25 de abril de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

El primer trimestre de este año ha sido nefasto en materia de inseguridad y violencia. Todos los delitos asociados con el conflicto armado están disparados, a pesar, de los ingentes esfuerzos del Gobierno Nacional en materia de consolidación de la Paz Total. Este sombrío panorama es absolutamente riesgoso, porque necesariamente colocará a las Fuerzas Militares y a la Policía en una posición más confrontativa que puede afectar la dinámica de las mesas de negociación. Negociar en medio de las balas es un escenario intolerable para la sociedad civil. Nadie puede entender que en la mesa exista un ambiente de paz y cordialidad entre las partes, pero que sean las comunidades las que siguen padeciendo el conflicto y poniendo los muertos.

La reciente posición de Gustavo Petro frente al Clan del Golfo, al notificarles tras el paro minero en el Nordeste antioqueño, la terminación del cese al fuego y su decisión de combatirlos podría repetirse con otros grupos. La espiral de violencia se ampliaría y se agudizaría. El rechazo anticipado de algunas estructuras armadas a la ley de sometimiento a la justicia, y su persistencia en la violencia en contra de las comunidades más vulnerables hará inviable cualquier intento de paz.

El Gobierno Nacional tiene una doble responsabilidad para encarar los procesos que implican la Paz Total. Por un lado, avanzar denodada y eficazmente en la implementación de los maltrechos pero vigentes acuerdos con las FARC. De lo contrario, la institucionalidad no generaría credibilidad ante los grupos armados que pretenden suscribir nuevos acuerdos en el fututo. Por otro lado, formalizar las mesas e imponerles dinámica para que cada avance impacte en el desescalamiento de la confrontación en los territorios.

Y sobre el título de esta columna. 33 masacres en lo que va corrido del año demuestran que la violencia sigue imperando en casi toda la geografía del país. Los homicidios en las grandes ciudades están desbordados, solamente en Bogotá se contabilizan más de 300 en lo que va corrido de 2023, buena parte de ellos, por la disputa que los mismos grupos que intentan dialogar con el Gobierno sostienen por el control territorial de ciertas zonas de la ciudad.

Entretanto, otros delitos asociados a la presencia en los territorios de las estructuras ilegales están en un aumento exponencial en Colombia. La extorsión, por ejemplo, como expresión del dominio que los grupos armados ilegales tienen en el país, es una conducta normalizada y entendida como la consecuencia del control y autoridad que imponen actores armados en zonas urbanas y rurales.

Y en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que pareciera ser hoy la que más ha avanzado, predomina la intransigencia de ese grupo en aceptar un cese al fuego bilateral que propicie un dialogo por fuera de la confrontación y en medio de un alivio a las comunidades. Los ataques a militares y a la infraestructura petrolera generan que un sector cada vez más creciente de la nación descrea en ese proceso y presione acciones militares, que cada vez nos distancian de la tan anhelada Paz Total.

Hoy nadie se siente seguro en Colombia. La violencia nos acecha por doquier. La multiplicidad de grupos armados y expresiones de violencia imposibilitan la convivencia nacional. La guerra que atenta contra la vida de las personas y las comunidades, y que pone en riesgo nuestro futuro nacional, debería ser la primera y más grande prioridad del Gobierno del Cambio. No es posible ningún cambio, en medio de la confrontación en que se encuentra el país.

Señores de la guerra ¡paren ya!