Estados Unidos, cuyo juramento es taxativo en exigir lealtad absoluta e imperativa por parte de quienes la adquieren. Dicho juramento exige renuncia y abjuración de toda otra potestad de la que se sea súbdito, reclamando incluso servicios combatientes, no combatientes y de obligación a la autoridad civil, sin posibilidad alguna de evasión de tales compromisos.

Estas dos consideraciones coinciden con la situación del candidato de la derecha identificado con la figura del tigre, cuya condición le compromete con la cercanía a la ilicitud tanto como con la obsecuencia con una nación diferente a la colombiana, enmascarando un doble quiebre en la legitimidad democrática, al manipular masivamente registros de signatarios favorables a una campaña, mientras la imprecisión legal genera un escenario de permisividad hacia candidaturas que se sostienen en condiciones jurídicas cuestionables, como la doble nacionalidad con compromisos de fidelidad irrestricta a otra potestad.

En todos los casos, este choque con la realidad política debilita la norma constitucional y la majestad soberana de la nación, exponiéndola gratuitamente tanto a la injerencia externa de un país que no se caracteriza por el respeto de mandatos internos de los Estados con los que se relaciona, desbordando todo límite que trastoca la rectitud y honradez con la que debería proceder quien jura cumplir la constitución y la ley.

Ante los anuncios de apoyo irrestricto del actual gobernante estadounidense, por quien votó y a cuya campaña hizo permanentes aportes “hasta el límite legal”, según trinó en su momento, el candidato felino ha reaccionado de manera obsequiosa. Este, denunciando sin pruebas a varias docenas de promotores de la denominada Alianza por la Vida, ha procedido confiando a las autoridades de ese país asuntos que deberían ser expuestos en tribunales colombianos, como corresponde a quien se pretende defensor de nuestra institucionalidad. Por esa vía, su grito de «firmes por la patria» podría estar encubriendo que la verdadera nacionalidad de la que se siente deudor y súbdito no es Colombia.

Con todo ello, cabe preguntarse con bastante inquietud: Si el voto mayoritario le resulta favorable, ¿habrá considerado el candidato con ciudadanía estadounidense renunciar a la misma para posesionarse como Presidente de la República de Colombia? ¿Habrá sopesado renunciar a la presidencia, una vez posesionado, vulnerando así de manera grave y malintencionada la voluntad popular?

De otro lado, el mismo candidato genera serias dudas frente a la solvencia moral y el proceder ético con el que asumiría asuntos que complejizan el accionar del ejecutivo. Como abogado, el candidato ha participado en cuestiones polémicas, profiriendo afirmaciones que categóricamente elevan los niveles de cuestionamiento sobre su capacidad para actuar en favor del interés colectivo.

Para empezar, cuesta creer su propuesta de combatir a los corruptos y la criminalidad, cuando los serios problemas de violencia padecidos por nuestro país le han fotografiado del lado de los victimarios y acusados de tales crímenes, ganándole el remoquete del “caricaturesco abogado de la mafia”, dada su vinculación con parapolíticos, narcotraficantes, paramilitares, cartelistas, estafadores y lavadores

Como se ha hecho evidente en la significativa cantidad de videos y grabaciones, de campaña y precedentes, en las que quedaron registradas influencias indebidas para actuar irregularmente ante congresistas, imprecaciones contra la izquierda a la que propone destripar, defensa jurídica de abusadores de menores relativizando la gravedad de tal crimen, y ataque a decenas de mujeres abusadas a las que calificó, de manera indignante, como “trepadoras”, abogando por un pastor cristiano, entre muchas otras versiones. Pese a que este proceso por delitos sexuales terminó en favor del acusado depredador, el proceder del abogado dejó ver el lenguaje agresivo y descarado utilizado en instancias judiciales que dejaron una intensa fractura social reflejada entre el proceso jurídico y la crudeza de los testimonios de las feligresas que insisten en el daño provocado.

No siendo casos aislados y marginales, queda claro que en la opción que hoy favorece la derecha más recalcitrante, y gente común que se identifica con su radicalismo, se personifica un patrón de quiebre ético que va más allá de las irregularidades formales manifestadas en ejercicio del derecho a opinar. Sus acciones evidencian compromiso y amparo de una postura política que normaliza la violencia discursiva, la promesa de agresión virulenta y la defensa de lo indefendible, anunciando la intensificación del debilitamiento en la precaria legitimidad institucional y, mucho me temo, nuevos brotes de re-paramilitarización del país.

Aun no es tarde para que aquellos a quienes llama “la manada” reaccionen, se informen y sopesen lo que representa una opción, más que electoral, directamente involucrada en un proyecto político en defensa de intereses criminales, para el que la relativización de la atrocidad, la maleabilidad moral y la narrativa discursiva violenta resultan habituales, como corresponde a sujetos crecidos en connivencia con la ilegalidad y el desprecio de la ética.