10 de mayo de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza son los municipios que conforman el Bajo Cauca, una de las nueve subregiones de Antioquia. Los casi 8.500 km² que la conforman, y que otrora concentraron una potentísima economía minera, piscícola, agrícola y ganadera, hoy albergan la población más empobrecida del departamento, y la que ha tenido que padecer por décadas una cruenta guerra que desde los noventa ha dejado más de 200 mil víctimas de todo tipo.

Y es que ser una riquísima zona aurífera, cocalera, ganadera y agropecuaria se ha convertido en la fuente de todas las violencias que resisten los habitantes del Bajo Cauca. Hace unos 30 años el fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en sus bloques Central Bolívar y Bloque Mineros dejaron una estela incontable de muertos, que buena parte de ellos siguieron el cauce del rio Nechí y el Cauca. Hoy, continúan los grupos paramilitares rebautizados como Caparros y el Clan del Golfo, a los que se le suman el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), todos juntos librando una sanguinaria batalla por el dominio de las rentas legales e ilegales de la subregión.

Las rentas controladas por las estructuras armadas son millonarias. Los negocios de la minería, hoy prácticamente toda ilegal deja miles de millones a cada grupo armado; según informes de la Policía Nacional del año antepasado, el Clan del Golfo obtenía por ese concepto 12 mil millones mensuales sólo en los municipios del Bacre y Nechí. La coca que se produce en el Bajo Cauca representa el 80% de la que se trafica desde Antioquia, y sus ganancias son astronómicamente millonarias. El despojo de tierras productivas que sustenta los dos anteriores negocios, también permite el control territorial y de las economías formales.

En la zona los desplazamientos, las masacres y los homicidios hacen parte del paisaje. En 2019, Taraza, ese municipio con poco menos de 50.000 habitantes tuvo el indecoroso lugar de ser el territorio con la tasa de homicidios más alta del país por cada 100 mil habitantes. Y en el 2020, se perpetró una masacre por mes en esta subregión. Y recientemente, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) halló 200 cuerpos no identificados en 20 lugares de inhumación irregular o fosas comunes.

La presencia del Estado en esa zona ha sido principalmente militar. En Caucasia está ubicado el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 y el Grupo de Tarea Aquiles del Ejercito opera con más de 5.000 hombres en la zona. Sin embargo, militarmente no se ha contenido el avance de los grupos armados. Sucesivos aumentos del pie de fuerza militar y policial es lo que se promete tras cada visita presidencial, mientras la corrupción y la falta de política social es lo que pulula en cada uno de los seis municipios del Bajo Cauca. Bien vale, hacerle un homenaje póstumo al anestesiólogo del Hospital de Caucasia Óscar Pastrana, que apareció muerto en extrañas circunstancias en el baño de un hospital en Bogotá, luego de denunciar públicamente actos de corrupción administrativa del centro médico donde laboraba.

El paro armado puso a la luz de toda la nación, lo que en el Bajo Cauca antioqueño es cotidianidad, esto es, el control de las estructuras ilegales de todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Y no es por la captura y extradición de Otoniel, o por la persecución de Chiquito Malo, su sucesor. Es porque el Estado colombiano ya perdió el control y la legitimidad de vastas zonas del país. ¿Cómo recuperarlas? Esa es la tarea que debe iniciar el próximo gobierno, y según percibo, sólo un candidato entiende que no es a sangre y fuego como se conseguirá.