Por: Jhoannes Rivas Mosquera

El conjunto de familias de ascendencia africana que habitan en la cuenca del pacífico y en otras zonas del país, las cuales poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos,  desde tiempos inmemoriales vienen utilizando los rituales mortuorios para darle el último adiós (despedida) o disponer del cuerpo de quien parte de la vida terrenal (difunto) a un proceso de asunción o conexión por medio de la muerte, que se convierte en el mejor pasaporte para emprender el viaje desde la vida terrenal (material), hacia la tierra de nuestra antepasados, ancestros y dioses africanos (espiritual).

Este  proceso lo realizan las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), a través de los vínculos mágicos-religiosos que se inscriben en las prácticas ancestrales y culturales de los velorios, levantamiento de tumbas, alabaos y gualíes, como factores aleccionadores y cohesionadores de las comunidades, porque les permite expresar las más sentidas manifestaciones de condolencias y solidaridad con el sufrimiento que invade a los miembros de una familia que pierde a un ser querido.

Estas prácticas ancestrales y culturales, no se podrán aplicar dado el contexto actual de propagación y contagio generalizado de la COVID-19, como también por los protocolos, lineamientos y recomendaciones suministradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud a nivel nacional, los cuales han de tenerse en cuenta para el entierro de una persona que haya fallecido por la COVID-19.

Dentro de las dos principales recomendaciones que impiden la realización de estos rituales mortuorios o prácticas ancestrales y culturales, encontramos las siguientes: 1) el cuerpo debe ser cremado preferiblemente, sin embargo de no contar con este tipo de servicio en la ciudad donde se presentó la muerte, se podrá realizar la inhumación en sepultura o bóveda en el cementerio y; 2) el traslado del cuerpo así como la cremación o inhumación, debe realizarse en el menor tiempo posible, para evitar la exposición de más personas al virus, razón por la que no se podrán realizar actos fúnebres «que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas».

Así las cosas, desde una visión étnica-comunitaria, se afirma que las personas que fallezcan en el marco de esta pandemia, no tendrán una muerte digna, así como sus familiares no podrán tener un duelo a plenitud, debido al desprendimiento abrupto de su ser querido con su ombligamiento cultural.

Ante todo, esto, preocupa no sólo la indolencia e intransigencia del Estado Colombiano, ya que nos obliga, por un lado, a quedarnos en las casas encerrados para no exponernos al virus; sino que también, por el otro lado, no llegan las ayudas humanitarias que nos asegure un tiempo prolongado de encierro. Esto nos confirma sobre manera, que el gobierno sometió a los colombianos a una lógica necropolítica, de quién puede vivir y quién debe morir, dado a que sus acciones tienen un perfilamiento racializado y una subalternidad en el trato a los descendientes de africanos en Colombia, propio de un sistema colonial, en donde se profundizan las precarias condiciones de vida y el estado de pobreza y subdesarrollo de sus connacionales.

De esto dan cuenta, los más recientes informes publicados por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en materia de Implementación del Acuerdo de Paz, Situación Humanitaria durante el Posconflicto y el Número de Contagios y Muertos de la Población Afrocolombiana en el marco de la COVID-19, los cuales nos arrojan unas estadísticas bastantes desgarradoras y espeluznantes, al asegurar que el 80% de esta población tienen sus necesidades básicas insatisfechas y más del 60% carecen de acceso a servicios sociales. Que el 43% de las agresiones contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos afectaron a líderes de las comunidades étnicas, y que aproximadamente el 20% del total de dichas agresiones afectaron a las mujeres.

Así mismo, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019, el 45,7% de la población desplazada pertenecía a grupos étnicos. Y finalmente, en el marco de la COVID-19 en el litoral pacífico, en los territorios mayoritariamente poblados por comunidades afrocolombianas han resultado confirmados 3.658 personas infectadas, distribuidos de la siguiente forma: el Departamento del Chocó (1.010 casos y 31 fallecidos); el Departamento del Valle del Cauca (Buenaventura 1.253 casos y 69 fallecidos); el Departamento de Nariño (Tumaco, La Tola y Magüí – Payán 1.409 casos y 89 fallecidos) y el Departamento del Cauca (273 casos). Situación ésta, que pide a gritos al Estado Colombiano que se reinvente la política diseñada para la prevención, protección, asistencia y atención de este grupo étnico en tiempos de pandemia.