Por: John Jairo Blandón Mena

                                                                               “La crisis ambiental global, en particular la climática, exige actuar con sensatez. Es tiempo de una transición energética que nos implique, además de cambiar la matriz energética, hacer transformaciones culturales”.

Tatiana Roa Avendaño

Activista ambientalista, Coordinadora General de la ONG Censat Agua Viva

El 21 de octubre de 2018 el municipio cundinamarqués de Fusagasugá marcó un hito en la lucha contra el fracking, al ser la primera población en América Latina en rechazar mediante consulta popular la extracción de hidrocarburos por  fracturación hidráulica en su territorio. Sin duda; que el contundente resultado obtenido allí: 99,49% por el no y 0,51% por el sí, evidenció de manera representativa la posición de la mayoría de colombianos respecto a esta técnica. En plena campaña, Iván Duque supo aprovechar falazmente este tema sensible y prometió algo, que tan pronto se instaló la banda presidencial desconoció e incumplió: “Tenemos una sobrexposición de ecosistemas diversos y complejos acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” (11/04/18 durante foro en la Universidad Autónoma de Bucaramanga).

Un documento expedido recientemente por la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) y publicado por la Alianza Colombia Libre de Fracking sobre los impactos del proceso de fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas, concluye como lo han hecho múltiples indagaciones previas de universidades, organizaciones ambientales, gobiernos y comunidades científicas, que la mezcla de agua, químicos y arena que se bombardea a alta presión dentro del pozo perforado para fracturar las capas de roca de enquisto y hacer subir a la superficie el gas o el petróleo, constituye una mezcla química altamente contaminada de metales pesados y radioactivos que pueden filtrarse a acuíferos, desbordarse hacia fuentes hídricas que surten acueductos y sirven a la agricultura y la ganadería. No menos lesiva sería la filtración de gas por medio de la roca fracturada y la contaminación del aire, como consecuencia de las grandes emisiones de metano que involucra este proceso.

En esa misma línea, el periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur, Martín Álvarez Mullally ha presentado varios informes que plantean como en el territorio de Sauzal Bonito en la Patagonia argentina, en inmediaciones del yacimiento petrolífero Vaca Muerta, no para de temblar desde que la explotación de gas inició hace unos años mediante la técnica del fracturamiento hidráulico. Esa pequeña población que se encuentra erigida sobre la formación rocosa que ha sido fracturada por las empresas mineras no cesa de padecer una intensa actividad sísmica, atípica antes de que allí se empezara a utilizar este método de extracción de hidrocarburos. De lo cual se puede afirmar, según la indagación, que hay una relación causal entre este tipo de explotación y la sismicidad en ciertas zonas de influencia.

Un importante sector del capital transnacional que se sirve de la industria extractivista, y que en lo local financia campañas presidenciales, compra medios, fleta periodistas y financia estudios con resultados previsibles, hace apología de las bondades del fracking y desconoce las revelaciones científicas sobre la potencial destrucción medioambiental que genera. Allí se cuentan al gobierno actual, quien a través de su exministra de Minas hablaba del oxímoron de “Fracking responsable”. O el empresariado colombiano que por intermedio de su centro de pensamiento, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga; en misiva del pasado cinco de abril dirigida al presidente Iván Duque, solicitan de manera apremiante “la aprobación de procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales”; en clara alusión a la flexibilización de las talanqueras ambientales que han impedido la consolidación de la minería en paramos o parques naturales y la implementación del fracking.

La institucionalidad colombiana en desarrollo de su proyecto económico expoliador, desde 2013 le abrió paso a la práctica del fracking con el Decreto 3004 del 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Dichas normas fueron demandadas en nulidad simple ante el Consejo de Estado por colectivos ambientalistas, que para beneficio de la nación obtuvieron medida cautelar en la cual se suspendieron las normativas, en cumplimiento del principio de precaución, que según los magistrados se fundamenta en la ausencia de certeza absoluta frente a los riesgos de la exploración o explotación minera, que debe llevar a proteger el medio ambiente hasta que haya un peritazgo científico que aporte el convencimiento judicial pata tomar una decisión de fondo.

El estudio científico que sustentará la sentencia, estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Colombia y ya fue presentado al Consejo de Estado, que por efectos de la suspensión de actividades judiciales por el Covid-19, no ha avanzado en las diligencias. Sin embargo, se subraya del documento el aparte que señala que “no es posible hacer fracking responsable porque existen demasiados riesgos asociados que la técnica no puede ni controlar ni garantizar”. Así las cosas, el sentido del fallo pudiera anticiparse sino fuera porque obran otros informes en el expediente, que, aunque no tienen la solidez probatoria del señalado, pudieran generar alguna decisión en contravía de los intereses colectivos de protección al medio ambiente.

Entretanto; el Gobierno Nacional aprovechando los vericuetos que le otorgó la medida de suspensión provisional expedida por el Consejo de Estado, promulgó el Decreto 328 del 28 de febrero del 2020 que dispone la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fracturamiento hidráulico. Las triquiñuelas del establecimiento para burlar la justicia y complacer los intereses del capital foráneo se consolidaron en ese acto administrativo al que acompañaron declaraciones apocalípticas sobre el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y el golpe letal a la economía si no se adopta el fracking de manera perentoria. Dicen los portavoces del establecimiento que son solo pruebas para verificar la conveniencia de la técnica. No obstante, La experta ambientalista Tatiana Roa Avendaño, Coordinadora General de la ONG Censat Agua Viva desmiente esas buenas intenciones, afirmando que el propósito de la política de hidrocarburos del país no ha sido en los últimos años aumentar las reservas sino incrementar la producción concomitantemente con las exportaciones; además, denuncia que los pilotos de fracking serán realizados por las propias empresas que tienen interés directo en el negocio posterior.

Es necesario que haya un riguroso escrutinio público a una de las decisiones más transcendentales para las nuevas generaciones: La sentencia que definirá en el Consejo de Estado el futuro del fracking en Colombia. Por otro lado; es imperioso acompañar desde todos los sectores la incitativa legislativa de la Alianza Colombia Libre de Fracking junto a más de 30 congresistas de distintas bancadas de la oposición, que radicaron el pasado 10 de agosto ante la Secretaria General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que busca prohibir en el territorio nacional la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales.

Adenda: Abominable la masacre de los jóvenes en Cali. Demandamos de las autoridades celeridad en la investigación penal y prontitud en la captura de los responsables.