Por: Bairon Yesid Castro Caicedo

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Es verdad lo que dice Oviedo: las y los bonaverenses estamos comiendo mierda, pero los grandes responsables de que eso suceda son quienes han ostentado el poder político nacional a través de los últimos años; esa clase política que hoy él representa junto a Paloma Valencia.

El candidato vicepresidencial del uribismo, y que posa de moderado, ha estado en el centro de la polémica; se atrevió a decir que “en Buenaventura la gente está comiendo mierda”, una expresión coloquial para decir que algo está mal, pero es inadmisible que dicha afirmación venga de alguien que hoy es fórmula presidencial de la candidata del establecimiento colombiano: Paloma Valencia, nieta de un expresidente y del fundador de la universidad de la élite del país (Universidad de los Andes). Personajes como la senadora del Centro Democrático creen que están destinados a gobernar el país y, aunque quieran parecer alejados de la clase política tradicional, para nadie es un secreto: se han unido con los Gaviria, Vargas Lleras, Marta Lucía Ramírez, Pastrana y otras figuras políticas de la derecha para volver a “gobernar” el país; nos quieren llevar al pasado.

Durante el gobierno de César Gaviria (hoy aliado del uribismo en la campaña presidencial) se dio la apertura económica, o como muchos la llaman, la entrada del neoliberalismo al país, que trajo consigo la privatización de la principal empresa pública de la ciudad: Puertos de Colombia. En Buenaventura, antes de la privatización del puerto, había dinamismo económico, capacidad de consumo y el desempleo no era una problemática que preocupara a los bonaverenses; mientras tanto, hoy duplicamos el porcentaje nacional. El país tiene un promedio del 9% de desempleo y Buenaventura ronda entre el 22% y el 24%, situación a la que nos han llevado dirigentes locales y nacionales, quienes, con su visión miope de la realidad, han negado la oportunidad de desarrollo más allá del ámbito portuario.

A Oviedo se le olvida que una de las causas por las cuales Buenaventura no cuenta con agua potable las veinticuatro horas es responsabilidad de Alberto Carrasquilla (ese personaje que Oviedo llama “crack” para demostrar toda su admiración y respeto por sus políticas económicas ortodoxas), quien fue ministro de Hacienda dos veces y quien coincidió con el candidato vicepresidencial como compañeros en el gobierno Duque. Carrasquilla fue el estructurador de los bonos de agua: una deuda que adquirieron 117 municipios del país para poder tener un sistema de acueducto y alcantarillado que les permitiera contar con agua potable, pero hasta la fecha muchos de esos municipios no cuentan con agua ni han terminado de pagar la deuda. En el caso de Buenaventura, la ciudad adquirió un préstamo por cuarenta y tres mil (43.000) millones de pesos a pagar en un plazo de veinte años, el cual recién culminaría en 2028. Lo irónico es que, de los recursos que llegan del Sistema General de Participaciones para saneamiento básico, el 80 % se compromete para el pago de dichos bonos. Es decir, quedamos endeudados y sin agua potable saliendo del grifo.

Para refrescar la memoria, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Buenaventura presentó los mayores índices de violencia, con un promedio de 250 homicidios por año, causando una de las épocas más duras de violencia en nuestro territorio. Mientras las cifras de la mal llamada seguridad democrática parecían dar “resultados” en la ciudad más importante del Pacífico, los habitantes enfrentaban confinamientos, desplazamientos y masacres.

Pero eso no es todo. En la entidad que el señor Oviedo dirigió entre los años 2018 y 2022, el Departamento Nacional de Estadística, durante el censo poblacional de 2018 se omitieron cerca de un millón trescientos mil afrocolombianos, lo que se reconoció como un etnocidio estadístico. Buenaventura (uno de los territorios afectados) pasó de tener trescientos veinticinco mil habitantes (325.000) en 2005 a trescientos ocho mil (308.000) en 2018, es decir, una disminución del 16%, algo atípico que rompe con la tendencia de crecimiento nacional. Eso no es casual, es una estrategia coordinada, porque los municipios reciben dineros de la Nación según criterios como la cantidad de habitantes y el índice de necesidades básicas insatisfechas, lo que significa menor presupuesto para Buenaventura y su gente. Mientras la ciudad le aporta al país 14 billones en tributos portuarios y tan solo recibe alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos, ¿Es justa esa distribución fiscal?

Si de verdad les interesa Buenaventura, deje de usar palabras cliché para conectar con el electorado. Lo que la ciudad realmente necesita es voluntad: que reconozcan la responsabilidad en los problemas que hoy tenemos y tomen acciones. Le propongo jugársela por el cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico, transformar el tributo de contraprestación portuaria, un recaudo que nos beneficia poco; la nación recibe el 80% de los recursos y la ciudad tan solo el 20%, algo inequitativo. Con esas acciones puede demostrar su amor por Buenaventura; de lo contrario, quedan las dudas.