El 7 de agosto inicia la más confusa y mixturada expresión del ascenso de la imaginería religiosa en la conducción del Estado, animada por la estrafalaria conversión de un presidente que, según parece, renunciará a gobernar desde el Palacio de Nariño. Las designaciones que le anteceden como gobernante constituyen un anuncio de que la tan mencionada «guerra cultural» no será más que una abierta confrontación entre supuestos patriotas defensores de la fe y quienes declaren, descaradamente, enemigos “destripables”.

Peregrinaciones y actos de adoración en campaña, sincretismos pietistas en eventos religiosos, simbología devocional en reuniones ejecutivas, gestos, cánticos y expresiones de adoración, enmarcan el escenario en el que el ascenso político de sujetos que exhiben sus confesionalidades pone en entredicho la separación entre iglesias y Estado, que constituye una garantía constitucional a la igualdad jurídica y a la libertad religiosa, preconizando la autonomía de las creencias, la tolerancia valorativa, y la negación del integrismo en las particulares concepciones de vida.

Una profusa acumulación de actos de fe personificados por el electo presidente, sus ministros designados, y hasta asesores sancionados, anuncian un escenario de disputa entre la adhesión religiosa de los gobernantes y la declaratoria constitucional de laicidad, invadiendo con ritualidades y liturgias públicas el terreno de la íntima y soberana expresión de las creencias; incluso mixturando en ellas tradiciones y mentalidades otrora antagónicas como el catolicismo y el protestantismo, en una especie de ecumenismo convenientemente forzado.

Aunando diferentes vertientes devocionales, en su pública declaratoria creyente, quienes ascienden a posiciones dotadas de autoridad pretenden transformar las realidades políticas a través de la fe. Tal como afirma Ariel Goldstein, quien en su libro Poder Evangélico analiza cómo los grupos religiosos están copando la política en América Latina y Estados Unidos, “la mentalidad del esfuerzo individual que promueve el evangelismo se expande en oposición a un catolicismo que hace elogio del sufrimiento y predica el conformismo con la situación de pobreza. Este crecimiento es atribuido a la conexión del pentecostalismo con la “ideología del milagro” que caracteriza las formas de la experiencia cotidiana en los sectores populares.”

La contienda religiosa en la denominada “patria milagro”, amplía la participación política de las feligresías católicas, protestantes y evangelísticas, redimensiona las tareas de la función pública como apostolado. En ese cometido, actúan como soldados de Cristo comisionados en misión salvífica para alcanzar la conquista del mundo político y de la autoridad que proviene del gobierno humano. Bajo esa óptica, “por la razón o por la fuerza”, se termina por transformar la contienda democrática en una cruzada de salvación nacional dirigida contra enemigos de la fe, de la patria y del orden divino.

La renovación carismática, el camino catecumenal, el pietismo de vieja raigambre conservadora, el esoterismo del Opus Dei, el evangelismo pentecostal, y otras derivaciones católicas y cristianas, se activan en el escenario político enarbolando el estandarte de la fe en la conquista del Estado, convirtiéndolo en un instrumento dúctil para imponer un orden moral unicista y ortodoxo, combatir adversarios ideológicos y organizar  la disputa política como una extensión de la lucha espiritual entre el bien y el mal; concibiendo esa impronta como una batalla cultural.

Hacer públicas declaraciones de fe no deberías ser un problema mayúsculo en una democracia. La condición siempre será la misma: obrar de tal manera que las acciones propias no resulten invasoras o provoquen desafección del querer público. En tal sentido, más allá de posturas dogmáticas e imposiciones principalistas, una sociedad que aspira a regirse por la supremacía de las reglas constitucionales que cobijan a todas y todos, descarta de plano que las convicciones religiosas y los estilos de vida puedan sobrecargarse con intentonas de uniformidad de la vida social.

El principio fundamental tras la garantía a las libertades religiosas no consiste en que las mayorías sociales, culturales o políticas impongan su criterio para homogeneizar creencias o convicciones. Por lo contrario, consiste en que a ningún segmento de la sociedad se le imponga el gravamen del juicio de relevancia. En el mismo sentido, tampoco se le faculta para imponerlo a otros, pues lo que resulta significativo y pertinente a la adhesión confesional no necesariamente coincide con los resultados esperados en las acciones públicas regladas por la constitución, las leyes y sus reglamentos.

Así como nadie está obligado a demostrar la pertinencia de las convicciones religiosas en un espacio público que se rige por normas seculares protectoras; nadie está autorizado a invalidar la defensa de tales garantías, desconociendo el fundamento de la democracia constitucional. La coexistencia en la diversidad, el poder vivir juntos entre personas que no necesariamente comparten un mismo ideal de bien ni una misma concepción de la vida, de la muerte y de sus destinos humanos, reclama el irrestricto respeto al marco común de la tolerancia respetuosa y del apego a la legalidad; mucho más en materia religiosa.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, que no pretenda ser tan solo una alusión semántica, creer no puede convertirse en un privilegio que imponga trabas al común disfrute de la pertenencia humana. Menos aún, puede socavar la dignidad humana, la igualdad legal y la diversidad cultural y comunitaria, socavando el rigor de nuestra vigente constitución.