04 de junio de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

En nada afecta la autonomía universitaria que el Ministerio de Educación pretenda hacer prevalecer la legalidad en la espuria elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Al contrario, actúa la ministra Aurora Vergara en el marco institucional al negarse a reconocer un acto cuestionado por la alteración de las reglas electorales, por la confabulación preelectoral de algunos miembros del Consejo Superior Universitario; pero, sobre todo, por el desconocimiento de la consulta a estudiantes y profesores que expresaron por amplia mayoría que su favorito entre los diez candidatos a la rectoría era el profesor Leopoldo Múnera; que sacó cuatro veces más votación que el autoposesionado rector. 

Aunque el resultado de la consulta a la comunidad universitaria no es vinculante, es indiscutible que, cualquier decisión que tome el Consejo Superior en desconocimiento de la voluntad general carece de legitimidad; y como mínimo, debería ser explicada y justificada ante los diferentes estamentos universitarios representados en esa instancia. Esa es una de las acciones que reclaman los estudiantes y profesores, que los consejeros expliquen las razones que motivaron su distanciamiento en su decisión de lo expresado por la comunidad universitaria. Ante esta justa y necesaria petición, los miembros del Consejo Superior aducen amenazas para referirse al respecto. Este último hecho, sería suficiente para considerar la ilegitimidad de todo el proceso.

El afán de Ismael Peña en posesionarse como rector de la Universidad Nacional en una notaría sin la firma de la ministra de Educación, las actas anónimas de las reuniones del Consejo Superior Universitario que no expresan los nombres, ni el sentido del voto de cada consejero revisten este proceso de ilegalidad. La elección del rector tiene que hacerse de cara a la comunidad universitaria, y, ésta tiene el derecho de conocer las posiciones que adoptan sus representantes en el Consejo Superior.

Es necesario esclarecer de cara a la comunidad universitaria y al país, los indicios que señalan al autoposesionado Ismael Peña, de encarnar un protectorado continuista de los intereses de un sector que se ha beneficiado de manera cuestionada de las últimas administraciones de la universidad. Datos revelados por investigaciones periodísticas señalan que hay un amplio grupo de profesores de dedicación exclusiva que reciben salarios por encima de los 50 millones mensuales y viáticos elevados girados de manera cuestionable por desde el rubro de Servicios Académicos Remunerados; mientras que los profesores ocasionales y de cátedra, que son la mayoría, se contratados por horas con una remuneración precaria. Uno de los beneficiados de estas erogaciones es el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, y quien apoya la elección de Peña.

Lo de fondo, es que esta situación inédita en la historia de la Universidad Nacional de Colombia puede ocasionar que a más de 57 mil estudiantes se les cancele su semestre. Que más de 4.000 egresados no se gradúen próximamente, hasta cuanto se sepa quién de manera legal firmará su diploma como rector; y que los cientos de proyectos de investigación e intervención social de la universidad se paralicen. Lo cierto, es que hay sectores que les preocupa que el proyecto de amplia democratización universitaria que propone el profesor Leopoldo Múnera se concrete y se afecten los históricos intereses creados en la universidad.

Pero la pregunta que surge es ¿cómo puede dirigir una universidad un rector con la oposición de todos los estamentos universitarios? Entretanto, los estudiantes y SINTRAUNAL seguirán en paro hasta que tengan un rector elegido manera legal y legítima.