Uno de las normas constitucionales más importantes en la orientación de los presupuestos de las entidades del Estado es que el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación (artículo 350 CP). La garantía del cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho radica en que los recursos de los colombianos, en primera medida se inviertan las necesidades relacionadas con la satisfacción de los derechos fundamentales. 

Ningún administrador público debería privilegiar las inversiones en gastos suntuarios sobre aquellos que están relacionados con la dignidad humana de sus administrados. Es un principio básico aplicable inclusive a la economía familiar. Es impensable un padre que prefiera comprar un equipo de sonido a pagar un tratamiento médico a uno de sus hijos. Según el artículo superior citado, las personas con necesidades básicas insatisfechas deben priorizarse en la definición presupuestal de las entidades públicas. 

El alcalde Federico Gutiérrez inició la construcción de un enorme proyecto denominado “Mar Medellín”. Una playa artificial de 12,000 m² y espejos de agua equivalentes a 10 piscinas olímpicas que tendrá una inversión cercana a los 200.000 millones de pesos. El burgomaestre ha defendido la obra afirmando que “ en Medellín, la playa ya no está a un avión de distancia. Estará aquí en el centro y en el corazón de la ciudad”. Y por sí fuera poco, el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) ha cacareado por doquier que este proyecto ha sido por años “un sueño de la ciudad”. 

No es cierto lo que afirma la cabeza de la entidad dedicada a la planificación, diseño y ejecución de proyectos en Medellín. “Mar Medellín” no fue socializado con los medellinenses, el alcalde lo anunció a la ciudad cuando ya se habían comprometido los recursos y la etapa precontractual había iniciado. Los verdaderos sueños que tienen los habitantes de la otrora considerada “tacita de plata” es que la universidad pública no esté desfinanciada en buena medida por el recorte de los recursos que la Alcaldía de Medellín contrataba con el Alma Mater.  Que los deslizamientos e inundaciones en los barrios de las laderas no sean parte del paisaje ante la inexistente gestión de las cuencas y quebradas de la ciudad; y que la administración disminuya el creciente déficit de vivienda que tiene a cerca de 37.000 familias sin casa, a 180.000 familias que requieren mejoras significativas y se reduzcan los altos niveles de hacinamiento y precariedad en los servicios públicos según Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos. 

El alcalde prefiere mantener la contradicción de que Medellín ostente el título de una de las ciudades innovadoras que mantiene según el Ministerio de las TIC a 120 mil familias de las comunas más empobrecidas con una conexión altamente inestable y en muchos casos desconectadas. El deterioro del centro de la ciudad como lugar de encuentro, trabajo y desarrollo se ha incrementado, a tal punto que la administración se quedo sin un plan para hacerle frente al aumento de la presencia de personas en situación de calle, de prostitución infantil y de consumo de drogas en lugares icónicos. 

Todo esto sin mencionar los pírricos presupuestos que destina la administración para sectores poblaciones como los pueblos étnicos, que durante este cuatrienio no recibirán para la garantía de sus derechos colectivos ni el 15% de lo que costará “Mar Medellín”. Se gobierna para la gente o para los intereses económicos; en el caso del alcalde de Medellín es claro saber para quién esta gobernando.