13 de julio de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Si alguna promesa está cumpliendo con creces el moribundo gobierno de Duque es la de hacer trizas la construcción de paz derivada de los acuerdos con las FARC. El actual presidente ni con acciones, ni con palabras legitimó lo convenido con la insurgencia en la Habana. Durante este cuatrienio se desmontó la columna vertebral de la construcción de paz territorial que tenía como hoja de ruta los seis puntos del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto.

El actual presidente gobierna de manera abiertamente inconstitucional. Pues, su accionar en materia de resolución del cruento conflicto armado que azota a la nación se circunscribió en destrozar lo avanzado por años en reconciliación, dejación de armas de ilegales y pacificación de amplias zonas del país. Duque desconoció de cabo a rabo los mandatos del artículo 22 constitucional y de los propios acuerdos con las FARC que lo obligaban a hacer que la paz fuera una realidad para la nación.

El análisis es simple: ¿Cómo puede impulsar la paz un gobierno que se conquistó por un proyecto político que tiene en la guerra su centro de acción? No podíamos esperar menos los colombianos de lo que ha hecho Duque. Exacerbó la guerra contra los campesinos y la ruralidad al negarse implementar la política de desarrollo agrario integral y las soluciones al problema de las drogas ilícitas contempladas en los acuerdos con las FARC. También aniquiló la confianza de cualquier grupo armado para negociar con la institucionalidad, porque en sus cuatro años los asesinatos de desmovilizados se quintuplicaron, y con ello se fueron al traste las garantías para la participación política de los antiguos hombres en armas.

Los indicadores que miden el avance en la implementación de los acuerdos marcan en negativo. Lo anterior no tendría importancia, si de cada inacción estatal en materia de cumplimiento de lo acordado no se derivaran muertos, desplazamientos, confinamientos, secuestros y las peores expresiones de la barbarie que hoy padecen las poblaciones en los territorios más alejados. El conflicto armado en esta época de posacuerdo, caracterizado por la destrucción que el Gobierno Duque ha hecho de lo convenido, ha tomado tal intensidad que se hace cada vez más complejo el escenario del dialogo, pero aun más, el de la confrontación. Parecemos estar en una sin salida.

Y a lo anterior, hay que sumarle que el Gobierno Duque no sólo hizo trizas la paz, sino que se la robó. La corrupción hecha paisaje y cotidiana desde hace varios periodos presidenciales, desvalijó en este cuatrienio la maleta con los fondos para los proyectos de construcción de paz obtenidos del propio erario y de los aportes que la Comunidad Internacional de buena fe puso en la pacificación del país, pero que aquí, con mala fe dilapidaron los corruptos desde la institucionalidad. Fueron varios billones los de la paz que hoy no aparecen ni invertidos, ni en las arcas de las instituciones encargados de ejecutarlos.

Toda una empresa criminal constituida para saquearse los recursos de la paz. Está funcionando tan bien el entramado interinstitucional de corrupción, que hasta ahora ninguna investigación seria, ningún anuncio de irregularidades, y todos los entes de control y la Fiscalía permanecen impávidos ante lo que pudiera ser unos de los mayores hechos continuados de corrupción en la historia del país. Y en medio de todo, este Gobierno indigno y caricaturesco se atrevió a postular a Luis Alberto Rodríguez como candidato a contralor general, a sabiendas de que, siendo director de Planeación Nacional, esa entidad junto a congresistas y la propia Contraloría crearon la ruta para que los recursos terminaran impunemente en los bolsillos de los corruptos.

Con la paz como con la conectividad de los niños en los territorios más aislados y olvidados del país este gobierno prefirió privilegiar a los corruptos. En esos dos ámbitos, la institucionalidad será responsable, por un lado, de decenas de miles de niños sin educación y sin posibilidad de abandonar contextos de empobrecimiento y violencia. y por otro, del ascenso exponencial de la violencia en aquellos territorios que sintieron un respiro luego del proceso de paz.

Lo único positivo que tendría que resaltar, es que faltan 26 días para que termine el actual gobierno. Que no califico como el más malo, pero sí, como el más dañino y lesivo de la historia reciente.