17 de noviembre de 2024

 

 

Por: Diana Lorena Montaño Riasco

 

¿Sabes cuál es la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno natural en Colombia?  o ¿conoces a qué lugares y a que población puede afectar en mayor proporción? Seguramente, consideras que “los designios de la naturaleza” no pueden ser controlados ni evitados. Sin embargo, los avances en ciencia y tecnología de la humanidad son herramientas útiles para la prevención del riesgo causado por las inundaciones, sismos, deslizamientos y activación de volcanes.

Noviembre históricamente ha sido un mes de altas precipitaciones y desencadenamiento de lluvias torrenciales. Aun así, el 7 de noviembre, 30 mil familias chocoanas fueron afectadas por inundaciones presentadas en 27 de los 31 municipios del departamento del Choco. Mientras que, el 10 de noviembre, 39 mil familias fueron afectadas en la Guajira.  Estas situaciones no son producto del azar, lo cual fue demostrado por el análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia (2012), investigación apoyada por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR), en la cual se señaló que,

“El 12% del territorio nacional se encuentra localizado en áreas con una mayor susceptibilidad a inundarse. Estas áreas se concentran principalmente: (I) en el oriente del país, en las llanuras bajas de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas; (II) en los valles aluviales en las regiones Caribe y Pacífica, asociados con el río Magdalena, la depresión Momposina, los valles de los ríos Sinú y Alto San Jorge, y en las tierras bajas cercanas al río Atrato, en el Chocó, y los deltas de los ríos San Juan, Telembí, Patía y Mira; y (III) en los valles interandinos, principalmente de los ríos Cauca y Magdalena, lo mismo que en la Sabana de Bogotá”[i]

Así que, estas inundaciones fueron previstas en un estudio de hace 12 años, el cual analizó fenómenos naturales acecidos en el país durante el periodo de 1970 a 2010, concluyendo, que la presencia de llanuras bajas y valles aluviales y la alta precipitación de lluvias facilitan la generación de inundaciones en el país. De modo, que no hay “intervención divina ni mala suerte” en determinadas regiones del país donde se presentan constantemente desastres, pérdidas de vidas, daños materiales y emocionales a causa desbordamientos de ríos y lluvias torrenciales.

A pesar de ello, somos testigos de como anualmente estas zonas se inundan sin tregua. Las acciones de contingencia institucionales para responder a las emergencias se reducen a donaciones de ropas, alimentos y elementos de aseo sin alterar las condiciones estructurales que aumentan la susceptibilidad de que estos lugares sean devastados por la lluvia. ¿A qué condiciones me refiero?

El alto grado de erosión de la tierra, generado por el inadecuado uso y ocupación del suelo, facilita la ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones, sismos y deslizamientos.  ¿Y qué está degradando el suelo? La minería a cielo abierto, deforestación, destrucción de humedales y ganadería, disminuyendo la riqueza ecosistémica de los territorios afectados, y “un suelo sin vegetación está expuesto a ser arrastrado por el agua”[ii]

A este respecto, es importante señalar que estos desastres, se ven concentrados en entidades territoriales de menor tamaño, que cuentan con 10 mil y 50 mil habitantes[iii] además, son entidades territoriales donde más del 50% de la población no cuenta con sus Necesidades Básicas Satisfechas, lo que amplia la brecha de desigualdad.

Estas entidades territoriales pequeñas cuentan con una limitada capacidad de respuesta coyuntural frente a los desastres, debido a precarios recursos técnicos, humanos y financieros. Además, de que no cuentan con mayor agencia frente a las decisiones para contrarrestar los efectos de la minería, deforestación y ganadería en sus zonas. Las acciones para contrapesar estos efectos han sido tomadas en gran parte por organizaciones civiles como CODECHOCÓ, la cual entre el 2020 y 2021, promovió acciones para neutralizar la extracción ilegal de minerales, como la restitución de áreas degradadas, formaciones sobre restauración ecológica y la siembra de árboles.

Los ejercicios de protección del territorio por parte de las organizaciones de sociedad civil son necesarios, pero el impacto de los daños causados por la erosión de los suelos no alcanza a ser compensado por los proyectos de reforestación, contra minería o ganadería alternativa. Se requieren estrategias a largo plazo establecidas como políticas de defensa de la naturaleza y la vida, bien sea civiles o institucionales.

Por ello, la política de Bosques del gobierno de Gustavo Petro consignada en el Plan Nacional de Desarrollo estableció una meta para reducir la deforestación, logrando que el año 2022 se redujera en un 29%. Esta estrategia estructural aporta a la mitigación de degradación de los suelos, convirtiéndose en un precedente nacional.

No obstante, aunado a esta estrategia, se requiere fortalecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de variaciones climáticas; incidencia en la formación  sobre los fenómenos naturales en las áreas mas propensas del país;     articulación entre entidades para planificación  y armonización de planes de riesgo; y, generación de inversiones para aplicar medidas correctivas de prevención, tales como “construcción de obras de mitigación, mejoramiento integral de barrios y procesos de reasentamiento de zonas de alto riesgo no mitigable”[iv]

[i] Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Un aporte para la construcción de políticas públicas.  Apoyado por banco mundial Colombia y Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR). 2012 p. 67

[ii] Ibid. P. 64

[iii] Ibid. P. 61

[iv] Ibid. 65