16 de noviembre de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Anunció hace unos días el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que el próximo 8 de diciembre una minga se movilizará hacia Cali desde diversos territorios del sur y el suroccidente del país para demandar del Estado, pero fundamentalmente, del Gobierno el cumplimiento de acuerdos recientes y viejos que la institucionalidad ha pisoteado, como es usual aquí con todo lo de los indígenas.

La que tendrá lugar próximamente será la undécima minga en los últimos 21 años, desde aquella que en 1999 le hicieron los mismos indígenas del Cauca durante 23 días al impresentable gobierno de Andrés Pastrana. Ese levantamiento indígena terminó con la expedición del decreto 982 de 1999 que declaró la emergencia social, cultural, ambiental y económica de esas comunidades; y con el compromiso del entonces presidente de invertir $100.000 millones de pesos para superar el estado de calamidad.

La declaración de emergencia fue un saludo a la bandera. Los acuerdos no se concretaron y de esos incumplimientos gubernamentales sobrevinieron mingas en los gobiernos sucesivos de Uribe I, Uribe II, Santos I, Santos II y Duque. Los reclamos de hoy coinciden con los de hace 21 años, las promesas de los recientes gobiernos como la adquisición de 8.000 hectáreas en el 2005, o los $22.000 millones para compra de tierras que permitieran resolver conflictos interétnicos en el 2012, o los $30.000 millones más para compra de tierras en el 2014 no se han cumplido en lo más mínimo. Y la lista es larga.

Ha sido tal el nivel de incumplimiento del Estado a los Pueblos Indígenas, que el expresidente Santos expidió el decreto 1811 de 2017 en el que trazó una ruta para cumplir acuerdos adquiridos con estas comunidades desde 1999. Pero como siempre, esa normativa también fue incumplida. La hacienda La María, en el municipio de Piendamó, a un lado de la carretera Panamericana entre Popayán y Cali es testiga muda de las decenas de acuerdos a los que llegan los voceros indígenas con afanados funcionarios enviados desde Bogotá para que con confites presupuestales calmen los ánimos caldeados de los marchantes.

Es cierto que, a los indígenas, los afrocolombianos, los estudiantes, los obreros y a todos los que año tras año en la calle marchan para exigir de los sucesivos gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, les ha faltado desconfiar de las negociaciones con el establecimiento y asegurar el futuro cumplimiento de lo convenido con instrumentos de orden constitucional.

Aún los chocoanos siguen esperando la pavimentación de las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín, la construcción y dotación del hospital de tercer nivel en Quibdó y los nuevos centros médicos de Riosucio e Itsmina; todos ellos fueron los acuerdos que permitieron levantar el paro cívico de 2017 en el departamento, y de los cuales hasta ahora no ha habido ni siquiera una apropiación presupuestal, todo esto ha sido incumplido. Y seguramente, vendrá otro paro cívico.

Al levantamiento que se viene los mingueros y mingueras le sumarán claras exigencias de protección a la vida. Solamente en el departamento del Cauca este año han sido asesinados 81 indígenas. El conflicto armado en ese departamento arrecia y con él se han recrudecido el confinamiento, el desplazamiento masivo forzado, los hostigamientos, el reclutamiento forzado y las amenazas. El más reciente informe de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC) es concluyente en afirmar que “los indígenas se sienten atrapados en sus propios territorios debido a los riesgos que les representa la presencia de grupos armados legales e ilegales”.

Entretanto, la implementación del Acuerdo de Paz, y con él del Capítulo Étnico, era la esperanza para construir un horizonte de pacificación en los territorios. Pero es claro, que el propósito de este gobierno de destruir lo acordado se cumplió y con creces.