Por: Arleison Arcos Rivas

Crece la presión oficial para que la escuela pública retorne a las aulas, así sea en condiciones restringidas y con alternancia, sin que al momento estén dadas las condiciones para asegurar a las familias que no habrá daño ni peligro de contagio para sus hijos e hijas. Mientras el Ministerio de Educación considera hecha su tarea con la formalización de protocolos de bioseguridad cuya ejecución deja en manos de los entes territoriales, los directivos de las instituciones educativas palidecen ante los inmensos riesgos que conlleva el retorno a clases, por el momento, bajo cualquier modalidad presencial.

Mientras el diario ABC de España reporta un primer estudio de la Universidad de Granada indicando que un aula con 20 niños y niñas supone el contacto con 800 personas en 2 días, el Instituto Nacional de Salud (INS) hace un llamamiento con preocupación por el incremento de contagiados y muertos en Colombia.  Así las cosas, pareciera que el retorno de los estudiantes a las aulas no sólo constituye un riesgo país que se debe considerar con seriedad sino además una fuente de demandas inusitadas cuyo costo no puede ponerse en manos de directivos y docentes.

Las evidencias son contundentes: el país está acelerando de manera generalizada el exponencial de contagio, al tiempo que presenta serias dificultades para identificar, aislar y atender los casos que se presentan. A tal punto la alarma del INS es de considerable proporción que la reiteración de usar tapabocas siempre, lavarse las manos frecuentemente, evitar aglomeraciones y lugares concurridos y mantener distancia de dos metros con otras personas vuelven a ser mensajes reiterativos, indicando que no han tenido el efecto esperado con el aislamiento obligatorio tras la declaratoria de pandemia.

Si la población escolarizada en las instituciones educativas públicas del país supera ya los 8 millones de estudiantes, inquieta considerar que el potencial de contagio del actual virus (factor R) estaría entre 1,9 y 2,4 millones de personas, si se aplica la tasa básica de reproducción calculada por el instituto alemán de virología Robert Koch (entre 2,4 y 3,3). Esto sin considerar a docentes, directivos y un número indeterminado de administrativos que requiere la escuela para funcionar. Como se ve, aún bajo cualquier modelo de alternancia, las cifras de contagio son populosas; aterradoras, incluso.

De acuerdo con el DANE y vistas las cifras por niveles, el 41,7% (más de 3 millones) de los estudiantes se encuentran matriculados en básica primaria. ¿Estamos dispuestos a soportar niveles de contagio en una población tan sensible, con menores posibilidades de reacción ante los riesgos y con una elevada propensión a desoír los llamamientos de distancia, limpieza y autocuidado? ¿Contamos con las condiciones hospitalarias para sostener una tasa de contagio creciente que podría implicar al 39,9% del magisterio, que atiende dicho nivel? Seguramente las cifras serían menos preocupantes en los otros niveles, sin que ello implique que desaparezcan los riesgos asociados a la movilización hasta las escuelas, la mayoría en transporte público, y la presencialidad en las aulas.

Como se ve, la respuesta a cualquier interrogante sobre la alternancia en el retorno a las aulas de clase implica consideraciones mayúsculas que, si bien cuentan hoy con protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Educación, no resuelven el problema de que, así asistan en poca cantidad, con menor frecuencia y con mayor distancia, tanto el entorno de convivencia inmediata como el de contactos frecuentes que implicaría la movilización de escolares incide en el incremento de contagios y, presumible igualmente, muertes provocadas por la exposición de los menores a condiciones de contagio que difícilmente pueden controlarse.

Dado que los niveles de incertidumbre de una medida de alternancia no pueden controlarse con suficiencia debido a la poca confiabilidad en la aplicación de protocolos en los diferentes espacios y escenarios de movilidad entre la casa y el aula, vale la pena preguntarse hasta dónde tiene sentido que un país exponga a sus niños y niñas a mayores contagios, en lugar de fortalecer otras alternativas de actuación educativa compartida para el aprendizaje en casa que impliquen un rediseño de las inversiones públicas para hacerlas funcionar, mientras pasa lo peor, en lugar de convertir a nuestros niños, niñas y maestros en heroicos guerreros enfermos o muertos.