El exterminio de los ritos mortuorios o el vivir muriendo de la gente negra en Colombia

Por: Jhoannes Rivas Mosquera

El conjunto de familias de ascendencia africana que habitan en la cuenca del pacífico y en otras zonas del país, las cuales poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos,  desde tiempos inmemoriales vienen utilizando los rituales mortuorios para darle el último adiós (despedida) o disponer del cuerpo de quien parte de la vida terrenal (difunto) a un proceso de asunción o conexión por medio de la muerte, que se convierte en el mejor pasaporte para emprender el viaje desde la vida terrenal (material), hacia la tierra de nuestra antepasados, ancestros y dioses africanos (espiritual).

Este  proceso lo realizan las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), a través de los vínculos mágicos-religiosos que se inscriben en las prácticas ancestrales y culturales de los velorios, levantamiento de tumbas, alabaos y gualíes, como factores aleccionadores y cohesionadores de las comunidades, porque les permite expresar las más sentidas manifestaciones de condolencias y solidaridad con el sufrimiento que invade a los miembros de una familia que pierde a un ser querido.

Estas prácticas ancestrales y culturales, no se podrán aplicar dado el contexto actual de propagación y contagio generalizado de la COVID-19, como también por los protocolos, lineamientos y recomendaciones suministradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud a nivel nacional, los cuales han de tenerse en cuenta para el entierro de una persona que haya fallecido por la COVID-19.

Dentro de las dos principales recomendaciones que impiden la realización de estos rituales mortuorios o prácticas ancestrales y culturales, encontramos las siguientes: 1) el cuerpo debe ser cremado preferiblemente, sin embargo de no contar con este tipo de servicio en la ciudad donde se presentó la muerte, se podrá realizar la inhumación en sepultura o bóveda en el cementerio y; 2) el traslado del cuerpo así como la cremación o inhumación, debe realizarse en el menor tiempo posible, para evitar la exposición de más personas al virus, razón por la que no se podrán realizar actos fúnebres «que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas».

Así las cosas, desde una visión étnica-comunitaria, se afirma que las personas que fallezcan en el marco de esta pandemia, no tendrán una muerte digna, así como sus familiares no podrán tener un duelo a plenitud, debido al desprendimiento abrupto de su ser querido con su ombligamiento cultural.

Ante todo, esto, preocupa no sólo la indolencia e intransigencia del Estado Colombiano, ya que nos obliga, por un lado, a quedarnos en las casas encerrados para no exponernos al virus; sino que también, por el otro lado, no llegan las ayudas humanitarias que nos asegure un tiempo prolongado de encierro. Esto nos confirma sobre manera, que el gobierno sometió a los colombianos a una lógica necropolítica, de quién puede vivir y quién debe morir, dado a que sus acciones tienen un perfilamiento racializado y una subalternidad en el trato a los descendientes de africanos en Colombia, propio de un sistema colonial, en donde se profundizan las precarias condiciones de vida y el estado de pobreza y subdesarrollo de sus connacionales.

De esto dan cuenta, los más recientes informes publicados por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en materia de Implementación del Acuerdo de Paz, Situación Humanitaria durante el Posconflicto y el Número de Contagios y Muertos de la Población Afrocolombiana en el marco de la COVID-19, los cuales nos arrojan unas estadísticas bastantes desgarradoras y espeluznantes, al asegurar que el 80% de esta población tienen sus necesidades básicas insatisfechas y más del 60% carecen de acceso a servicios sociales. Que el 43% de las agresiones contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos afectaron a líderes de las comunidades étnicas, y que aproximadamente el 20% del total de dichas agresiones afectaron a las mujeres.

Así mismo, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019, el 45,7% de la población desplazada pertenecía a grupos étnicos. Y finalmente, en el marco de la COVID-19 en el litoral pacífico, en los territorios mayoritariamente poblados por comunidades afrocolombianas han resultado confirmados 3.658 personas infectadas, distribuidos de la siguiente forma: el Departamento del Chocó (1.010 casos y 31 fallecidos); el Departamento del Valle del Cauca (Buenaventura 1.253 casos y 69 fallecidos); el Departamento de Nariño (Tumaco, La Tola y Magüí – Payán 1.409 casos y 89 fallecidos) y el Departamento del Cauca (273 casos). Situación ésta, que pide a gritos al Estado Colombiano que se reinvente la política diseñada para la prevención, protección, asistencia y atención de este grupo étnico en tiempos de pandemia.

Sobre el autor

Jhoannes Rivas Mosquera. abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba". Máster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos. Docente Investigador de la Facultad de Derecho con Enfoque Étnico de la Fundación Universitaria Claretiana. Columnista de las Revistas Digitales Vive Afro, D'Cimarrón del Centro de Desarrollo Étnico del Perú - CEDET- y del Periódico El Manduco. Cuenta con una extensa experiencia en trabajo comunitario y de investigación social en los territorios colectivos de comunidades Afrocolombianas e Indígenas. Coautor del Libro: Impacto de la Minería Extractiva en el Cambio Climático en Comunidades Afrodescendientes de América Latina y del Caribe. Ed. Centro de Desarrollo Étnico, 2016. Autor del libro: Incidencia de la Actividad Minera en el Etnodesarrollo de las Comunidades Negras pertenecientes a los Consejos Comunitarios de la Subregión del San Juan del Chocó Biogeográfico (año 2001 a 2013). Ed. IAEE, 2015.
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Merlyn Claudina Mosquera

Excelente escrito muy oportuno frente a lo que hoy se está viviendo .

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