06 de diciembre de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

Colombia es un país en el que un gobierno apenas si logra ser un instante entre dos procesos electorales: el que lo instala y el que empieza inmediatamente se entregan los resultados. A consecuencia, un periodo en el ejecutivo se ve torpedeado por un sinnúmero de distractores que imposibilitan concentrarse en acrecentar sus realizaciones.

La perturbación y el despiste tras la incapacidad para entender que gobernar no es simplemente hacerse al control del estado, impide dedicarse con seriedad a la formulación y ejecución de políticas que rompan con tradiciones de desmedro de derechos y acorten la brecha social injusta y desproporcionada que padecen las grandes mayorías constituidas por la población más pobre, vulnerable y sufriente.

Entre elección que viene y otra que se va, como en la canción decembrina, un gobierno se hace viejo incluso apenas encara el despliegue de su plan de desarrollo, sin que logre escaparse del acumulado de escándalos, conductas indebidas y desproporciones corruptas a su interior.

La inmadurez de las distintas fuerzas políticas, para colmo de males, dificultan la planeación de largo plazo y la concepción estructurada del desarrollo territorial, preocupados por ejecutorias de corto plazo que eleven la oportunidad de ganar las elecciones; minando los esfuerzos articuladores, con políticas que no pretenden eliminar el desorden y encausar al estado hacia la plena vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho.

De ahí que la cacareada fórmula de “construir sobre lo construido” falle. Edificadas sin coherencia ni trabazón razonable, muchas políticas y estrategias gubernamentales deben ser replanteadas desde sus cimientos, como evidencia la inmensa cantidad de “elefantes blancos”, obras inconclusas y contratos incumplidos o alterados, con los que suele verse comprometida la dignidad gubernamental; a lo que se suma el pulular de reformas constitucionales, leyes estatutarias y ordinarias, decretos y resoluciones que intentan sostener el edificio institucional, a punto del desbarranco.

Como se lo pregunta el profesor @GerardoMunck en su ilustrativa cuenta de Twitter [ahora X], gobernar implica la reforma de nuestros Estados, “para hacerlos más capaces, menos politizados y menos patrimoniales”, si es que la administración pública buscar satisfacer demandas y necesidades primordiales de la ciudadanía.

¿Será posible?, es el gran interrogante para este siglo díscolo que avanza sin que los estados aprendan a estar creativamente, respondiendo a problemas sensibles para garantizar el futuro de las naciones. Entre problemas estructurales, emergencias y urgencias, las respuestas de los gobiernos palidecen, ofuscadas también por un movimiento pendular que lleva a derechas e izquierdas a disputarse, más que el justo administrativo en la conducción de los asuntos públicos, la victoria en las elecciones.

De cara al 2026, Colombia escenifica uno de los dramas políticos más faccionalistas posibles. Entre una derecha marcadamente tradicionalista en sus respuestas a los problemas acumulados, y una izquierda por fin gobernante que, no obstante, la previsible oposición a sus reformas, desdibujó el camino para consolidar sus propuestas de gobierno y asegurarse un segundo periodo gubernamental que las consolidara, el futuro pinta bastante incierto.

Por fortuna, si las elecciones fueran hoy, la perplejidad de las élites y sus corporados, todavía resintiendo el mazazo de perder los anteriores comicios presidenciales, abre un precario portal por el que las fuerzas alternativas podrían sostener la dinámica reformista, concretando con bastante esfuerzo iniciativas prioritarias que contribuyan a perfilar el querer de sus electores.

Esa es la importancia que tiene el afán por gestar la confluencia de diferentes tendencias progresistas en pro de su unificación como partido unitario, Más allá de la pretensión aparatista y de conquista de un nuevo periodo presidencial, abriría la oportunidad para ampliar la fuerza legislativa alternativa y la presencia gubernamental en departamentos y municipios, afianzando sus bases sociales y territoriales.

Tal iniciativa progresista buscaría recomponer el orden regulatorio del Estado colombiano para robustecer su potencialidad actuacional y ejecutiva, con miras a realizar un modelo de administración pública social y garantista, fuertemente descuidado en dos siglos de construcción republicana, en los que ha primado el efectismo electorero tras el ascenso de cada gobierno que ha perjudicado y beneficiado al país.