Un nuevo estallido social

Las calles anuncian el brote de un nuevo estallido social. Cada vez más llenas, la reacción contra el bloqueo legislativo a las reformas que llevaron a Gustavo Petro y Francia Márquez a la conducción institucional de la república evidencia que la paciencia popular está llegando a su final, mientras el congreso persiste en desatender el pasado reciente de la nación, y los medios y gremios persisten en la torpeza de perpetuar la narrativa cómoda de una ciudadanía plácida y apaciguada.

En lo que va del año, se supera ya el centenar de plantones, mítines, bloqueos, manifestaciones, marchas y movilizaciones que, en diferentes regiones del país, e impulsados por distintas iniciativas y organizaciones, reflejan el malestar contra el accionar de actores desregulados, el enojo con sectores productivos pertinaces, la agitación de pueblos afrodescendientes e indígenas, y la intranquilidad de amplios sectores ciudadanos a quienes les perturba la sinrazón con la que las elites y sus emisarios en el congreso han decidido anular las oportunidades de cambio, simplemente desatendiendo el deber del legislativo de discutir, acordar y decidir el rumbo de las propuestas con las que se confeccionó uno de los planes de desarrollo más ambiciosos de nuestra historia.

Si bien el desespero también se extiende a la baja ejecución y al desaire de funcionarios que no han entendido la dimensión de contienda política que se expresa cuando es un gobierno alternativo el responsable de gestar los planes, programas y proyectos con los que el estado llega las regiones y territorios, el conjunto de lo que empieza a desenfrenarse se dirige, cada vez con mayor volumen, hacia quienes contienen las potencialidades de cambio y transformación social esperada, tras el denominado estallido social que hace cuatro años rompió con la inveterada pasividad del pueblo colombiano.

Lo que ocurrió en el país, cuatro años atrás y en medio de una violenta contención de la protesta social, puede considerarse una revuelta popular, en la medida en que gentes de todas las edades, especialmente jóvenes, salieron a las calles sublevados contra quienes han sostenido descomunales márgenes de injusticia, impunidad e inacción del estado colombiano; sumando acontecimientos y manifestaciones que van desde el Paro Nacional del 21N hasta el brote insurreccional del 2021.

Tal como se leyó en las pancartas, pasacalles, pendones y hojas coloreadas con escrituras de todo timbre, los actos insurreccionales escenificados durante el gobierno de Iván Duque llevaron a las calles a manifestantes contra la precariedad del ingreso, la desatención en salud, la inestabilidad laboral y la desprotección de la vida. En la calle permanecieron durante semanas y meses, motivados por la bravura de una Primera Línea enfrentada a la más radical violencia estatal de los últimos tiempos, perpetrada por sujetos como el nefasto Andrés Escobar y otros escuadrones paraestatales en camionetas blancas, policías encolerizados contra adolescentes, y fuerzas del ESMAD concentradas en violar y sacarle los ojos a quienes decidieron romper la inercia y la flojera inmovilizadora.

El aguante cambió su esencia. Tras esperar y moderarse en la expresión de sus demandas, frecuentemente acompañadas del grito de “sin violencia”, Luego de la frustración por el grosero irrespeto del Congreso a la decisión popular expresada en la Consulta anticorrupción, y ante la presentación de una reforma tributaria abusiva, sumada a una propuesta de reforma a la salud que perpetuaba los males del sistema; la gente decidió salir, expresar su indignación y descontento, establecer campamentos, y levantar puntos de resistencia, sosteniendo la agitación, a todo costo, a la espera de mutaciones sustanciales en el insostenible patrón de desigualdades e injusticias de Colombia.

Contra la virulencia de los organismos estatales, se impuso la fiesta, la algarabía de la muchachada, la activación solidaria en mingas y comitivas, y el entusiasmo multicolor resonando 24 horas al día durante semanas, especialmente en la bullanguera Cali, que decidió autoinvocarse como la Capital de la Resistencia.

Desde el 2019 quedó claro que los gobernantes del país no pueden seguir simulando reformas que supuestamente “protegen a los más vulnerables”, cuando solamente aseguran su mercantilización, favoreciendo el cuadre de caja de las corporaciones industriales, comerciales y financieras.

Quedó claro, igualmente, que el Congreso no puede seguir jugando al sostenimiento de piezas legislativas que afianzan los privilegios, prebendas, exenciones y exoneraciones de la gente pudiente, mientras eleva impuestos a la eufemística clase media, y desatiende la generación de bienestar para los menos favorecidos.

Al respecto, aunque no parece que quede tiempo suficiente para que el gobierno reorganice coaliciones y establezca nuevas alianzas con fuerzas que puedan significarle alguna mayoría, especialmente en el Senado, sí resulta evidente que será en la calle en la que masivamente buscará fuerza y apoyo al tránsito institucional de las medidas que pretenden transformar la incongruente regulación y trámite, negada a rajatabla por una mínima comisión en una célula del congreso.

Quedó claro, igualmente, que la gente espera transformaciones solidarias en el reparto de la riqueza, rompiendo la componenda parainstitucional que asegura el sostenimiento de la desproporción en uno de los países más desiguales del mundo, medidos en cualquier índice. Está por verse el resultado de la convocatoria a una masiva consulta popular que devuelva derechos laborales negados por el congreso. Está por verse, igualmente, si la gente vota de nuevo a políticos que se empecinan en legislar en contra de su representación, incluso en temas ligeros como el de la disminución del salario de congresistas.

Claro también quedó, que la gente no va a esperar a que la revolución ocurra por vías institucionales. Si sostener el aguante implica volver a asentarse en la calle, es muy seguro que así ocurrirá, a consecuencia de haber experimentado el grave deterioro de la institucionalidad que, contra viento y marea, sostiene la desproporción y pretende su perpetuación bajo el pretexto del “sí pero no así”, reclamando “construir sobre lo construido”, al tiempo que se bloquea de tajo el acento de las reformas reclamadas.

Al final, con marchas multitudinarias como la de marzo 18 y mayo 1, queda claro que se rompió definitivamente el pacto de quietud y silencio con el que se registraba una insufrible pasividad en la población colombiana. Quienes no lo entiendan y persistan en desoír el descontento popular, tendrán que atenerse a las secuelas de un nuevo y, a todas luces irrefrenable, estallido social.